Desde hace muchos años se vienen reclamando políticas activas de rehabilitación y de regeneración urbana de áreas vulnerables de nuestros pueblos y ciudades. Al inicio se trabajaba por parte de unos pocos profesionales y asociaciones vecinales en los cascos antiguos, muchos de los cuales han estado en riesgo de desaparecer. Más recientemente, en los últimos 20 años, se ha puesto el foco en los barrios construidos en los años 50 y 60 del siglo pasado por parte de algunas ciudades como Zaragoza, que en este aspecto ha sido pionera. 

No hay posible minoración de emisiones de CO₂ para mitigar el cambio climático sin contar con el sector de la edificación. Estamos ante un sector difuso pero responsable en Europa nada menos que del 40% de dichas emisiones en todos los procesos de su vida útil: fabricación de materiales, transporte, construcción, uso y finalmente derribo, en su caso. 

Algunos/as de nosotros/as defendemos que no es conveniente para el avance de las políticas activas de fomento de la rehabilitación urbana en nuestro país el circunscribir éstas a la exclusiva dimensión del ahorro energético. Esta concepción, arrastrada desde el resto de la Europa fría continental, está lastrando el despegue de este tipo de políticas en España. 

Hay otras actuaciones edificatorias posibles y muy necesarias: accesibilidad, conservación, renovación de instalaciones, actuaciones de adaptación al cambio climático en climas fríos y en los crecientemente más cálidos también, etc. Y otras dimensiones de la cuestión: urbanas, sociales, económicas, etc, que conviene tener en cuenta. Así lo ha reconocido, por fin, la reciente Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), tras ignorarlo en las anteriores. Estos otros aspectos actúan de manera mucho más movilizadora que el del ahorro energético en un país con climas benignos en buena parte del mismo. Esta realidad la demuestran los pocos estudios realizados, como el del Observatorio Ciudad 3R¹, que por primera vez cuantificó en tan sólo un 20% las actuaciones de rehabilitación con financiación pública estatal (Plan de Vivienda) destinadas a la mejora de la Eficiencia Energética (EE). Este porcentaje desciende a la mitad, apenas un 7%, en áreas de clima mediterráneo o más benignos. 

La rehabilitación de viviendas está, por fin, en la agenda política de nuestro país, tanto por la necesidad real de intervenir sobre un parque residencial obsoleto y envejecido, como por las exigencias de la UE en su reciente Plan y Fondos Europeos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía. 

Ahora toca ejecutar y llevar a cabo esas políticas. Es necesario hacerlo con la mayor eficacia y extensión posible y, al mismo tiempo, sin dejar a nadie atrás. Eso significa que se deben diseñar instrumentos adecuados a cada tipo de demanda. La demanda está segmentada y, muchas veces, se pretende satisfacer con respuestas uniformes. Esto comporta que, en ocasiones, las ayudas no lleguen a quien más lo necesita. Un ejemplo de ello son los Programas del IDAE , muy exitosos en algunas regiones pero que rara vez llegan a las Comunidades de Propietarios de las zonas con mayores dificultades económicas y organizativas. 

Por el contrario, en determinados municipios (Barcelona, Pamplona, Zaragoza) se han movilizado programas con fórmulas imaginativas e innovadoras para que las ayudas lleguen también a edificios en los que una parte o la mayoría de sus habitantes dificultan, por razones económicas, la ejecución de actuaciones de rehabilitación ansiadas por la mayoría de ellos. 

Pensando en el futuro inmediato, si se quiere que esta actividad que contribuye a la sostenibilidad medioambiental, a la mejora de la calidad de vida de millones de personas y a la reactivación económica deje huella y consolide un sector económico, se deben centrar los esfuerzos en facilitar, eliminado las barreras actuales, la llegada masiva de financiación privada en adecuadas condiciones a las comunidades de propietarios, en acercar la gestión de acompañamiento mediante oficinas de ventanilla única y en apoyar a los municipios que, por su mayor proximidad y confianza, son en última instancia los mejores ejecutores de estas políticas públicas.

Juan Rubio del Val y Elvira López Vallés

Consejeros de ECODES

Arquitectos y urbanistas

---

1Informe de evaluación sobre políticas públicas de rehabilitación residencial en España (2013 – 2017) Reflexiones  sobre el desafío 2020 / 2030