El ministerio carga contra Madrid y Barcelona por superar los límites de contaminación - No tramitará moratorias ante Bruselas si no ve avances


Fuente: El País

El Ministerio de Medio Ambiente no ve que los Ayuntamientos de las grandes ciudades -con Madrid y Barcelona a la cabeza- estén haciendo lo suficiente para combatir la contaminación por el tráfico.

El Ministerio de Medio Ambiente no ve que los Ayuntamientos de las grandes ciudades -con Madrid y Barcelona a la cabeza- estén haciendo lo suficiente para combatir la contaminación por el tráfico. Ante el anuncio de que las dos principales urbes pedirán una moratoria para cumplir con los niveles que fija la UE, el Gobierno apunta que no tramitará dichas moratorias si no hay avances. La petición ante Bruselas, según el Ejecutivo, están prácticamente condenadas al fracaso sin medidas contra el tráfico. La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, pide que se planteen "medidas de choque como restringir la circulación o introducir peajes". Ribera recuerda que el tráfico, principal causante de la polución, es "responsabilidad de los Ayuntamientos".

La contaminación atmosférica es un grave problema de salud pública. Año tras año, las grandes ciudades superan los niveles admisibles de contaminantes. El año pasado fue el primero en el que el umbral fijados por la Comisión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2, un producto del tráfico con impacto para la salud) era una obligación legal. Y han empezado a caer los suspensos. Madrid y Barcelona han anunciado que pedirán una moratoria por exceder el límite. Valencia y Bilbao cumplen. Ni un año extremadamente húmedo -las lluvias limpian el aire- les ha permitido cumplir el límite de 40 microgramos por metro cúbico de NO2. Madrid registró 44 microgramos y Barcelona 10 puntos más de lo permitido. Hasta ahora los límites eran para partículas en suspensión, lo que permitía a algunos Consistorios culpar de la polución al polvo sahariano que periódicamente llega a la Península.

El alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en 2006 un plan para impedir el acceso al centro de los vehículos más sucios. La medida, dijo, entraría en vigor dos años después. "Tenemos que tomar medidas ya para cumplir en 2010 la normativa europea de calidad del aire", afirmó entonces Gallardón. Cinco años después no hay rastro del plan, el equipo de Gallardón ha movido las estaciones de medición en busca de lugares con menos tráfico. Según el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, eso da mediciones artificialmente bajas pero no reflejan la realidad. Ecologistas, sindicatos e investigadores piden recortes como ya aplican otras capitales europeas. El movimiento Equo propone prohibir la circulación en el centro a los todoterreno y los camiones. Barcelona, Sevilla o Vitoria sí tienen planes de alquiler de bicicletas y la Generalitat catalana limitó la velocidad en el cinturón de Barcelona para combatir la polución, algo que el nuevo Ejecutivo de Artur Mas planea modificar.

La Ley de Calidad del Aire, de 2007, obligaba al Gobierno a elaborar una Ley de Movilidad Sostenible que obligara a las grandes empresas a crear sistemas de transporte para sus trabajadores. El Ejecutivo ha enterrado la norma, así como la reforma del impuesto de circulación para que los consistorios puedan penalizar a los coches más contaminantes. La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, afirmó ayer en la cadena SER que buscaba "medidas en coordinación con los Ayuntamientos".

Medio Ambiente tiene motivos para poner en duda el éxito de una petición de moratoria. Europa ha denegado prácticamente todas las prórrogas que le ha pedido España para las partículas en suspensión (PM10). El cumplimiento de los límites de contaminación por estas partículas es obligatorio desde 2005. Como España no cumplía, en 2008 y 2009 pidió prórrogas a Bruselas para 13 zonas con exceso de partículas, que pertenecen a ocho comunidades.

La respuesta de la Comisión fue demoledora. Denegó todas las peticiones menos a una. España le había pedido una moratoria -en lenguaje comunitario, una "exención de la obligación de aplicar los valores límite"- tanto para la media anual máxima, 40 microgramos por metro cúbico, como para la media diaria, 50 microgramos que no se pueden superar más de 35 días al año. Solo Puertollano (Ciudad Real) consiguió el visto bueno de la UE, lo que le permite ganar tiempo hasta junio de 2011 para cumplir los valores límite diarios (en 2008, la media anual ya la había rebajado hasta lo permitido en 2008).

La lista de defectos que encontró Bruselas en las peticiones de España es larga. Los países tienen que justificar que han hecho todo lo posible para rebajar la contaminación y que, en caso de conseguir la moratoria, piensan poner en marcha medidas eficaces para conseguirlo. España suspendió al tratar de justificar lo primero, lo segundo, o ambas cosas.

Cataluña, por ejemplo, pidió moratorias para el área de Barcelona y la zona de "Vallès-Baix Llobregat". Sin embargo, no pudo probar sus esfuerzos anticontaminación. La Comisión le recuerda en un informe de noviembre de 2009 que, pese a que empezó a superar los límites en 2001, en los cuatro años siguientes no puso en práctica medidas para reducirlos y ni siquiera aprobó planes de calidad del aire.

En Zaragoza es al revés. No tenía obligación de aplicar medidas antes de 2005, pero después, pese a que los datos de 2006 y 2007 "distan mucho" de respetar los límites, "no ha adoptado ningún plan de calidad del aire", asegura la Comisión.

Varias zonas alegaron que las condiciones meteorológicas adversas les habían impedido rebajar los niveles de partículas, pero luego no pudieron probarlo. Barcelona aseguró que la baja velocidad del viento no dispersaba la contaminación, pero Bruselas no encontró "correlación" entre una cosa y otra.España no fue el único país solicitó prórrogas. También lo hicieron Chipre, Italia y Portugal. Bruselas decidió llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE. Un portavoz de la Comisión explica que podría tardar hasta dos años en dictar un fallo.

Las sentencias rara vez llegan a convertirse en multa, al menos en temas ambientales. La Comisión primero exige cumplir la sentencia (en este caso, reducir la contaminación). Si no lo hace, propone una sanción mediante un complejo sistema de baremación.