Nuestro asesor Javier Blanco, ex director ejecutivo de la OMT, analiza la trascendencia de este documento

La Declaración de Glasgow para la acción climática en el turismo se acaba de presentar en la COP26. Bajo el auspicio de la Organización Mundial del Turismo (OMT), empresas turísticas importantes, algunos gobiernos y destinos y otras entidades sociales se han comprometido a reducir las emisiones a la mitad de aquí a 2030 y alcanzar el objetivo de cero emisiones a más tardar en 2050.

La OMT ha promovido formalmente, desde sus inicios, el desarrollo equitativo, responsable y sostenible del turismo.  En los últimos 40 años ha producido, individualmente o en compañía de otros actores, más de una veintena de declaraciones y recomendaciones básicas sobre sostenibilidad turística, desde la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial de 1980, pasando por el Código Ético Mundial para el Turismo (CEMT), de 1999.

No debiera sorprender, por tanto, que la presentación de una nueva declaración pública suscite alguna reacción de escepticismo, cuando pese a tamaña producción de textos y compromisos sobre sostenibilidad, los impactos negativos producidos por la actividad han alcanzado niveles muy preocupantes. Resulta paradigmático el caso del expresado CEMT, una de las banderas más visibles de la OMT, pero que no resiste una evaluación rigurosa en cuanto a la implementación de sus objetivos tanto por parte de gobiernos como de la industria turística.

¿Estamos pues ante una declaración bienintencionada más que engrosará el ya amplio catálogo existente?

La Declaración de Glasgow, anunciada en un momento clave para nuestro futuro colectivo, nos merece un juicio general positivo, pese a algunas sombras que proyecta. Partiendo del apoyo al compromiso mundial de reducir a la mitad las emisiones para 2030, existen otros aspectos de interés que merecen subrayarse:

  • su carácter universalista, con la exigencia de considerar no solo el valor económico de la actividad, sino la regeneración de los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades;
  • el propósito de liderar y armonizar la acción climática de todos los agentes del turismo, ampliando el circulo de las partes interesadas, entrelazando a la sociedad civil y los círculos académicos; y
  • la prioridad concedida a las voces y necesidades de los grupos subrepresentados y vulnerables, así como de las generaciones más jóvenes.

Pero la esencia de la declaración de Glasgow, en nuestra opinión, reside en los valientes compromisos que asumen sus signatarios:

  • presentar planes de acción por el clima en el plazo de 12 meses a partir de la firma y llevarlos a la práctica, e
  • informar públicamente de los progresos alcanzados en relación con los objetivos a medio y a largo plazo, así como de las medidas adoptadas, al menos una vez al año.

No es menos cierto que encontramos algunos elementos declarativos más controvertidos, como la insuficiente claridad en los planteamientos con respecto al transporte, que no ofrece salir del eterno círculo contradictorio entre promoción y limitación de esta actividad tan crucial para el futuro del turismo.

La declaración de Glasgow, por su naturaleza, no obliga jurídicamente a sus promotores y signatarios, sino que establece deberes o compromisos morales. Se inserta, por tanto, en el marco de la ética no en el del derecho.  Es bien cierto que sus orientaciones y principios pueden ser la antesala de futuras regulaciones internas de los países, además de un instrumento de sensibilización ciudadana y sectorial muy valioso para abrir un tiempo nuevo en las políticas públicas para el turismo que viene.

Se ha dicho acertadamente que el valor del compromiso es transformar promesas en realidades. Y necesitamos valentía no solo en la palabra, sino también y sobre todo en la acción.  

Por tanto, el principal reto de la declaración, vistos tanto sus altos y positivos compromisos como la relevancia de sus promotores y signatarios, reside, a nuestro juicio, en establecer un marco de aplicación claro, con mecanismos de verificación del cumplimiento de los mismos y un sistema de mediación y conciliación ante posibles litigios. Esto debería completarse más pronto que tarde mediante una adenda a la propia declaración en la que se idee un órgano independiente con capacidad de presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los firmantes.

Sin transparencia y honestidad no se podrá generar confianza y credibilidad en este nuevo instrumento que puede y debe ser un formidable catalizador del cambio hacia la descarbonización y mayor justicia social. No podemos permitirnos volver a la casilla de inicio, con una nueva y altisonante proclama, meramente retórica y de imposible fiscalización y evaluación.

El actual secretario general de la OMT ha manifestado que, "la Declaración de Glasgow es una herramienta para ayudar a salvar la distancia entre las buenas intenciones y una acción climática significativa". Necesitamos entonces conocer más pronto que tarde cómo la OMT y el resto de promotores van a impulsar y controlar su aplicación. En ello nos va avanzar en los objetivos propuestos, pero también revitalizar el sistema turístico internacional hoy necesitado más que nunca de un fuerte liderazgo.

Javier Blanco

Ex director ejecutivo de la OMT y asesor de ECODES

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