SINC // Adeline Marcos
El Día Marítimo Mundial se centró este año en los efectos del cambio climático y en concreto en una mala noticia para el atún rojo (Thunnus thynnus), una de las especies más frágiles del Atlántico y del Mediterráneo.
Por ahora, el atún no será clasificado como especie en peligro de extinción ni será incluido en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Los países de la Unión Europea (UE), entre ellos España, no han prohibido su comercio internacional, por lo que las capturas y comercialización de la especie no se detendrán.
Todas las organizaciones ecologistas han manifestado su malestar ante esta decisión. Según Greenpeace, las poblaciones de atún rojo del Mediterráneo están en peligro de agotarse. Representantes de su comité científico aseguraron después de conocer la noticia europea que “las capturas actuales están en 44.000 toneladas, un 37% más de la máxima legal de 32.000 toneladas adoptada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA)”. Los ecologistas también piden medidas urgentes para hacer cumplir, por lo menos, las normas existentes.
“No se está haciendo mucho para prohibir la captura del atún rojo porque los intereses económicos no lo permiten. Si seguimos por este camino es posible que la especie se extinga y desde luego dejará de ser un recurso importante”, explica en declaraciones a SINC Alberto Brito, catedrático de Biología Marina de la Universidad de la Laguna.
Pero si se observa la situación general de las especies marinas que habitan en aguas españolas, el panorama no mejora, sobre todo si la mayoría son aún desconocidas. “A este ritmo necesitaremos más de 1.000 años para hacer un inventario completo del océano”, recordó en un seminario medioambiental reciente el investigador del IMEDEA-CSIC Carlos Duarte.
Con el proyecto internacional Census of Marine Life Project, se descubren unas 2.000 especies marinas al año, pero “todas las especies litorales y de fondo están sobreexplotadas”, declara Brito.
El Mediterráneo, el más castigado
Con sus 8.000 kilómetros de costas, España comprende una vasta extensión litoral y una gran variedad de ambientes marinos que constituyen las tres grandes regiones biogeográficas: la atlántica, la mediterránea y la macaronésica.
Su estratégica situación ofrece una gran diversidad de ecosistemas entre mar abierto, litorales, sistemas dunares, humedales costeros, deltas, etc., y encierra una riqueza biológica muchas veces perdida por, entre otras amenazas, la pesca ilegal.
Sin duda, “la zona más afectada por la superpoblación y por todo lo que conlleva un mar cerrado es el Mediterráneo, es la zona más castigada en todos los sentidos por el retroceso importante de comunidades esenciales como la pradera de Posidonia o el coral rojo”, afirma el biólogo.
En aguas españolas todavía se realizan prácticas que dañan los ecosistemas, como la pesca ilegal de arrastre a profundidades inferiores a 50 metros, que constituye una de las principales causas de regresión de las praderas de Posidonia en España, sobre todo en las praderas más profundas. En zonas como Murcia (entre Mazarrón y Águilas), Comunidad Valenciana (provincia de Alicante) y Cataluña (sur de Tarragona, Mataró y Palamós), y partes del Mar Cantábrico, este problema está muy presente.
En los últimos 20 años, la acuicultura ha aumentado un 7% anual, “lo ha hecho muy rápido”, constata Duarte, y representa el 40% de la producción mundial de pescados. Por eso esta práctica se convierte en un problema constante en el mar.
El sector de la acuicultura supone “una presión añadida” pues demanda costas con una gran calidad de agua donde instalar las granjas. A los ecologistas de Greenpeace les preocupa, sobre todo, “la instalación de granjas de pescado cerca de hábitats importantes y vulnerables como las praderas submarinas”.
A esto se añade la contaminación, ya que el Mediterráneo es una de las rutas más importantes de transporte marítimo. Por él pasan cada año cerca de 220.000 buques de más de 100 toneladas, es decir, un tercio del total del transporte marítimo comercial en todo el mundo. La tragedia llega cuando muchos de estos barcos, que transportan mercancías peligrosas, vierten su contenido al ecosistema marino.
El mar Mediterráneo constituye el 0,7% de la superficie acuática y recibe el 17% de la contaminación por vertido global de hidrocarburos. Los expertos calculan que entre 100.000 y 150.000 toneladas de crudo se vierten cada año al mar de forma deliberada, debido a las actividades de los barcos.
También preocupan los vertidos de aguas residuales que van al mar, como en Canarias “donde aunque parte de las aguas están depuradas, siguen llevando una carga de contaminantes”, apunta Brito. Además, el cambio climático es una fuerza de cambio en el mar, pero “no es la fuerza principal, sino que hace sinergia con las fuerzas que actúan a nivel local (la sobrepesca y la contaminación) y se acelera y tiene más poder”, aclara el catedrático.
Una esperanza, las áreas marinas protegidas
Desde 1986, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) establece las reservas marinas que deben ser protegidas. Ese año la primera fue Masía Blanca, en el litoral mediterráneo, a 50 kilómetros de Tarragona. Desde entonces se han establecido más reservas en el Mediterráneo y el Atlántico españoles: Islas Columbretes (creada en 1990), Levante de Mallorca-Cala Rajada (desde 2007), Isla de Tabarca (desde 1986), Cabo de Palos-Islas Hormigas (desde 1995), Cabo de Gato-Níjar (desde 1995), Isla de Alborán (desde 1997), Isla Graciosa (desde 1995), La Palma (desde 2001), La Restinga-Mar de las Calmas (1996).
“Pero no tenemos suficientes espacios marinos protegidos, y habría que aprovechar la nueva Ley de Biodiversidad para crear áreas marinas protegidas, no sólo reservas marinas”, asevera Brito. Las zonas protegidas no llegan ni al 10% del litoral español y los fondos rocosos o arrecifes rocosos se quedan fuera de la protección.
Esas reservas protegen el medioambiente porque son sitios de biodiversidad singular y muy representativa. “Eso es lo importante, aunque pueda generar beneficios económicos pesqueros”, anota el investigador.