Necesitamos un Fondo Social para el Clima ambicioso para asegurar que nadie queda atrás en la transición energética

El pasado 14 de julio, como parte del paquete Fit for 55, la Comisión Europea publicó su propuesta de reglamento para el establecimiento de un Fondo Social para el Clima. Este fondo se concibe para mitigar los previsibles efectos negativos de la aplicación del régimen de comercio de los derechos de emisión en hogares y transporte ligero (EU-ETS 2) a partir de 2026.

Con esto en mente, el fondo se ha diseñado originalmente de la siguiente manera:

  • Se propone dedicar un 25% de los ingresos obtenidos a través del régimen de comercio de los derechos de emisión aplicados a hogares y al transporte ligero (EU-ETS 2), con una previsión de 23.700 M€ entre 2025 y 2027 y 48.500 M€ entre 2028-2032, es decir, un total de 144.400 M€ al añadir el 50% que deben aportar los Estados miembro.
  • Los Estados miembros deberán presentar sus Planes Sociales para el Clima junto con sus actualizaciones de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima antes del 30 de junio de 2024.
  • Se plantea que los planes propuestos busquen: financiar medidas e inversiones para aumentar la eficiencia energética de los edificios, llevar a cabo la rehabilitación de edificios y descarbonizar la calefacción y la refrigeración de los edificios, incluida la integración de la producción de energía a partir de fuentes renovables; así como financiar medidas e inversiones para aumentar el uso de la movilidad y el transporte de emisión cero y de baja emisión.

Si bien consideramos que la propuesta va en la buena dirección, realizando esfuerzos para lograr mejoras estructurales para los hogares, PYMEs y usuarios de medios de transporte en situación de vulnerabilidad, creemos que la propuesta adolece de falta de ambición y de aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por ello, recomendamos:

  • Separar la aplicación del Fondo Socia para el Clima de la del Régimen de Comercio de Derecho de Emisión aplicado a hogares y transporte ligero (EU-ETS 2). Consideramos necesarias propuestas como el SCF, dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad, para asegurar que la transición ecológica que está teniendo lugar en la Unión Europea sea una transición realmente justa. A la vez, consideramos que la aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión a los hogares y al transporte ligero, tal como está redactado a día de hoy, va a tener un impacto desproporcionado sobre la población en situación de vulnerabilidad, por lo que debería rediseñarse para evitar dentro de lo posible estos efectos negativos. En caso de que se mantuviera la vinculación entre el SCF y el EU-ETS 2, creemos que la aportación del segundo al primero debería ser mayor, pasándose del 25% al 100% de los ingresos obtenidos.
  • El Fondo debería estar operativo como muy tarde en 2023, por lo tanto, es necesario adelantar los plazos de presentación de las propuestas por parte de los Estados miembro. Si la vocación del SCF es compensar los previsibles efectos negativos de la aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión a los hogares y el transporte ligero sobre la población en situación de vulnerabilidad, los actuales plazos —con la presentación de los planes sociales de acción climática de los Estados miembros a la población prevista para 2024 y entrada en vigor de EU- ETS2 en 2026— no dejan suficiente tiempo para implementar medidas estructurales de mejora para que quienes más las necesitan no sufran los impactos del EU-ETS 2 . Creemos que deberían acortarse los plazos para que el Fondo Social para el Clima de los distintos Estados miembro pudiera empezar a aplicarse a lo largo de 2023 como tarde.
  • Aumentar de la dotación económica del fondo. La dotación prevista del fono son 144.400 millones de euros, solo teniendo en cuenta que la población en situación de pobreza energética en Europa es de 50 millones (sin tener en cuenta la vulnerabilidad de transporte) la asignación sería 3.000 € por persona, dotación claramente insuficiente para adoptar mejoras estructurales (implementación de energías renovables, sistemas de climatización con cero emisiones, etc.) para paliar los previsibles efectos negativos del EU-ETS 2 sobre la población vulnerable. Debería aumentarse la dotación del SCF con un porcentaje de fondos del EU-ETS 2 mayor, incluyendo los ingresos obtenidos del EU-ETS 1, o de otros sistemas de recaudación como impuestos o tasas.
  • Modificar los porcentajes de cofinanciación por parte de los Estados miembro para que ésta sea progresiva en función a su riqueza. Tanto la aportación a las emisiones de dióxido de carbono como la situación económica de los distintos Estados miembro varían enormemente, por lo que una cofinanciación idéntica entre la UE y los distintos Estados miembro, llevándose a cabo al 50% en todos los casos, es sumamente injusta. Los Estados miembro deberían aplicar porcentajes diferentes en relación a la riqueza de dichos estados.
  • Plantear una definición para hogares, PYMES y usuarios de medios de transporte en situación de vulnerabilidad, de lo contrario será imposible evaluar de manera coordinada los distintos planes sociales para el clima de los estados miembros, y los estados carecerán de las pautas que pueden marcar unas definiciones de las problemáticas a atajar.
  • Establecer un equilibrio entre las medidas de urgencia y las medidas a largo plazo dentro de los Planes Sociales para el Clima nacionales, para paliar la actual crisis energética y, a su vez, introducir mejoras estructurales. El actual documento plantea que los planes sociales para el clima de los distintos Estados miembro deben contemplar: medidas e inversiones para aumentar la eficiencia energética de los edificios, para mejorar de la eficiencia energética, para llevar a cabo la renovación de edificios y descarbonizar la calefacción y la refrigeración de los edificios, incluyendo la integración de la producción de energía a partir de fuentes renovables; así como medidas e inversiones para aumentar el uso de la movilidad y el transporte de emisión cero y de baja emisión.
  • Fomentar la descarbonización y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles de los hogares, PYMES y usuarios de transporte vulnerables. Es esencial que la población en situación de vulnerabilidad no quede anclada en el uso de combustibles fósiles dado el aumento imparable de su precio en el medio plazo y el hecho de que conforme esas tecnologías vayan desfasándose, los costes relacionados a ellas irán aumentando, lastrando enormemente a esta población. El SCF no debe financiar proyectos con combustibles fósiles, ni siquiera como medida de transición.
  • Evitar que el Fondo Social para el Clima cubra proyectos o tarifas sociales ya existentes, los proyectos y medidas a financiar deben ser adicionales. El SCF no puede servir como sustituto de programas de ayudas o proyectos dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad que ya estén en funcionamiento. Si se diera ese caso, se estaría aumentando considerablemente las desigualdades que pueda producir el EU-ETS 2, al aumentarse las cargas, pero mantenerse las ayudas.
  • Considerar a la población en situación de vulnerabilidad, a las organizaciones vinculadas a la misma y a las entidades y administraciones regionales y locales más próximas a la realidad del terreno a la hora de redactar los Planes Sociales para el Clima nacionales. Han de establecerse procesos participativos a escala nacional.
  • Contemplar como medidas a financiar no solo las inversiones en infraestructura de las distintas operaciones y medidas de mejoras, sino también los recursos humanos para la información, la capacitación, la gestión y el acompañamiento necesario para implementarlas. En el trabajo con población en situación de vulnerabilidad es especialmente importante las labores de acompañamiento y otros trabajos no materiales, necesarios para reforzar las capacidades técnicas, la información y el tiempo del que dispone la misma considerando sus labores de conciliación familiar-laboral.
  • Incluir programas de reciclaje de trabajadores, para aumentar las oportunidades laborales de la población vulnerable en la transición energética además de evitar sus impactos negativos. La transición energética previsiblemente destruirá parte del trabajo disponible actualmente, a la vez que creará nuevos puestos de trabajo. Es esencial que la población en situación de vulnerabilidad tenga acceso a esos nuevos puestos a través de formaciones y capacitación.

Recomendaciones de ECODES para el Fondo social para el clima (SCF)

Comparte este artículo en redes:
Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon