Se negocia sobre un acuerdo que, si bien tiene presente la emergencia climática y la transición ecológica, resulta ambiguo y falto de concreción

Tras casi dos meses de trabajo, el Congreso publicaba ayer el dictamen final de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España que debe dar respuesta a los efectos económicos y sociales derivados de la COVID-19, así como a los retos que debe afrontar nuestro país en los próximos años para hacer frente a la emergencia climática y la transición ecológica. Desde ECODES creemos que esto debe hacerse sobre la base de una recuperación sostenible.

A falta de que los Grupos Parlamentarios negocien las últimas enmiendas al documento, y el Congreso celebre la votación definitiva para su aprobación el próximo 20 de julio, el dictamen podría definirse como una declaración de intenciones, ciertamente esperanzadora por su lenguaje, pero carente de ambición y concreción. Con propuestas a corto plazo para reactivar la economía y avanzar hacia la “nueva normalidad”, y otras dirigidas al medio y largo plazo para afrontar los desafíos, no existen certezas de cuándo ni cómo la intencionalidad se convertirá en acción.

  • El primer bloque, dedicado a Sanidad y Salud Pública, centra sus propuestas en reforzar, reafirmar, dotar e impulsar el Sistema Nacional de Salud Pública desde todos los ámbitos y perspectivas, bajo la premisa indispensable de un “acceso universal” y de una “gestión pública directa”. Más que probable debido a la pandemia que vivimos, a sus efectos, y a las altas probabilidades de afrontar situaciones similares en el futuro, las conclusiones de este grupo son las más ambiciosas en cuanto al fortalecimiento de uno de los servicios públicos más importantes y mejor valorados del Estado de bienestar español.

    Así, a diferencia de lo ocurrido a raíz de la crisis de 2008, las propuestas no se alinean con la exclusión y la privatización sino con un nuevo Pacto de Estado que la defienda, que acabe con la temporalidad y la precariedad, y que la dote de las reformas legislativas, las estrategias y los planes necesarios para impulsarla. Importante también aquí destacar la apuesta por la Atención Primaria y por el papel competencial de las Comunidades Autónomas en esta materia. Sin embargo, su principal sombra es la nula relación mostrada entre salud y los efectos derivados de la emergencia climática. Una unión que debe ser tenida en cuenta.

  • El segundo bloque, dedicado a la Reactivación Económica, debería de estar alineado con la recuperación sostenible y la transformación que necesita nuestra economía, nuestra industria, nuestro mercado laboral y nuestro sistema financiero. Sin embargo, una decepción profunda nos invade al ver como las condicionalidades ambientales y climáticas no permean las propuestas para la reactivación del tejido industrial y económico a corto plazo. Siendo, además, simplemente una declaración de intenciones en las planteadas para el medio y largo plazo.

    Somos conscientes de la necesidad de proteger el tejido productivo de nuestro país, el empleo y la renta de los hogares, sobre todo de aquellos que disponen de menos recursos. Sin embargo, nos parece erróneo promover la inversión pública en algunos programas y acciones que contradicen los objetivos del país y de la Unión Europea. Con esto nos referimos, por ejemplo, a uno de los planes de ayuda al sector de la automoción recogidos en el dictamen. En este sentido, consideramos indispensable incorporar los criterios ambientales y climáticos en los proyectos, imperando la lógica productiva y el crecimiento económico verde y sostenible. Necesitamos más desarrollo cualitativo y menos crecimiento cuantitativo

    De la misma manera que vemos estas sombras, celebramos las luces que aportan las propuestas sobre edificación, vivienda, rehabilitación, digitalización, automatización, transformación, reindustrialización, energía, transporte, movilidad sostenible y fiscalidad verde. Hay que subrayar que estas iniciativas tienen que basarse en una transición ecológica y justa, que no deje a nadie atrás y tenga en cuenta las diferencias territoriales y la despoblación. Y deben de concretar y establecer objetivos de implementación temporales.
  • En tercer lugar, el bloque de Política Social centra sus propuestas en priorizar la lucha contra las desigualdades, la exclusión social y los diferentes tipos de pobreza. Violencia de género, igualdad, un pacto por la racionalización de horarios, garantías y protección para determinados sectores, brecha digital, alfabetización y educación pública y de calidad, entre otras, son los pilares sobre los que la Comisión fundamenta acertadamente la política social que debe aplicar nuestro país. Dentro de un contexto de transición ecología y justa, la relevancia de estas políticas debería de quedar indiscutiblemente relacionada con este proceso.

  • Finalmente, el cuarto y último bloque dedicado a la Unión Europea se ha centrado en el Pacto Verde Europeo, el destino de las cantidades económicas previstas en los planes comunitarios de estímulo, pero, también, en el proceso de transformación y liderazgo hacia la sostenibilidad para alcanzar un continente verde. No obstante, sus conclusiones son imprecisas y abstractas, probablemente por la incertidumbre que todavía rodea al destino de las “ayudas” europeas. Tras el bloque de reactivación económica, éste es el que ha recogido más mensajes sobre la adaptación y mitigación de la emergencia climática y la transición ecológica.

ECODES publicaba a principios de semana un análisis terminológico sobre el trabajo llevado a cabo por la Comisión tanto en sus sesiones plenarias como por los cuatro grupos de trabajo. Este análisis ofrecía un panorama desalentador para una recuperación sostenible de España en línea con la ambición y decisión europea. Con solo un 13,2% de referencias a ODS relacionados con una perspectiva verde, ambiental, climática y de sostenibilidad, el resultado de la Comisión no alentaba esperanza. Ahora, con este dictamen final y, como decimos, conscientes de que sufrirá modificaciones durante el proceso de negociación actual, valoramos positivamente el aumento en el número de referencias ambientales, las cuales representan el 26%. El Acuerdo Final del próximo 20 de julio debe sostenerse sobre condicionalidades ambientales y climáticas.

Más información:

Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica:

Descargar documento

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