Protocolo de Kyoto

La UNFCCC estableció el Protocolo de Kyoto acordado por 184 gobiernos en la ciudad japonesa del mismo nombre en diciembre de 1997. Entró en vigor en 2005, con el compromiso de que 37 países industrializados redujeran sus emisiones una media del 5% respecto a los niveles de 1990, en el período de 2008 a 2012.

El Protocolo constituyó un primer paso histórico para controlar los gases de efecto invernadero, ofreciendo un marco básico de acción de lucha contra el cambio climático. Obligó a muchos países industrializados a poner en marcha las instituciones y políticas necesarias para conseguir la reducción de emisiones y, de hecho, algunos países y regiones ya han empezado a hacerlo. Sin embargo, su impacto en la tendencia ascendente de las emisiones ha sido muy reducido y algunos de los mecanismos en los que se basa son cuestionables.
 
El MDL ha registrado hasta la fecha más de mil proyectos y están pendientes de aprobación otros 4.000. Estos podrían posiblemente llevar a una reducción de emisiones mayor que el conjunto de las emisiones actuales de Australia, Alemania y Reino Unido. Los proyectos abarcan desde turbinas eólicas en la India, captura y uso del metano de vertedero en Brasil, hasta plantas geotérmicas en América Central.
 
Sin embargo, existe la preocupación de que mientras algunos países (como China, India, Brasil y México, en particular) han captado la mayoría de los proyectos bajo este mecanismo, las naciones menos desarrolladas —en especial en África— no han recibido ninguna inversión. Se piensa asimismo que muy pocos proyectos llevan a reducciones reales de las emisiones. Por lo tanto, es necesaria una reforma del MDL para asegurar que se produce realmente una reducción de las emisiones.
 
Los países con objetivos de reducción de Kioto pueden redistribuir sus derechos de emisión entre ellos (tal y como han hecho los países de la Unión Europea) o comerciar con los mismos. Esta compraventa de derechos tiene como objetivo conseguir que la política de protección del clima sea más eficiente: se trata de conseguir la máxima reducción allí donde es más barato llevarla a cabo.
 
Los países en desarrollo tienen sus propios compromisos en el Protocolo de Kioto, pero NO objetivos de reducción obligatorios. Participando en los proyectos del MDL pueden, por ejemplo, recibir fondos por la reducción de la intensidad de las emisiones. Los países industrializados están obligados a apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo a través de ayuda financiera y transferencia de tecnología.
 
Además de asegurar la reducción de emisiones, las recientes negociaciones también han creado un fondo de adaptación con el objetivo de ayudar a los países más vulnerables a afrontar los cambios climáticos. Este fondo se financia mediante una tasa del 2% de las transacciones del MDL. Sin embargo, hasta la fecha NO se ha financiado ningún proyecto bajo este mecanismo.
 
Las sanciones definidas en el Protocolo han tenido un ESCASO EFECTO. Canadá ha registrado unas emisiones de más de un 25% superiores a los niveles de 1990, cuando su objetivo es una reducción del 6%, y Estados Unidos se retiró del Protocolo en 2001.
 
El Protocolo de Kioto no es perfecto, pero aún así es importante. En este momento, teniendo en cuenta que los actuales objetivos de reducción EXPIRAN a finales de 2012, la COP15 tiene la urgencia de establecer los próximos pasos a seguir, basándose en el marco básico ya establecido y creando un resultado más ambicioso y amplio que aborde los imperativos científicos del cambio climático.
 
 
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