A finales de 2021 se publicó la actualización de los indicadores de pobreza energética para el año 2020. Como era previsible, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto sobre las condiciones de vida de los hogares, en particular aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad o próximos a ella. Tres de los cuatro indicadores que miden la pobreza energética en el estado español han aumentado, dos de ellos de forma muy considerable:

¹ 2M: Porcentaje de hogares cuyo gasto energético sobre los ingresos es superior al doble de la mediana nacional.

² HEP: porcentaje de hogares cuyo gasto energético por unidad de consumo es inferior a la mitad de la mediana nacional.

³ Porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.

⁴ Porcentaje de la población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.

Los datos son especialmente preocupantes cuando nos fijamos en los grupos sociales con menos recursos económicos, alcanzándose valores cercanos al 50%. A su vez, dentro del quintil con menos recursos, el aumento de la población con temperaturas inadecuada en la vivienda en invierno y con retrasos en pago de facturas de suministros de la vivienda ha sido sorprendente, sobre todo al compararla con su progresión hasta ahora. También se percibe un aumento sustancial de estos dos incidicadores en partes de la población que hasta ahora estaban lejos de encontrarse en situación de vulnerabilidad, en el grupo medio del rango económico.

Pese a todo, este aumento de los indicadores de la pobreza energética se ha dado durante 2020, es decir, antes de la escalada de precios de la electricidad que sufrimos a lo largo del año pasado, que ha llevado al Gobierno español a tramitar una serie de medidas urgentes, como el aumento de la cobertura del bono social eléctrico, de un 25% para consumidores vulnerables y un 40% para consumidores vulnerables severos, a un 60% y 70% respectivamente. Cabe la posibilidad de que la continuidad de la crisis producida por el COVID-19, junto a este aumento de los costes energéticos hayan producido unas cifras todavía peores durane el pasado 2021.

Es necesario poner en marcha muchas otras medidas para no solo parchear la situación actual, sino introducir mejoras estructurales que eliminen las múltiples causas que dan lugar a la pobreza energética. Muchas de las medidas contempladas en la Estrategia nacional contra la pobreza energética aún no han sido iniciadas, o no se encuentran tan desarrolladas como deberían, por lo que hacer efectivo todo lo contemplado en la Estrategia debería ser una prioridad. Mejoras como la automatización del bono social eléctrico, la elaboración de protocolos para detectar situaciones de pobreza energética por los profesionales de atención primaria, o el fomento de la rehabilitación de las viviendas de población en situación de vulnerabilidad son clave para solventar la situación actual, ser más conscientes de su calado y resolver la problemática de la pobreza energética definitivamente. Actualmente más de la mitad de la población que cumple las condiciones para recibir el bono social eléctrico no lo está recibiendo, por poner un ejemplo de todo en lo que podríamos mejorar.

Además de las medidas contempladas en la Estrategia nacional contra la pobreza energética, la escalada de los precios eléctricos han demostrado que hay muchos aspectos del sistema eléctrico que podrían ser mejorados a escala nacional y europea. Tenemos que reformar el mercado y las tarifas eléctricas pensando en aquellas personas con más dificultades a la hora de pagar sus facturas eléctricas y fomentando la producción de energía a través de fuentes renovables y el autoconsumo. Si la descarbonización de nuestros hogares pasa por depender de la electricidad como único combustible, no podemos jugar con la confianza de la población como se ha hecho durante estos últimos meses.

Por otro lado, si queremos reducir nuestra demanda energética, para poder cubrirla por completo con fuentes de energía renovables, se debe fomentar la rehabilitación de todo el parque residencial obsoleto, empezando por el menos eficiente, que muchas veces alberga a familias en situación de pobreza energética. Los programas de ayuda a la rehabilitación deben diseñarse con esto en mente, ofreciendo más apoyo económico y técnico a quien tiene más dificultades para rehabilitar su vivienda. De lo contrario, esta transición energética dejará atrás a aquellos en situaciones de vulnerabilidad o excusión, aumentando el tamaño de la brecha ya existeente.

Descubrimos ahora algo que ya sospechábamos: 2020 fue muy mal año también desde el punto de vista de la pobreza energética, y es probable que 2021 haya sido similar en este sentido. Sin embargo, aún estamos a tiempo de revertir esta tendencia de aumento de la pobreza energética y alcanzar los objetivos más ambiciosos de la Estrategia nacional contra la pobreza energética.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número siete (ODS 7) plantea como uno de sus objetivos que para 2030 se garantice un acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. No solo esto es algo difícilmente alcanzable a escala global, sino que parece que, si no se ejecutan a lo largo de este año estas medidas y transformaciones de forma ambiciosa, va a ser difícilmente alcanzable a escala nacional.