El Ayuntamiento de Zaragoza está planteando la modificación de la tarifa del agua de cara a las nuevas ordenanzas municipales para el próximo año, tal y como se ha podido seguir a través de los medios de comunicación. Desde la Fundación Ecología y Desarrollo pensamos que estos cambios en las tarifas del agua deben ser la oportunidad para introducir una verdadera tarifa incentivadora del uso racional y eficiente del agua en la ciudad.
Desde la Fundación Ecología y Desarrollo queremos apuntar los principios básicos que deberían regir una política tarifaria que fomentase el uso eficiente del agua y efectuar un análisis de la tarifa actual señalando en que aspectos esta tarifa no cumple estos principios y, por lo tanto, en que dirección debe ser modificada.
A.- La política de tarifas debe basarse en la repercusión de los costos reales del ciclo completo del agua, para posibilitar la autofinanciación y la modernización del sistema.
La tarifa vigente incumple el principio en términos generales, pero de manera distinta si se analiza por separado, prácticamente equilibrada en abastecimiento, mientras que donde resulta altamente deficitaria es en saneamiento. En los años 93 y 94 se incrementó fuertemente la tarifa para repercutir el coste del servicio de saneamiento, pero no se incorporaron todos los costes. A partir de 1995 el aumento de las tarifas ha ido por debajo del IPC.
No basta con recuperar los costes de gestión. Siempre puede justificarse un precio bajo del agua si no se tienen en cuenta las inversiones necesarias para la correcta prestación del servicio. Si invertimos lo necesario, el precio del m³ debe aumentar. Las prioridades en las inversiones que el ciclo integral del agua necesita en Zaragoza ya fueron definidas en lo fundamental por el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento en su “Plan de Mejora de la Gestión y Calidad del abastecimiento de agua” (febrero 2002). Además de las inversiones en él recogidas para garantizar un servicio eficiente en el abastecimiento y depuración del agua, habrían de tenerse en cuenta las siguientes:
B.- Las subvenciones deben aplicarse sólo en casos muy justificados, con transparencia meridiana y con un enorme control posterior. Ha de huirse de los “precios políticos”.
Deben evitarse las subvenciones cruzadas que fuerzan el que algunos usuarios deban pagar precios muy por encima del precio de coste con el fin de que otros paguen “precios simbólicos” o “precios políticos”, muy por debajo del coste real. Esta dinámica ha provocado que la progresividad de la tarifa de agua en Zaragoza haya pasado de 1 a 4 en el año 1.993 a 1 a 7,8 en la actualidad.
Otro aspecto a corregir respecto a las tarifas actuales es el uso de la tasa del agua como elemento de “redistribución de renta”. No es justificable la existencia de cuotas fijas diferenciadas en función de la categoría fiscal de la calle. El precio no debe estar en función de una hipotética capacidad económica del usuario, supuestamente representada por el índice de la “categoría fiscal de la calle”, lo que sólo provoca agravios comparativos entre los ciudadanos.
El reparto de los costes entre los usuarios debe tender a basarse en el beneficio obtenido. En principio, puede entenderse que el beneficio es proporcional al agua consumida. Esto hace necesario establecer tarifas distintas para los usos domésticos y para el resto de los usos, adaptadas a las distintas características de consumo. Además, esas tarifas deberán tener en cuenta que en las actividades comerciales e industriales, el agua forma parte de los costes de explotación y, por tanto, coadyuvan a la obtención de un beneficio económico cuantificable.
En el caso de los usos domésticos hay que garantizar el acceso universal a un “consumo básico” a precios asequibles, lo que lleva a subvencionar ese consumo sólo a los que realmente lo necesitan. Sin embargo, no se justifica la aplicación de este principio para los usos que no son domésticos. Ahí se está produciendo en la actualidad otro supuesto de subvención cruzada que habría que corregir en una futura tarifa, aproximando el precio aplicable a los usos no domésticos al precio de coste de producción de cada metro cúbico.
C.- Debe fomentarse la transparencia y la participación social en la determinación de las tarifas aplicables.
La política tarifaria actual incumple el principio de transparencia en dos sentidos:
Estos hechos se pueden apreciar en un estudio que recientemente ha realizado la Universidad de Zaragoza . Una de las cuestiones analizadas en dicho estudio es el conocimiento de la cantidad consumida de agua y del coste soportado por los usuarios del servicio. Los resultados muestran el desconocimiento existente respecto al consumo de agua, ya que los usuarios domésticos piensan que la cantidad consumida es menor de lo que realmente están consumiendo y, además, creen que están pagando un precio superior al real. De hecho, tan sólo un 2% manifiesta conocer el consumo que realiza y de estos consumidores sólo un 9,62% comete un error de estimación inferior al 10%. Un 60% dice conocer lo que paga, pero al cotejar la cantidad que dicen pagar con la factura real, el 83,84% indicaron una cantidad superior a la real.
La nueva política tarifaria debe contribuir a corregir estas falsas percepciones y para ello hay que fomentar el conocimiento y la participación. En esta dirección, consideramos que deben plantearse varias líneas de trabajo:
D.- Las tarifas deben favorecer el ahorro y el uso eficiente del agua.
Para que ello sea posible, la tarifa a implantar en Zaragoza deberá cumplir varios requisitos fundamentales: