La economía colaborativa puede y debe ser una potente aliada del desarrollo sostenible, pero en la actualidad no siempre lo es. Todo parece indicar que, aunque aparentemente es una vía favorable al cambio ambiental, los efectos reales parecen menores de lo publicitado y, en ocasiones, con perversos efectos secundarios. En cualquier caso, sería un grave error no contar con ella para la lucha contra el cambio climático.

Hablar de economía colaborativa en términos generales es difícil dada la amplitud y diversidad del fenómeno. Tengamos en cuenta que existen muchas modalidades de plataformas, desde las grandes empresas que se han hecho sitio entre las multinacionales de cada sector, hasta pequeñas plataformas de colaboración entre particulares a pequeña escala.

En relación con el medioambiente, existe un criterio bastante generalizado que considera este tipo de economía favorable a la sostenibilidad. Teniendo en cuenta que facilita la reutilización e incentiva un menor consumo de productos en propiedad, contribuye a la economía circular. Por otra parte, este tipo de economía, que ha despegado gracias a las nuevas tecnologías, permite el acceso directo de pequeños productores al gran consumidor.

Pero todo ello no garantiza un balance ambiental necesariamente positivo. Las regulaciones van surgiendo tarde y a remolque de los acontecimientos. Ello ha hecho que algunas grandes plataformas (reparto de comida, movilidad…) hayan actuado avasallando los derechos sociales en vigor en las legislaciones nacionales. Afortunadamente, los legisladores y el poder judicial van resituando las cosas. Si analizamos algunos de los principales sectores vemos un panorama muy desigual para la sostenibilidad.

En el ámbito del transporte, detectamos efectos ambientales positivos en el despegue de la micromovilidad eléctrica (bicicletas, patinetes y motos compartidas) y en la eficiencia en el reparto de mercancías.

Si hablamos de coches, debemos distinguir cuatro tipos plataformas: compartir vehículos (carsharing – como Pelayrides-); compartir trayectos (ridesharing – como BlablaCar-); facilitar alquiler vehículos (ZipCar, Car2Go…) y servicios de transporte de pasajeros (ride-hailing -como UBER, Lift, Didi…-). Con algunas salvedades, como UBER, podemos concluir que este tipo de plataformas tienen un impacto ambiental positivo. En el caso más exitoso, BlablaCar, los datos publicados por la propia plataforma afirman que el aumento de la ocupación de los vehículos fue muy significativa (pasando de 1,7 a 2,8 pasajeros por vehículo). En los estudios de plataformas de coches compartidos se asegura que hubo una importante reducción de vehículos en propiedad entre los usuarios, menos kilómetros recorridos y menos emisiones de gases. Las cifras varían mucho de unos estudios a otros (oscilando entre el 11% y el 51%). En cualquier caso, aparece un problema repetido en todos los sectores: la mayoría de los estudios los han realizado las propias compañías por lo que la fiabilidad está muy cuestionada.

Por otro lado, para calcular seriamente la huella ecológica, hay que analizar también cuántos de estos desplazamientos en vehículo particular se hacen en detrimento del transporte público y cuál es el “efecto rebote” (viajes adicionales generados por el bajo coste).

En el ámbito del alojamiento y el turismo, encontramos también excelentes iniciativas que garantizan una sensible reducción de la huella ecológica. Es el caso del intercambio de casas entre particulares (HomeExchange), un claro ejemplo de optimización de bienes de particulares y de un servicio de particular a particular en el que la plataforma obtiene un razonable beneficio. Contribuye a reducir el crecimiento de segundas residencias, permite un contacto más directo con los lugares visitados y lo hace accesible a economías poco pudientes.

Mucho más controvertido es AIRBNB. Junto con otras plataformas menos potentes, ha recibido fuertes críticas por encarecer los alquileres en el centro de las grandes ciudades y contribuir a la gentrificación. Ha sido, incluso, el núcleo de un nuevo movimiento “anti-masificación turística” y ha motivado la creación de plataformas alternativas (como Fairbnb.coop) que buscan minimizar los impactos negativos de un desarrollo descontrolado de este tipo de alojamientos. Tan potente ha sido el impacto de AIRBNB (superando en 2019 los siete millones de anuncios) que ha originado todo un conjunto de normas estatales, regionales y, sobre todo, municipales para tratar de ordenar y limitar su expansión. 

Las críticas han originado también que las propias plataformas, en este caso AIRBNB, hayan modificado sus comportamientos añadiendo “experiencias vinculadas con la vida local”, cumplimiento de la normativa fiscal y creación de una Oficina de Turismo Sostenible. También han desarrollado estudios propios que tratan de avalar el positivo impacto ambiental, social y urbanístico. En ellos, hablan de vinculación con las comunidades locales visitadas, apoyo económico a los propietarios, que les permite seguir viviendo en zonas urbanas centrales, e incremento del gasto en la economía local del entorno con el ahorro que logran los viajeros.

En cualquier caso, la experiencia demuestra que en esta plataforma y en la mayor parte de las grandes empresas del sector no basta con la autorregulación. Sólo la normativa, la fiscalidad y el control riguroso pueden evitar el daño que han hecho en determinadas zonas urbanas. 

Entiendo que una regulación puede permitir no sólo que el impacto deje de ser negativo, sino que incluso constituya un instrumento para evitar la gentrificación que, en cualquier caso, amenaza los centros de las grandes ciudades. Limitaciones como las de Amsterdam, Barcelona, Berlín, Madrid o Nueva York -de diferente tipo- pueden permitir que sólo los propietarios individuales alojen turistas en sus propias casas y retengan el principal beneficio económico. La controvertida jurisprudencia avala que no pueden ser únicamente los ayuntamientos los que regulen estas actividades. 

Y ello es extensivo a la mayor parte de las actividades de la economía colaborativa. La liberalización salvaje no es la solución, sino el principio de convertirla en un grave problema.

La regulación y ordenación de esta economía es un trabajo que llevará tiempo y necesitará mucha implicación de administraciones públicas, empresas y entidades sociales. Debemos evitar posicionamientos radicales excluyentes de entrada.

La Unión Europea ha mirado durante mucho tiempo para otro lado, quedándose en un apoyo genérico por las ventajas en el consumidor, la libre competencia y la economía circular. Tan sólo en 2016 se dotó de un plan de acción, aunque muy genérico por el momento.

También hay que impulsar desde ahora estudios independientes que diagnostiquen con precisión su impacto ambiental evitando depender de los que realizan las propias empresas interesadas.

Y no pensemos sólo en los países desarrollados. Para las economías emergentes es una oportunidad inmejorable para desarrollar otro modelo económico que evite el despilfarro y los errores del pasado.

Esta economía ha llegado para quedarse y desarrollarse. Si hacemos bien las cosas puede ser un instrumento muy poderoso para luchar contra el cambio climático y la creación de un modelo de sociedad y de economía verdaderamente sostenible y no despilfarradora.

En el interesante debate de cómo lograr un desarrollo sin crecimiento económico, la economía colaborativa aporta herramientas muy sólidas si se utilizan correctamente.

Jerónimo Blasco

Patronato ECODES

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1 Una interesante visión de conjunto en An economic review on the Collaborative Economy. Parlamento Europeo. Policy Department. 2016.

2 Economía Políticas y futuro ambiental para la economía colaborativa. Koen Frenken. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 141. 2018 pp.107-140.

3 Economía Colaborativa: ventajas e inconvenientes. CEREM Comunicación.11/7/2018. www.cerem.es 

4 European agenda for the collaborative economy-supporting análisis. Com (2016)356 final.