Pacto por la energía o doctrina del shock

Viernes 28 de Enero de 2011

Por Ana Marco, ingeniera técnica industrial, miembro de la Fundación Renovables, Investigadora asociada de Ecodes. 

Se firme o no un pacto por la energía entre el PSOE y el PP, el Gobierno ya ha iniciado el camino para diseñar el nuevo sistema eléctrico, un sistema orientado a satisfacer los intereses de las multinacionales del sector cargando los costes sobre el contribuyente y el pequeño consumidor. Es la reflexión de Ana Marco, ingeniera técnica industrial y miembro de la Fundación Renovables.


Las empresas eléctricas tienen perfectamente asumido que el futuro será 100% renovable y conocen  las grandes posibilidades de negocio que se presentan con el desarrollo del coche eléctrico pero eso no les basta, lo quieren todo: por un lado exprimir al máximo las nucleares   ademas de rentabilizar sus descabelladas inversiones en centrales de gas, y por otro  evitar a toda costa que el pequeño consumidor, de donde extraen la mayor parte de los beneficios, pueda escapar de su control.

Por eso, aprovechando el estado de shock ciudadano que permite plantear todo tipo de reformas  impopulares sin que haya reacción alguna, han abierto un frente lobbista, que utiliza como punta de lanza al Ministerio de Industria, con cuatro objetivos simultaneos:

1. Eliminar el hasta ahora pujante sector fotovoltaico de propiedad distribuida
2. Acelerar el desarrollo de infraestructuras para la interconexión europea
3. Prolongar la vida de las nucleares y asegurar el cobro por centrales de gas
4. Asegurar un mercado de pequeños consumidores esclavizado a las eléctricas.

No hay duda de que el futuro será renovable. El problema para las eléctricas es que determinadas tecnologías se adaptan muy bien a la producción para autoconsumo lo que, de extenderse, les privaría de su mejor presa: el consumidor. Por eso es esencial para ellas mantener el modelo de grandes instalaciones de las que sean gestoras y propietarias, para suministrar energía a escala  europea. Hay proyectos en marcha para la produccion renovable de enormes dimensiones con tecnologías solares en el desierto del Sahara y eólicas en el Mar del Norte.

Por diversas circunstancias que no se han dado en el caso de otras renovables, la  fotovoltaica en España se ha desarrollado en gran parte en forma de huertos solares cuya característica esencial es que la propiedad está muy distribuida.  La propiedad, y no el coste de la prima, es la razón por la que se intenta frenar su crecimiento a toda costa. Por eso, tras ver que la bajada de la remuneración por Real Decreto no era suficiente, el último golpe -que ha levantado en armas a los inversores- ha sido establecer un sistema de cupos horarios que limita la producción y empeora la amortización. De esta manera se intenta obligar a los pequeños propietarios a vender para volver a concentrar la propiedad en las eléctricas.

El modelo de grandes instalaciones  necesita también grandes líneas de alta tensión para transportar la energía de los centros de producción a los de consumo; para suministrar a Europa es preciso  atravesar España de Norte a Sur aunque el flujo de consumos en la península sea mas bien de Oeste a Este hacia Madrid y Barcelona; esa es la razón por la que Red Eléctrica está gestionando a toda velocidad las líneas de interconexión con Europa, una por el Pirineo Central en la provincia de Huesca, y otra en el Pirineo Oriental que atravesará tierras catalanas por Gerona. En este último caso la oposición ciudadana ha conseguido que sea soterrada aunque suponga un mayor coste, si bien eso no perjudica los intereses de las eléctricas ya que las lineas las construirá la empresa pública Red Eléctrica.
 
La construcción de estas infraestructuras con dinero público no se justifica por necesidades del país (exportador neto de electricidad), tampoco la prisa en un momento de recesión y disminución del consumo. Solo tiene sentido para los planes expansivos de Enel-Endesa, EOn , Iberdrola y el resto de transnacionales eléctricas.

Quién paga los errores
Intentan además convencernos de que el consumidor debe pagar los errores de previsión de las eléctricas que les han llevado a construir mas centrales de gas que las que eran necesarias. Argumentan que tener exceso de potencia proporciona seguridad de suministro y que eso hay que pagarlo. No importa que el exceso esté muy por encima de lo razonable para la seguridad del suministro, eso no impedirá que el gobierno les de la razón y consigan su objetivo, pagaremos.

Prolongar la vida de las nucleares sirve únicamente a los intereses de las empresas propietarias ya que cobran a precio de última tecnología lo que producen a coste mínimo. Del problema de los residuos ya se encarga Enresa, (empresa pública al igual que Red Eléctrica), en definitiva el contribuyente. Beneficios privados y costes públicos. Es un puro regalo a las eléctricas como lo fueron los costes de transición a la competencia o el déficit de tarifa y como lo será el pago por reserva de potencia de las centrales de gas de ciclo combinado. Aunque hay que reconocer que insistir sobre el tema nuclear resulta además muy útil para mantener ocupados a los colectivos ecologistas, enredar a los sindicatos y distraer a la ciudadanía y que los arboles no le dejen ver el bosque.

Por último a los pequeños y no tan pequeños consumidores -los grandes  tienen otro tratamiento- se les acosa con normativas. Así se explica la continua subida de tarifas intentando, sin éxito hasta el momento ya que el pueblo es sabio y se resiste,  que los usuarios domésticos pasen al mercado liberalizado para que -una vez  perdida la referencia de precios que proporciona la tarifa- no puedan saber si se les cobra mucho o poco. De esta forma el oligopolio eléctrico podrá  esquilmarlos sin traba alguna con un modelo similar al de la telefonía móvil, que provoca la indefensión absoluta del usuario. Por supuesto esto no impide seguir reclamando el déficit de tarifa titulizado con la garantía del gobierno, que habrá que pagar aparte.

A la vez que se deja a las eléctricas el control de los precios de la electricidad, la normativa  complica hasta la desesperación los tramites administrativos para producir energía a pequeña escala e impide a los usuarios escapar de la tiranía de las compañías.  Sería fácil permitir que los ciudadanos produzcan energía para autoconsumo y vendan el excedente a la red utilizando un contador de “medición neta” que mide la energía que se produce y la que se demanda y se hace la factura por la diferencia. Es una solución eficaz que se utiliza en todo el mundo por la sencillez de su aplicación y nulo coste. Sin embargo la potente campaña del lobby ha conseguido que en España ni siquiera se hable de ello.

El actual modelo eléctrico no sirve para afrontar los desafíos del futuro inmediato. Si ponemos la racionalidad técnica y económica por encima de los beneficios de las multinacionales eléctricas hay que potenciar el autoconsumo y la generación distribuida, sabiendo que la mejor manera de conseguirlo es disponer de una  red pública, no subordinada a intereses opuestos a los de  los ciudadanos y el país.

 

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