Durante la pasada Junta General del BBVA, un accionista cometió la impertinencia de sugerir al presidente de la compañía la rebaja de su remuneración, al igual que otros presidentes de empresas españolas han convenido hacerlo recientemente. Y es que los tiempos no son propicios para la creación de valor. El accionista recordaba, sin citarlos, los principios de moderación y de vinculación a los resultados empresariales que el informe Olivencia consideraba que deberían iluminar la determinación de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración. El accionista no pudo recordar nada del Informe Aldama, porque esos principios han debido caducar: la última generación española de prácticas de buen gobierno corporativo nada dice al respecto. La respuesta del presidente fue congruente con la actualidad. "Es usted un demagogo", le espetó al accionista protestón. Sin embargo, la modestia de los presidentes es virtud frecuentada en tiempos de zozobra bursátil; así, el consejero delegado de Eli Lilly, compañía presente en el Fortune 500, redujo su retribución e incentivos a un dólar para el ejercicio 2002. Pretendía con ello, como los buenos generales, compartir el rancho de sus soldados. Demagogia.
Recientemente, la firma Heidrick & Struggles ha dado a conocer el último de sus informes habituales sobre prácticas de gobierno corporativo en Europa; el estudio está basado en el análisis de las prácticas de gobierno de 296 empresas de diez países, seleccionadas de acuerdo con la importancia de su valor de capitalización; entre ellas se encuentran las treinta y cinco empresas españolas que forman el IBEX 35. Hay un asunto en el que, como no podía ser de otra manera, las compañías españolas se encuentran en cabeza: los consejeros de las compañías españolas son los mejor retribuidos de Europa, seguidos por los consejeros de compañías británicas y belgas.
Es cierto que las remuneraciones de los miembros de Consejos de Administración deberían, además, estar en relación con sus capacidades profesionales. Un vistazo somero a las webs de las empresas del IBEX demuestra que las compañías españolas no suelen ofrecer información pública de los curricula profesionales de los miembros del consejo de administración, lo que impide evaluar este extremo, a diferencia de lo que es habitual en las empresas europeas más acreditadas en esta materia. De igual manera, mientras que el porcentaje de compañías que informan acerca de la pertenencia de sus consejeros a otros consejos de administración varía entre el 100% de Alemania, Reino Unido y Portugal, y el 55% de Italia, en España el porcentaje no llega al 10%.
En términos más generales, el informe Heidrick & Stuggles valora globalmente la calidad de las prácticas de gobierno corporativo de las empresas analizadas de acuerdo con las recomendaciones al uso. Los asuntos de gobierno corporativo estudiados se corresponden con tres grandes áreas: métodos de trabajo del consejo, incluyendo estructura del mismo y funcionamiento de los comités; composición del consejo; y, por último, transparencia informativa sobre asuntos tales como niveles retributivos o presencia de los consejeros en otros consejos de administración. Así, no extrañará saber que las prácticas mejores parecen producirse en las empresas del Reino Unido y Holanda; tampoco que la valoración de las prácticas de las empresas españolas es desalentadora: sólo las compañías portuguesas están peor. Tal y como señala el informe de Heidrick & Struggles: "las empresas españolas destacan por su poca transparencia con respecto a las políticas de remuneración de sus consejeros, sus historiales y el proceso de nombramientos. De esta forma, se hace difícil para los inversores el evaluar posibles conflictos de interés, así como la verdadera independencia y competencia de los administradores".
Es cosa sabida que las prácticas en materia de gobierno corporativo importan, y mucho, a los inversores institucionales; así queda reflejado en el estudio, "Global Investor Opinión Survey", desarrollado por McKinsey & Company. Dicho estudio, basado en entrevistas a doscientos grandes inversores institucionales de todo el mundo, pone de manifiesto que la valoración de las prácticas de buen gobierno de las compañías tiene una influencia decisiva en sus decisiones de inversión financiera. Así, un 63% de los inversores institucionales declara que las (malas) prácticas de gobierno de una determinada empresa pueden conducir a la exclusión de sus carteras, con independencia de otro tipo de consideraciones financieras; igualmente, más de un 50% de los inversores adoptan sus decisiones de inversión en los mercados nacionales de acuerdo con las percepciones sobre las prácticas de gobierno empresarial de cada país. No debe sorprender, pues, que estos mismos inversores se declaren dispuestos a pagar un sobreprecio por las acciones de las empresas mejor gobernadas, con respecto a la valoración estrictamente financiera; la prima alcanza una cota que se sitúa en torno a un 20%.
Entre los principales asuntos de gobierno corporativo que merecen la atención de los inversores institucionales cabe citar, según este informe, las políticas de retribución de los administradores de las compañías y su vinculación a la evolución de sus resultados, así como la disposición de las compañías a debatir con sus accionistas asuntos de gobierno empresarial, como, por ejemplo, los referidos a las políticas retributivas de los consejeros.
Así pues, el accionista demagogo del BBVA miraba, simplemente, por su bolsillo. Lo que no le distingue de su presidente. La diferencia, por lo que parece, es que el primero es copropietario y, además, tiene a favor de sus argumentos las prácticas de buen gobierno corporativo. El segundo tiene por responsabilidad principal su cumplimiento. ¿Qué tiene que ver la constatación de este extremo con la demagogia?
Alberto Lafuente es catedrático de la Universidad de Zaragoza
Ramón Pueyo es economista de la Fundación Ecología y Desarrollo