Distintas entidades ambientales y sociales pedimos medidas urgentes para prevenir el impacto de la crisis energética

El actual contexto de precios elevados de la energía ha tenido un impacto importantísimo para millares de familias en todo el Estado español. No aún recuperadas de la pandemia y la pérdida de ingresos para muchas de ellas, ahora ven con preocupación cómo sus facturas mensuales de electricidad se han multiplicado de forma exponencial.

Desde su creación en 2009, el bono social eléctrico ha representado una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza energética en España, a pesar de sus graves carencias. Ideado en un primer momento como un descuento del 25% sobre los conceptos de potencia y consumo eléctrico, en octubre de 2017 sufrió una importante reforma que modificó su acceso, a la vez que ampliaba el descuento para los consumidores en mayor situación de vulnerabilidad al 40% e incorporaba la figura de situación de exclusión social con un descuento del 50%, apoyado obligatoriamente en los servicios sociales competentes.

La realidad es que el mecanismo no ha dejado de perder beneficiarios desde su aparición (con la excepción de 2019), tal y como reflejan los datos publicados por la CNMC. Los datos demuestran que se está muy lejos del espíritu de la norma que calculaba su aplicación para cerca de dos millones de hogares en el Real Decreto 897/2017:

Año

Beneficiarias de bono social

2010

2.877.276

2011

2.658.520

2012

2.544.170

2013

2.498.850

2014

2.468.469

2015

2.437.728

2016

2.395.844

2017

2.336.185

2018

1.047.954

2019

1.272.646

2020

1.101.540

Consumidores acogidos al bono social eléctrico, según datos del mes de diciembre de cada anualidad (dato agregado a nivel nacional). Fuente: CNMC

Este decrecimiento puede explicarse por la excesiva burocracia que acompaña el proceso para acceder al mismo, así como por la necesidad de realizar el trámite cada dos años. En el actual escenario de digitalización de la Administración pública, nos parece inconcebible que se obligue a los ciudadanos a realizar ciertos trámites en formato online exclusivamente, mientras que una medida de apoyo a familias vulnerabilizadas incluya tantos obstáculos y no pueda aplicarse de forma automática.

Por otro lado, observamos que el PVPC, única vía para acceder al bono social y que en su momento fue creado precisamente para evitar que las familias españolas pudieran verse perjudicadas por el proceso de liberalización del sector eléctrico, es cada vez más una tarifa residual. Desde 2011, el número de consumidores acogidos a esta tarifa se ha reducido a la mitad, a pesar de que hasta hace pocos meses era la más económica para la mayoría de hogares.

Año

Contratos en PVPC

2011

20.005.090

2012

18.004.893

2013

15.861.509

2014

14.100.448

2015

12.937.207

2016

12.203.307

2017

11.564.243

2018

11.260.682

2019

10.981.615

2020

10.902.070

Consumidores de electricidad acogidos al PVPC a 31 de diciembre de cada año. Fuente: CNMC

La tendencia de continuo abandono de la tarifa PVPC por gran parte de las familias es evidente: en diez años ha perdido la mitad de sus usuarios. A mayor abundamiento, el escenario actual de precios desorbitados ha generado que la tarifa semi-regulada, totalmente vinculada al precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista, haya provocado que muchas familias -incluso en situación de vulnerabilidad con bono social- se planteen seriamente pasar al mercado libre.

El alto precio del kWh y la cada vez más complicada decisión para afrontar los suministros básicos del hogar (según la ECV 2021 los dos quintiles de menor renta gastan más del 40% de sus ingresos en la vivienda y sus suministros). Todo ello, nos hace volver a plantear desde varias organizaciones del ámbito social, académico, ambiental y familiar, la necesidad de implementar medidas drásticas para luchar de manera efectiva contra la vulnerabilidad energética. 

Dichas medidas deben ir encaminadas a prevenir, en los casos en los que aún sea posible, y atajar, en los que ya se esté produciendo, los fenómenos de sobreendeudamiento por incapacidad para afrontar el pago de los suministros básicos. 

Las propuestas que se presentan a continuación buscan abordar esas problemáticas y ser el detonante de unas políticas públicas que desarrollen plenamente la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, un documento con un enorme potencial y más necesario que nunca, cuya actualización de datos en diciembre de 2021, muestra el incremento de población en España en esta situación. Es necesario reforzar las estrategias y realizar un esfuerzo mayor para mitigar y revertir esta situación. Una reconceptualización del Bono Social es una de ellas.

PROPUESTAS:

  • Automatizar el acceso al bono social eléctrico, cumpliendo la medida nº 4 de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y teniendo como ejemplo a Portugal, que en octubre de 2016 realizó dicho trámite y logró un incremento del 283% en el número de hogares beneficiarios. La iniciativa ha sido reconocida en los premios de Iniciativa Pública 2020 por las Naciones Unidas. Abordando los SDGs 1, 7 y 11.
  • Deslimitar el bono social eléctrico en lo relativo a kWh, ya que se considera que la renta ejerce la presión suficiente para que no se produzca un gasto desproporcionado de energía eléctrica, algo que puede corroborar la media de consumo que existía en el anterior bono social eléctrico (que no tenía límites de renta para poder beneficiarse del mismo). La medida vendría a paliar la problemática de los hogares que se apoyan de manera puntual o total en la electricidad para la calefacción. Unas unidades familiares que están teniendo que abandonar la figura de protección del bono social ante la insuficiente cuantía bonificada, que aboga a las mismas a recibir facturas totalmente inasumibles. En España un 13% del parque de viviendas principales con sistemas de calefacción cuentan con sistemas eléctricos de calefacción según el Estudio de la distribución del consumo energético residencial para calefacción en España. Estudio encargado por el Ministerio de Fomento a Fundación Conama, en calidad de co-coordinador del grupo de trabajo GTR. (2017) - https://bit.ly/3H8oiS7
  • Aprobar un plan para poder afrontar las deudas que no suponga nuevas exigencias para las familias vulnerabilizadas para poder afrontar las deudas que ya se han generado en muchos de los hogares. Es necesario también poner a disposición de las personas y familias beneficiarias del bono social eléctrico los bonos térmicos de los ejercicios 2020 y 2021, a ser posible a lo largo del año 2022 (de una manera sencilla y coordinada por todas las CCAA y ciudades autónomas, ya que nos encontramos con problemas para que los bonos térmicos lleguen de manera efectiva a muchas familias). A pesar de ser una medida absolutamente insuficiente las personas que tienen derecho al mismo deben poder recibirlo.
  • Mantener la ampliación de los descuentos del bono social del 25 al 60% y del 40 al 70% hasta la aprobación de medidas estructurales como la tarifa social y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2022.
  • Impulsar la creación de una tarifa social de electricidad, como medida estructural para garantizar el derecho a la energía de la ciudadanía. En dicha tarifa, el precio del kWh no debería estar sujeto a la variación de los precios y a la volatilidad del mercado mayorista, como sucede con el PVPC, y tendría un precio estable revisable de forma semestral. Una vez se implemente la automatización vinculada al bono social planteada en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, el establecimiento de este tipo de mecanismo no debería ser especialmente complejo. Así, se podría establecer una tarifa vinculada progresivamente a la renta del hogar o una tarifa social base y una tarifa social reducida para consumidores vulnerables severos. 

Es evidente que en el abordaje de la pobreza y vulnerabilidad energética, el Bono Social es solo una de las herramientas posibles con un alcance relativo. En la base de la solución de esta problemática está el reconocimiento del Derecho a la Energía y Vivienda adecuada.

Las entidades firmantes, especializadas en el trabajo con familias en situación de Vulnerabilidad energética, conocedoras de sus dificultades y plenamente comprometidas con la Transición Ecológica Sostenible, consideramos debe ponerse en funcionamiento la Mesa social de pobreza energética, a la que nos ofrecemos como entidades interlocutoras válidas, dispuesta a colaborar en el diseño de herramientas y soluciones adecuadas a las realidades concretas de la ciudadanía.

Logos Comunicado

En esta iniciativa participan:

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