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Viernes 15 de Noviembre de 2002

En 1998, el Instituto Aspen promovió la constitución de un grupo de trabajo con el fin de formular el futuro de la economía y sociedad americanas. Recientemente, el Instituto ha dado cuenta de los análisis realizados, a través de un documento que lleva un título sugerente : “Grow Faster Together, Or Grow Slowly Apart: How Will America Work in the 21 st Centuy?”. El documento está disponible en www. aspeninst.org y pretende mirar más allá de los efectos de la crisis de confianza derivada de las malas prácticas de gobierno corporativo o del pinchazo del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Naturalmente, la literalidad del documento se refiere a la economía americana, pero su gramática merecería una traducción para la economía española.

Al decir del Instituto, el problema más serio de la economía de Estados Unidos tiene que ver con tres déficits relacionados con el factor trabajo. En los dos próximos decenios, la población activa nacida en Estados Unidos apenas va a crecer; además, la población activa con mayores niveles de educación formal tampoco experimentará un crecimiento apreciable. Tales evidencias suponen una modificación profunda del modelo que ha regido la economía americana en los últimos veinte años, basado en gran medida en el crecimiento de la población activa nativa y de la productividad de las nuevas cohortes de trabajadores. El crecimiento futuro deberá, pues, estar basado en la inmigración, y en la cualificación de los mayores y de aquellos segmentos de la población activa que hasta ahora han permanecido al margen de los beneficios del progreso. Sin embargo, la satisfacción de esta necesidad se enfrenta a una realidad que parece evolucionar en el sentido opuesto: el ensanchamiento progresivo de la brecha que separa las rentas salariales más altas y bajas. Los tres déficits conducen al estancamiento económico.

A partir de tal diagnóstico, los autores del documento proponen lo que yo denominaría un nuevo pacto social. Primero, se debe esperar de los ciudadanos el mejor de sus esfuerzos y la mayor de sus responsabilidades, pero con la contrapartida de su bienestar personal. Segundo, los trabajadores deben invertir en la adquisición de habilidades y conocimientos, pero ello les hace titulares del derecho a participar en los beneficios del crecimiento y de la prosperidad general. Tercero, los trabajadores deben aceptar la movilidad en el empleo, pero ello les hace acreedores a disfrutar de una seguridad económica a largo plazo. Cuarto, el cumplimiento de las obligaciones anteriores no puede ser incompatible con la atención a la vida familiar y con la cohesión social. Lógicamente, el Instituto desarrolla los principios anteriores mediante el detalle de un conjunto de políticas públicas, que ahorraré al lector.

El asunto merece un epílogo español. Probablemente, diría que los equilibrios anteriores no funcionan en España y que, en consecuencia, no cabe esperar grandes crecimientos de la productividad mientras, en esa u otra formulación, no adquieran el grado de las certezas sociales.

Alberto Lafuente Félez (*) Miembro del Consejo Editorial de EXPANSION y La Actualidad Económica

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