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Jueves 23 de Septiembre de 2004

El Ayuntamiento de Zaragoza está planteando la modificación de la tarifa del agua de cara a las nuevas ordenanzas municipales para el próximo año, tal y como se ha podido seguir a través de los medios de comunicación. Desde la Fundación Ecología y Desarrollo pensamos que estos cambios en las tarifas del agua deben ser la oportunidad para introducir una verdadera tarifa incentivadora del uso racional y eficiente del agua en la ciudad.

Desde la Fundación Ecología y Desarrollo queremos apuntar los principios básicos que deberían regir una política tarifaria que fomentase el uso eficiente del agua y efectuar un análisis de la tarifa actual señalando en que aspectos esta tarifa no cumple estos principios y, por lo tanto, en que dirección debe ser modificada.

A.- La política de tarifas debe basarse en la repercusión de los costos reales del ciclo completo del agua, para posibilitar la autofinanciación y la modernización del sistema.

La tarifa vigente incumple el principio en términos generales, pero de manera distinta si se analiza por separado, prácticamente equilibrada en abastecimiento, mientras que donde resulta altamente deficitaria es en saneamiento. En los años 93 y 94 se incrementó fuertemente la tarifa para repercutir el coste del servicio de saneamiento, pero no se incorporaron todos los costes. A partir de 1995 el aumento de las tarifas ha ido por debajo del IPC.

No basta con recuperar los costes de gestión. Siempre puede justificarse un precio bajo del agua si no se tienen en cuenta las inversiones necesarias para la correcta prestación del servicio. Si invertimos lo necesario, el precio del m³ debe aumentar. Las prioridades en las inversiones que el ciclo integral del agua necesita en Zaragoza ya fueron definidas en lo fundamental por el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento en su “Plan de Mejora de la Gestión y Calidad del abastecimiento de agua” (febrero 2002). Además de las inversiones en él recogidas para garantizar un servicio eficiente en el abastecimiento y depuración del agua, habrían de tenerse en cuenta las siguientes:

  • Una parte importante de los costes deben ser las inversiones de mantenimiento y modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento. De lo contrario, pueden falsearse los datos de costes provocando el deterioro progresivo del sistema y haciendo inviable su mantenimiento a medio plazo.
  • Así mismo es necesario invertir en sistemas que sectorialicen la red de abastecimiento, instalando sistemas de válvulas y de control que permitan reducir las pérdidas en casos de fugas y roturas. Otra parte de las inversiones deben ir destinadas al trabajo preventivo de control y reparación de microfugas.
  • La tendencia a instalar contadores cada vez más fiables y con mayor aporte de información sobre los consumos, a pesar de su coste, es otra de las líneas de inversión necesarias.
  • La progresiva implantación de redes dobles de saneamiento, separando las aguas pluviales, mejorará la gestión de los procesos de depuración y por tanto su coste (podría iniciarse su implantación en los polígonos industriales para posteriormente extenderse a las áreas residenciales).
  • El establecimiento de líneas de subvención a Comunidades de Propietarios o particulares que introduzcan tecnologías eficientes para el uso del agua.
  • El desarrollo de planes de formación medioambiental que eduquen desde los distintos ámbitos educativos en los hábitos eficientes de consumo.


B.- Las subvenciones deben aplicarse sólo en casos muy justificados, con transparencia meridiana y con un enorme control posterior. Ha de huirse de los “precios políticos”.

Deben evitarse las subvenciones cruzadas que fuerzan el que algunos usuarios deban pagar precios muy por encima del precio de coste con el fin de que otros paguen “precios simbólicos” o “precios políticos”, muy por debajo del coste real. Esta dinámica ha provocado que la progresividad de la tarifa de agua en Zaragoza haya pasado de 1 a 4 en el año 1.993 a 1 a 7,8 en la actualidad.

Otro aspecto a corregir respecto a las tarifas actuales es el uso de la tasa del agua como elemento de “redistribución de renta”. No es justificable la existencia de cuotas fijas diferenciadas en función de la categoría fiscal de la calle. El precio no debe estar en función de una hipotética capacidad económica del usuario, supuestamente representada por el índice de la “categoría fiscal de la calle”, lo que sólo provoca agravios comparativos entre los ciudadanos.

El reparto de los costes entre los usuarios debe tender a basarse en el beneficio obtenido. En principio, puede entenderse que el beneficio es proporcional al agua consumida. Esto hace necesario establecer tarifas distintas para los usos domésticos y para el resto de los usos, adaptadas a las distintas características de consumo. Además, esas tarifas deberán tener en cuenta que en las actividades comerciales e industriales, el agua forma parte de los costes de explotación y, por tanto, coadyuvan a la obtención de un beneficio económico cuantificable.

En el caso de los usos domésticos hay que garantizar el acceso universal a un “consumo básico” a precios asequibles, lo que lleva a subvencionar ese consumo sólo a los que realmente lo necesitan. Sin embargo, no se justifica la aplicación de este principio para los usos que no son domésticos. Ahí se está produciendo en la actualidad otro supuesto de subvención cruzada que habría que corregir en una futura tarifa, aproximando el precio aplicable a los usos no domésticos al precio de coste de producción de cada metro cúbico.

C.- Debe fomentarse la transparencia y la participación social en la determinación de las tarifas aplicables.

La política tarifaria actual incumple el principio de transparencia en dos sentidos:

  • La información que el usuario dispone tanto de sus consumos como de los precios aplicables es muy limitada, y viene condicionada por la falta de factura previa que informe de todos los aspectos relevantes para hacer un seguimiento del servicio que se le presta y para poder conocer las incidencias en su consumo o realizar reclamaciones.
  • La falta de participación social en la determinación de las tarifas del agua contribuye a incrementar el desconocimiento y a fomentar falsas percepciones de los consumidores sobre el consumo de este recurso.

Estos hechos se pueden apreciar en un estudio que recientemente ha realizado la Universidad de Zaragoza . Una de las cuestiones analizadas en dicho estudio es el conocimiento de la cantidad consumida de agua y del coste soportado por los usuarios del servicio. Los resultados muestran el desconocimiento existente respecto al consumo de agua, ya que los usuarios domésticos piensan que la cantidad consumida es menor de lo que realmente están consumiendo y, además, creen que están pagando un precio superior al real. De hecho, tan sólo un 2% manifiesta conocer el consumo que realiza y de estos consumidores sólo un 9,62% comete un error de estimación inferior al 10%. Un 60% dice conocer lo que paga, pero al cotejar la cantidad que dicen pagar con la factura real, el 83,84% indicaron una cantidad superior a la real.

La nueva política tarifaria debe contribuir a corregir estas falsas percepciones y para ello hay que fomentar el conocimiento y la participación. En esta dirección, consideramos que deben plantearse varias líneas de trabajo:

  • Establecimiento de foros de debate y coordinación con los usuarios y las entidades sociales que permitan consensuar los criterios en que deben basarse las tarifas aplicables.
  • Campañas publicitarias que informen a los ciudadanos de las características de las tarifas que se pretende implantar y canales de diálogo para recabar sus sugerencias (teléfono del usuario, foros internet, mesas informativas, etc.)
  • Puesta en marcha de un sistema de “factura previa” a la emisión de las liquidaciones, en las que pueda darse una mayor información a los usuarios del servicio y permita enviar mensajes o realizar campañas de divulgación o sensibilización.

D.- Las tarifas deben favorecer el ahorro y el uso eficiente del agua.

Para que ello sea posible, la tarifa a implantar en Zaragoza deberá cumplir varios requisitos fundamentales:

  • Como ya se ha indicado, debe diferenciar entre los usos domésticos y aquellos que no lo son, puesto que las características de unos y otros consumos no son homogéneas.
  • En todos los casos, la nueva tarifa debe ser progresiva, penalizando aquellos consumos que excedan de lo considerado consumo medio o consumo estándar. En lo que se refiere a los consumos domésticos, ha sido muy esclarecedor el estudio realizado por la Universidad de Zaragoza antes aludido, el cual ha venido a detectar la existencia de un consumo fijo por hogar, independientemente del número de personas que lo forman. Una vez descontado ese consumo fijo, cada zaragozano viene a consumir, por término medio, 2,5 m³ al mes. Conocidos esos valores, la tarifa que se establezca deberá permitir que se aplique el mismo precio a los hogares que se sitúen en esa media, y penalice a los que la superen.
  • Debe evitar la penalización a los hogares en los que se produzca una acumulación de consumos. No obstante, este fenómeno no es exclusivo de las familias numerosas, por lo que deberá preverse un sistema alternativo que tenga en cuenta el número de miembros del hogar independientemente de la relación que los una, a partir de un determinado tamaño.
  • Debe informar del coste del último metro cúbico consumido. Con la tarifa actual, en la que se aplica un precio medio a todos los metros cúbicos consumidos, el usuario tiene una visión distorsionada del valor del agua que consume. En realidad, el precio del último metro cúbico consumido siempre es superior al precio medio, por lo que, de conocerse ese valor, el estímulo al ahorro será mucho mayor.
  • Habrá que mantener aquellos coeficientes que modulan el precio en función de la eficiencia en el uso. En aplicación del principio de “quien contamina, paga”, la Fundación Ecología y Desarrollo cree adecuado que se continúen aplicando a los usos no domésticos los actuales coeficientes de vertido (coeficientes “K” y “F”). También es adecuada la reducción del 10% de la tarifa del agua a aquellos usuarios domésticos que disminuyan en un mínimo del 10% en relación al año anterior. No obstante, para que esta medida sea realmente efectiva, deberá hacerse un esfuerzo informativo tanto a quienes se beneficien de ella, como para los que la desconocen y pudieran ser candidatos a la reducción de consumo.

Es tiempo de actuar

Es el momento de dejar de pensar que puede hacer el planeta por ti y pensar qué puedes hacer tú por el planeta.

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