Los acontecimientos de los últimos tiempos parecen indicar que las empresas reclaman su derecho a mentir. Como es sabido, los recientes escándalos contables, entre otras razones, parecen haber extendido la opinión de que las prácticas corporativas en materias no financieras pueden constituir un buen indicador para valorar la evolución futura de una determinada compañía. Así, los fondos de pensiones británicos y alemanes están obligados por ley a declarar en qué medida criterios sociales o medioambientales son tenidos en cuenta a la hora de comprar valores de renta variable; en consecuencia, los mayores gestores de activos del mundo, como Barclays Global Investors, incorporan un análisis sobre prácticas sociales y medioambientales a su proceso habitual de análisis de valores; otro ejemplo, la legislación francesa obliga a las compañías cotizadas a informar sobre ciertos indicadores sociales y medioambientales.

La emisión de información corporativa en materia social y ambiental lleva camino de convertirse en práctica habitual. Ahora, las prácticas medioambientales o laborales de una compañía estadounidense en el Sudeste asiático tienen interés para un inversor de la city londinense. De esta forma, se reduce el ámbito de lo que las compañías pueden considerar fuera de la atención pública. Se reduce el derecho a la intimidad de las empresas y aumenta el caudal informativo con el que operan los mercados. Buenas noticias; los consumidores e inversores se preocupan por las prácticas sociales de las compañías con las que se relacionan. Las compañías se ven obligadas a corresponder, adoptando políticas de transparencia informativa; se encarecen los comportamientos empresariales oportunistas.

Nike, el fabricante de material deportivo, fue una de las primeras empresas en comenzar a elaborar informes sociales y medioambientales. Como es sabido, Nike alcanzó hace unos años, a su pesar, las primeras páginas de los periódicos: se acusó a la compañía de utilizar mano de obra infantil. La reputación, las ventas y la cotización bursátil de la compañía salieron malparadas. En consecuencia, Nike decidió implantar programas para la mejora de sus prácticas sociales y medioambientales, y comenzar a contar las bondades de sus programas; esta práctica no acabó de convencer a un californiano, Mark Kasky, que recientemente decidió llevar a la compañía a los tribunales, alegando que la información social y medioambiental emitida por la empresa constituía información comercial falsa. Nike alegó que la información sobre sus prácticas sociales y medioambientales estaba protegida por derecho a la libertad de expresión. El Tribunal Supremo del estado de California dio la razón al activista. El expediente, en recurso, acabó en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde fue visto para sentencia el pasado 23 de abril.

Es conocido el gusto de los norteamericanos por los pleitos; de hecho, el acudir a los tribunales es considerado, en broma, por los propios norteamericanos como su deporte nacional. A los ojos de una buena parte de la opinión pública española, esto no constituye más que otra prueba de la proverbial estupidez norteamericana. No necesariamente. Si bien es cierto que en una buena parte de las ocasiones estas actuaciones vienen determinadas por pura avaricia, la amenaza de acabar en los tribunales tiene efectos saludables para los consumidores norteamericanos: ejerce un efecto disuasorio que reduce los incentivos a que las empresas se comporten de forma oportunista respecto de sus grupos de interés; la amenaza desaconseja aprovecharse del consumidor.

La demanda contra Nike ha levantado polvareda. Los muchos defensores de la compañía alegan que una sentencia favorable al demandante aumentará la timidez informativa de las compañías y hará más difícil la obtención de información no financiera, social y medioambiental, para el análisis de empresas. Arguyen también que, dado que los factores no financieros son cada vez más importantes, las empresas deberían ser incentivadas a adoptar políticas de transparencia informativa en estos asuntos. Sin embargo, ha sido poco discutido en qué medida la información emitida por las empresas debe ser veraz. Lo que los defensores de la compañía parecen estar diciendo es que es bueno que las compañías cuenten cosas, aunque sólo sean ciertas a medias. Los partidarios de Kasky, por su parte, celebran que los tribunales reconozcan que el derecho a la libertad de expresión no aplica a las personas jurídicas.

Si partimos del supuesto de que los mercados otorgan valor a la información no financiera, y que el objetivo perseguido por Nike era mejorar la percepción pública de la compañía, y por tanto sus resultados, parece razonable pensar que lo mínimo que debe exigirse es que la información emitida sea cierta; al igual que sucede con la información financiera, la emisión de información empresarial falsa o tendenciosa no debe tolerarse. Aunque a algunas empresas les pese, no se debe tratar de despistar a los mercados.

Ramón Pueyo
Economista
Fundación Ecología y Desarrollo
ramon@ecodes.org