Ante el plácet otorgado por el Consejo de Seguridad Nuclear para la reapertura de la Central Nuclear de Garoña, es el Gobierno quien debe decidir ahora sobre la misma. Dar luz vez a la reapertura supondría ignorar las más elementales reglas de la prudencia y la gestión del riesgo, generando un grave precedente.
10 de febrero de 2017
El mundo ha sufrido ya varios shocks provocados por accidentes en las centrales nucleares: Three Miles Island en 1979, Chernobil en 1986 y Fukushima en 2011, han demostrado cómo este tipo de centrales albergan riesgos reales capaces de arruinar una población y un territorio entero durante décadas. Aún hoy se siguen detectando efectos sobre la salud de las personas en estos enclaves.
Además, la energía nuclear genera una serie de externalidades negativas en forma de residuos difícilmente gestionables y cuyos efectos a largo plazo aún no conocemos, que hay que imputar también a la larga lista de problemas que presenta esta tecnología.
Tal es así, que en países como Alemania, tras comprobar los efectos del desastre de Fukushima, pusieron en marcha en 2011 un calendario para cerrar sus centrales, llegando al "apagón nuclear" en 2022. En Italia, por su parte, decidieron en referéndum cerrar las centrales nucleares ya en 1987, al igual que en Austria, donde lo habían acordado ya en 1970.
A todos estos problemas hay que añadir que en el caso de Garoña, estamos hablando de una central en funcionamiento desde el año 1971, cuya tecnología ha quedado superada en las nuevas instalaciones y además es la misma tecnología que la central de Fukushima. En concreto, si se reabriera, Garoña sería la décima central nuclear más vieja del mundo según un informe de la World Nuclear Association, quien añade que los reactores con más de 40 años son los menos productivos y los que más incidentes han ocasionado.
Permitir la reapertura de la central hasta que cumpla los 60 años supone poner en peligro a buena parte de la población de, al menos, el valle del Ebro. Un informe del Instituto meteorológico de Austria del año 2012 daba datos escalofriantes: Un accidente en Garoña contaminaría irreversiblemente todo el Valle del Ebro, en el que viven 3,2 millones de personas, y especialmente las poblaciones de Vitoria, Bilbao, Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza.
Estimaba, además, dicho informe, que un accidente de las características del de Chernóbil o Fukushima (ambos del nivel 7) afectaría a más de 100.000 hectáreas de regadío y 85.000 kilómetros cuadrados, y no solo obligaría a desalojar a toda la población del entorno, sino que dañaría durante siglos unas tierras de gran valor agrícola y ganadero. Un accidente en la central de Garoña significaría la ruina para todo el sector agroalimentario del Valle del Ebro. En temas alimentarios, la imagen y la reputación desde el punto de vista de la salud es fundamental
Considerando todo lo anterior, en Ecodes pedimos al Gobierno de España que rechace la reapertura de la central nuclear de Garoña, e instamos a las administraciones públicas, las empresas y en las entidades sociales del Valle del Ebro a mostrar su rechazo a la reapertura de la central.
Para contactar con ECODES:
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Victor Viñuales: 636.99.30.56