Johanesburgo interesa a las empresas. Mejor dicho, a algunas. Mañana domingo, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible celebra su business day.

UN puñado de grandes empresas multinacionales, entre las que cabe citar a Volvo, ITT o Procter & Gamble, ha presentado un documento sobre el desarrollo sostenible, que pretende integrar el concepto de sostenibilidad en todas las esferas de la actividad empresarial.

La cumbre es una buena ocasión para iniciar o reforzar el diálogo con los gobiernos y, también, con las organizaciones sociales, cuando no es una oportunidad para influir sobre las conclusiones finales, que sin duda orientarán el marco en el se desarrollará la actividad empresarial en los próximos años. Sin embargo, la presencia de empresas españolas es nula, con la única excepción de Inditex. Tampoco ha acudido la CEOE.

Malas fechas

Uno de los asuntos más sobresalientes de la agenda de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible es la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas (RSC). Recordemos que el término se refiere a la adopción por parte de las empresas de políticas formales en los ámbitos social y medioambiental y la transparencia informativa sobre los resultados obtenidos. El documento provisional de conclusiones contempla tales extremos, pues recomienda la formalización de políticas RSC, la transparencia sobre los resultados alcanzados, sobre la base del estándar proporcionado por Global Reporting Initiative, y el reforzamiento de la regulación sobre los impactos sociales y medioambientales de las empresas.

En torno a este asunto se debaten en Johanesburgo dos enfoques, sólo aparentemente enfrentados. El primero es abanderado por el grupo de los países en vías de desarrollo, el G77, y apoyado por las principales ONGs e incluso por las empresas que se han mostrado más activas en el ámbito de la RSC. El enfoque en cuestión aboga por la adopción de marcos reguladores de la responsabilidad empresarial, que debería alcanzar a los directivos y gestores incluso en el ámbito penal. Se entiende que ello permitiría evitar, por ejemplo, desastres sociales y medioambientales, como el de Bophal.

Igualmente, y en línea con la nueva legislación francesa para empresas cotizadas, en vigor desde febrero de 2002, el enfoque predica que las empresas sean obligadas a ser transparentes en cuanto a sus resultados en materia de RSC. Las organizaciones sociales solicitan a la Unión Europea que lidere esta postura, de acuerdo con la resolución de mayo de 2002 del Parlamento Europeo. Conviene recordar que algunos países europeos se han mostrado muy activos respecto de la normalización y difusión de la RSC de las empresas.

El segundo enfoque, propiciado por la mayor parte de las organizaciones empresariales presentes en la cumbre, aboga por que la responsabilidad empresarial resulte de la adopción voluntaria por parte de las empresas de las mejores prácticas y del desarrollo de acuerdos, como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyos principios han sido firmados por varios cientos de empresas de todo el mundo, entre las cuales más de un centenar de empresas españolas. Este enfoque también aboga por la transparencia informativa RSC, pero sin que ello resulte de la adopción de normas de carácter legal. Hasta aquí nada nuevo. Normas versus compromisos voluntarios; desconfianza social respecto de las empresas versus desconfianza empresarial respecto de la intervención pública.

Suma de desconfianzas

Quizá la novedad mayor se refiere a que se empieza a prestar atención a los incentivos que se derivan de lo que se ha dado en llamar Inversión Socialmente Responsable (ISR). Como es sabido, este tipo de fondos de inversión configura la cartera de valores seleccionados sobre la base del comportamiento medioambiental y social de las empresas, además de sus resultados financieros.

Últimamente, por razones obvias, los gestores de tales fondos prestan una atención especial a la calidad del gobierno corporativo. De este modo, las empresas con mejores registros sociales y medioambientales acceden al segmento del ahorro que incorpora criterios RSC, lo que genera un impacto favorable sobre sus cotizaciones.

Corresponde a los gobiernos fomentar la ISR mediante la promulgación de determinadas normas; por ejemplo, como las adoptadas recientemente en el Reino Unido y en Alemania, según las cuales los gestores de fondos de pensiones están obligados a declarar en qué medida observan criterios RSC en la estructuración de sus carteras. Naturalmente, la cumbre
presta atención a esta novedad porque es ya una realidad; de hecho, muchos de los mayores inversores institucionales del mundo hacen uso de los criterios RSC; sencillamente, porque conviene a sus partícipes.

Que la potenciación de los derechos de propiedad de los ahorradores y del propio mercado de valores contribuya a que las empresas se ocupen del impacto medioambiental de su actividad puede parecer la última pirueta del capitalismo; sin duda, es una innovación social. No hay demasiadas en el horizonte. Por eso hay que estar pendientes de Johanesburgo.