En las últimas horas hemos ido conociendo por los medios de comunicación las líneas básicas de lo que puede ser la futura Ley de Cambio Climático. Ante las primeras informaciones, desde Ecodes queremos felicitar al Gobierno por tomar el camino de la sostenibilidad, pero le reclamamos más ambición y mayor velocidad para asumir los desafíos que supone el cambio climático.

En concreto, como un avance de las tomas de posición monográficas que iremos adoptando en las próximas semanas, comentamos a continuación  algunos puntos clave sobre los que la Ley debería tener mayor ambición: 

1.- Movilidad

En el campo de la movilidad la ley camina en la buena dirección al poner un veto a la matriculación y venta de turismos y vehículos ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono en 2040, pero 2040 es demasiado tarde. En 2050 tenemos que haber alcanzado las“cero emisiones” y el parque móvil se renueva en un plazo medio de 10-12 años, es decir, que es necesario plantear plazos más cortos y ayudar a la industria a acelerar esa transición. La salud pública en las ciudades lo exige y el acelerado desarrollo tecnológico lo permite. 

Dinamarca, Irlanda y Holanda se han planteado estos objetivos para 2030, y Noruega para 2025. Incluso, a nivel nacional, en el anteproyecto de ley de cambio climático de Baleares, ya se han recogido plazos más ambiciosos.

 2.- Edificación

En materia de edificación y rehabilitación, creemos que se le presta escasa atención a un sector muy importante  en relación con el cambio climático. El sector de la vivienda supone más de un 30% del consumo de energía, por lo que creemos que debería tener mayor protagonismo en las medidas a tomar.

Comprobamos también poca ambición en los objetivos y en la velocidad que plantea: Al ritmo de 100.000 viviendas al año - que es el triple de lo que ahora se hace-, tardaríamos 25 años si queremos rehabilitar el 25% de las13,8 millones de viviendas construidas antes de 1979(sin normativa alguna de aislamiento) y 69  años ,si queremos rehabilitar el 50%.

En este sentido, debería utilizarse el Fondo Nacional de Eficiencia Energética para constituir un fondo de garantía que avalara el crédito a las comunidades de propietarios como está pidiendo insistentemente el conjunto del sector, y otro fondo para financiar ayuntamientos que quieran promover áreas de rehabilitación a media y gran escala por el Sistema de Cooperación (como el modelo de Santa Coloma de Gramenet), que luego retornan en plazos de 15 años de nuevo a los Ayuntamientos para seguir haciendo lo mismo.

Esta Ley debería servir para que se coordinaran todos los entes públicos estatales y se alinearan en la misma dirección y objetivos.

 3.- Energía

En materia de política energética, y desde una óptica general, el texto está mayoritariamente enfocado en la gestión de oferta de la energía - cómo fabricarla, transportarla, etc-, pero desarrolla poco la gestión de la demanda que según la Agencia Internacional de la Energía es el factor necesario de actuación para conseguir aproximadamente el 50% del objetivo de un incremento máximo de  1,5ºC. Por los datos que conocemos, el borrador fija un objetivo de mejora de eficiencia energética del 35% para 2030,  pero solo fija objetivos concretos en viviendas, sin hacer mención alguna a la mejora de eficiencia en la industria, la agroalimentación, el transporte de mercancías o el turismo, entre otros sectores.

Por otro lado, y por lo que conocemos hasta ahora, no existe un desarrollo de los principios de economía circular, cuya aplicación efectiva en algunos sectores supondría reducciones de gases de efecto invernadero mayores del 70%, según un estudio reciente de NNUU.
 

4.- El papel de las finanzas

Las entidades financieras tienen que asumir un papel  más activo en la financiación de las iniciativas de transición, en línea con las nuevas directivas y regulaciones de la Unión Europea.

En este sentido, debe asegurarse  la transparencia en cuanto a las emisiones de las carteras de préstamos de los bancos, y también  la incorporación de los costes del riesgo climático dentro de las políticas de las entidades financieras. Por otro lado medidas como exenciones fiscales para inversiones verdes - como ya existen en otros países de nuestro entorno -, serían una palanca de cambio muy relevante.

Además es muy importante promover un papel más activo de los gestores de activos e inversores institucionales, en línea con la regulación europea que promueve el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas y, muy especialmente, es necesario promover que los planes de pensiones ejerzan sus derechos políticos, de modo que aceleraren el camino de las empresas hacia una economía baja en carbono y circular.

 5.- Una fiscalidad verde

Para alcanzar los objetivos climáticos, una reforma fiscal ambiental es clave. Esta reforma debe aplicarla idea “quien contamina paga” y establecer un precio para las emisiones de CO2 y de otros contaminantes -como los relacionados con la calidad del aire-, y debe hacerlo en todos los sectores de la economía.

Esta reforma fiscal debe ayudar a internalizar todos los costes de estas emisiones y dar la señal de precio al consumo y a la inversión, generando además nuevas fuentes de financiación.

Esta medida además ayudaría a establecer un marco que asegure la consistencia para alinear las distintas políticas e instrumentos y para asegurar un esfuerzo equilibrado entre sectores, así como para evitar distorsiones que de otro modo se producen a medida que las nuevas áreas de competencia entre energías, que la tecnología permite (ej transporte convencional vs eléctrico), no internalicen de forma homogénea el coste de sus emisiones.

Ya tenemos ejemplos en países de nuestro entorno que han dado los pasos para avanzar en la reforma fiscal. Algunos de ellos recientes como el de Portugal, que ha llevado la tasa de carbono a los sectores difusos y la vincula a la evolución del precio del mercado de derechos de emisión europeo y el de Francia, que ha establecido también una senda de precios al CO2 en sectores difusos que es incluso superior al precio del mercado de derechos de emisión europeo.

En España  necesitamos  con urgencia una tasa al carbono que, entre otros efectos benéficos, permita financiar la transición a una economía baja en carbono. De otro modo, haremos un listado de políticas deseables, pero no tendremos los recursos financieros  para implementarlas.

Estamos ante una gran oportunidad para que nuestro país acelere la muy necesaria y urgente transición hacia una economía baja en carbono. Debemos aprovecharla. Por eso hacemos explícitamente varios llamamientos:

• A los partidos políticos para que construyan, con sentido de Estado y sentido Planetario, una normativa ambiciosa. El 87% de la población española está preocupada por las consecuencias del cambio climático. Deben, por favor, responder a esa enorme sensibilización.

• Al cada vez más amplio número de empresas que están poniendo en el mercado bienes y servicios verdes le pedimos  que transmita a la sociedad que esta ley también encierra una gran oportunidad de generar nuevos empleos y nueva economía. La economía que está en conflicto con la naturaleza no tiene futuro. Por razones de empleo…tenemos que cambiar. Y en ese cambio las empresas más verdes son muy relevantes.

• A la sociedad. El cambio climático lo está cambiando todo. Asegurar un futuro digno, pasa por frenar las emisiones y lograr que no suba la temperatura más de 1,5 grados. Nos jugamos mucho. Las entidades sociales crean nueva cultura en la sociedad. Una economía baja en carbono necesita nuevos valores, nueva cultura. En su desarrollo, las entidades sociales son imprescindibles.

• A los medios de comunicación  para que asuman su cuota parte de responsabilidad. Tenemos que cambiar en muy poco tiempo leyes, tecnologías y valores. Para eso los medios son imprescindibles.