La Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás valora las inclusiones realizadas por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aunque echan en falta sugerencias estructurales

La rehabilitación de viviendas es un aspecto cada vez más relevante en el conjunto del Estado español. Desde 2021, momento en el que se lanzaron las ayudas a la rehabilitación financiadas con fondos europeos, el número de viviendas rehabilitadas casi se ha doblado cada año. Sin embargo, el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética se ha mantenido casi estable desde entonces, con casi un 10% de la población en una situación de pobreza energética escondida —muchas veces vinculada al estado de la vivienda— o con casi un 18% de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Para mejorar estas situaciones, las administraciones europea y española han ido  publicando programas y planes dirigidos a mejorar la situación, entre los que se encuentra el Plan Nacional de Renovación de Edificios.

El pasado 15 de enero, la Comisión Europea publicó una página con los Planes Nacionales de Renovación de Edificios enviados por los Estados miembro de la UE para su revisión. Sin embargo, solo ocho Estados miembro han entregado en tiempo y forma estos borradores. El Estado español es uno de ellos. 

Desde que el borrador del plan se publicara a principios de diciembre y antes de enviarlo a Bruselas empresas, ciudadanía, otras administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, han hecho aportaciones para mejorarlo. Una de las organizaciones que ha participado es la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás, que agrupa a más de treinta organizaciones de la sociedad civil para alcanzar un mayor ritmo de rehabilitaciones de viviendas que beneficie prioritariamente a los hogares en situación de vulnerabilidad. 

Desde esta misma Alianza lamentan la escasa variación que el documento ha sufrido tras el proceso de audiencia e información pública y afirman que el papel de la sociedad civil como promotora, gestora y agente rehabilitador de viviendas sí ha sido reconocido en otros documentos relevantes en materia de vivienda, como es el Plan Estatal de Vivienda 2026 - 2030, pero que, sin embargo, es algo que no aparece apenas en el Plan Nacional de Renovación de Edificios”. La Alianza recuerda también que las entidades del Tercer Sector son quiénes conocen mejor las situaciones de vulnerabilidad, y quiénes más cercanas están al territorio y destacan que “dejar fuera a la sociedad civil en el plan es dejar fuera a un actor imprescindible para la buena ejecución de la estrategia”.

Otro aspecto de gran relevancia que señalan es que “no ha sido incluida la concepción más amplia de las salvaguardas sociales que eviten que los hogares en situación de vulnerabilidad puedan ser expulsados de sus viviendas tras llevarse a cabo procesos de rehabilitación financiados con fondos públicos”. A día de hoy, el plan solo contempla la aplicación de mecanismos como la congelación de los alquileres tras la realización de rehabilitaciones financiadas con ayudas públicas cuando estas rehabilitaciones se lleven a cabo en las zonas de mercado residencial tensionado reconocidas por la Ley por el derecho a la vivienda. Para la Alianza esto deja fuera la mayoría de los municipios y comunidades autónomas, gobernadas a día de hoy por grupos políticos opuestos frontalmente a la aplicación de dicha ley. 

El último de los aspectos no incluidos que destacan desde la Alianza es la omisión de unos objetivos específicos de reducción de la pobreza energética, así como la inclusión de un porcentaje mínimo de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica que deben ser beneficiados por las rehabilitaciones contempladas. Esta inclusión hubiera alineado el documento con otros planes estratégicos del Estado, como son el Plan Social para el Clima o la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Pasos hacia adelante

Como aspectos positivos, las representantes de la Alianza valoran las sugerencias incluidas que buscan mejorar el uso de los recursos públicos mediante la puesta en marcha de fondos públicos rotativos que puedan ser recuperados progresivamente por las administraciones para realizar más rehabilitaciones. 

Otro de los paquetes relevantes son las sugerencias respecto a las oficinas de apoyo a la rehabilitación, planteando que debían estar compuestos por equipos interdisciplinares que tuvieran presencia especialmente en los ámbitos con mayores índices de vulnerabilidad, mejorando su función a la hora de lograr una transición energética justa.

Desde el 30 de diciembre en el que el Gobierno presentó a la Comisión Europea su proyecto de Plan Nacional de Renovación de Edificios, hay un plazo de seis meses durante los cuales desde la Comisión podrán hacer recomendaciones. A partir de ahí, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana contará con otros seis meses para aplicar estas y otras recomendaciones antes de enviar la versión final de su Plan Nacional de Renovación de Edificios. Un plazo suficiente en el que, desde la Alianza, consideran que pueden incluirse el resto de sugerencias enviadas para mejorar el plan y hacerlo más sensible con las problemáticas que sufren los hogares en situación de pobreza energética.

La “Alianza por la Rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás” la forman: ABD-Asociación Bienestar y Desarrollo, ACA-Asociación de Ciencias Ambientales, Amigas de la Tierra, Arquitectura sin Fronteras, ASUFIN, AVS-Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, Canarias Archipiélago Sostenible, CECU-Federación de Consumidores y Usuarios, CS CCOO-Confederación Sindical de CCOO, CCOO del Hábitat, Democratic Society, EAPN-ES, ECODES, Ecoserveis, Enginyeria Sense Fronteres, Ètic Hàbitat, ETSAM-Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Fundación Europace, Fundación de Familias Monomarentales Isadora Duncan, Fundació Habitat 3, Fundación Renovables, Greenpeace, IHRB, Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción (CSIC), ISTAS, La Corriente, Observatorio Ciudad 3R, Plataforma por un nuevo modelo energético, Provivienda, reBive, Revo Prosper, UGT y UGT-FICA.