Los errores y los horrores del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración

Por Joaquín García Lucea.

El plan Aragonés de Saneamiento y depuración (PASD) se inició en el año 2001 contemplando la construcción de más de 300 depuradoras urbanas por todo el territorio aragonés en varias etapas y fases, para cumplir la Directiva Marco del Agua 91/271/CEE.

Esas depuradoras son una medida esencial para conseguir un buen estado de las masas de agua en la Comunidad Autónoma y nadie discute la necesidad de que los aragoneses colaboremos en su financiación a través de nuestros impuestos.  Sin embargo, tanto su planificación como su gestión han respondido a una voluntad política de los distintos gobiernos autonómicos para privatizar los servicios vinculados al ciclo integral del agua.

A tal fin, desde el año 2000 los sucesivos gobiernos de Aragón han fomentado en los municipios la cesión de sus competencias en saneamiento, optando por la centralización de las mismas en el Instituto Aragonés del Agua (IAA), que es un organismo autónomo sin los controles públicos adecuados.

A partir de ahí, el IAA planificó la construcción de más de 500 km. de colectores y de grandes depuradoras, basadas en unas previsiones de crecimiento de población totalmente irreales.  Es decir, se previeron sofisticadas infraestructuras necesitadas de grandes inversiones para hacerlas atractivas al sector privado.  El IAA distribuyó las obras por “zonas de depuración” y adjudicó su construcción y explotación durante 20 años a grandes empresas del sector, mediante contratos de concesión de obra pública.  Se trata, por tanto, de un claro proceso de privatización.

Todo este descomunal montaje de grandes infraestructuras se gestó desoyendo las recomendaciones de los de organismos estatales especializados, como el CEDEX o el CENTA, que abogan por tecnologías con poca necesidad de inversiones, con bajos consumos energéticos, y aplicables en cada población, lo que permitiría ahorrar también en la construcción de colectores.

Teniendo en cuenta que el 21,34% de los municipios de Aragón tienen menos de 100 habitantes y que el 71,68% tiene entre 100 y 2.000 habitantes, podemos concluir que alrededor del 90% de las depuradoras de Aragón se podrían haber construido a un coste infinitamente menor que el que ahora se nos obliga a soportar a todos los aragoneses.

A consecuencia de esas decisiones, muchas depuradoras actualmente en funcionamiento están mal dimensionadas.  Como prueba de ello basta indicar que, según datos del año 2012, el 40% de las mismas funcionaron a menos del 50% de su capacidad y un 26% funcionaron entre el 50% y el 75%, obligando al IAA a pagar hasta 6 euros por metro cúbico depurado a las empresas adjudicatarias, con el fin de mantener el equilibrio económico de la concesión.

Pero no terminan ahí los sinsentidos del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.  La Comunidad Autónoma suscribió un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2008, en base al cual Aragón ha recibido en el periodo 2008-2016 142 millones de euros para financiar, según los anexos de ese convenio, obras de depuración en la Comunidad Autónoma.  De esas obras, las correspondientes a depuradoras del Pirineo, con un presupuesto de 128 millones de euros, se podían haber beneficiado de financiación del Estado al 100%, al estar reconocidas de “interés general” por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Pues bien, el Consejero firmante de ese convenio, a la sazón D. Alfredo Boné, decidió, con la connivencia del Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Ebro, dedicar esos 142 millones a otras obras, relacionadas en mayor o menor medida con la gestión del agua, dejando constancia de que no se podían utilizar esos fondos para financiar las depuradoras pirenáicas “porque su modelo de gestión del PASD, a través de empresas privadas, era incompatible con la financiación del Estado”.  Es decir, conscientemente decidió que los aragoneses soportáramos a través del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) un enorme coste que podría haberse evitado.

Los efectos de esta acumulación de malas decisiones es que, en la actualidad, el coste medio de depuración en Aragón es de 1,5€ por metro cúbico.  Casi el doble del coste en la Comunidad Valenciana y tres veces más que en Castilla y León o La Rioja.

Por eso, desde la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) venimos exigiendo una auditoría del PASD desde su inicio, el replanteamiento de todas las depuradoras pendientes de construir, el cambio de modelo de gestión, la recuperación por parte de los municipios de sus competencias en saneamiento y depuración y otra serie de medidas que permitan reducir las tarifas del ICA, lo hagan más justo y nos permitan conseguir los objetivos de depuración a que la normativa europea nos obliga con una presión fiscal similar a otras comunidades autónomas limítrofes.

 

 
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