Un decreto-ley necesario pero que revela un fracaso en la transformación de sectores clave

El Consejo de Ministros aprobó ayer el tercer decreto-ley con medidas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la energía. Un paquete que sigue siendo necesario debido a la dependencia de España de los combustibles fósiles, pero que da una respuesta paliativa a una situación estructural. Por ello, desde ECODES mantenemos la siguiente posición:

• Insistimos en la necesidad de ir más allá para acelerar el cambio hacia un sistema energético renovable y distribuido, que lleve a la expansión de las energías renovables, la electrificación del transporte y también de la climatización, un ámbito que requiere de una acción urgente relevante ahora que se acerca el invierno.
• En lo relativo a la subvención al diésel y a la gasolina para paliar el impacto, comprendemos que da respuesta a necesidades concretas, pero su alcance se concentra en las clases con mayor capacidad adquisitiva ya que no discrimina por razón de renta. Se debería cuidar a los más vulnerables apostando por la reducción de precios o incluso gratuidad del transporte público. Por ello, consideramos que esta medida debería ser temporal y transitoria, y dirigirse exclusivamente a paliar los efectos que tiene sobre el transporte y el sector primario (agricultura, ganadería y pesca). 
• Valoramos de forma positiva que se haya establecido un tope al precio del gas, especialmente en la tarifa TUR. Permitirá a las personas con menor capacidad adquisitiva afrontar un invierno que podría ser duro en caso de que el gas se pusiese a unos costes similares a los de la guerra de Ucrania.
• Destacamos la reducción del IVA en la electricidad, dado que es un bien de primera necesidad, si bien consideramos que la reducción no debería ser generalizada.  Más allá de las medidas de urgencia para responder a las crisis, desde ECODES proponemos la creación de una tarifa por tramos de consumo con IVA progresivo que reconozca el derecho universal a la energía e incentive el ahorro, estableciendo un consumo mínimo vital, en kWh, sobre el que se aplicaría un IVA superreducido del 4%. Consumos por encima deberían tener un IVA superior para fomentar la eficiencia. 
• En este sentido, si bien la reducción del IVA en la luz y los impuestos a los hidrocarburos es una medida ágil y está dirigida a reducir el coste, ignora los grandes beneficios que están teniendo las empresas gasísticas, energéticas y petroleras con el aumento de los precios. Por ello, consideramos que debería haberse contemplado un incremento -aunque fuese temporal- de la imposición fiscal a estas compañías y con la obligatoriedad de que no se trasladase a la factura de la luz, el diésel o el gas.
• Además, consideramos que el decreto debería haber contemplado la simplificación del acceso al bono social. Según los datos de nuestro programa Ni Un Hogar sin Energía, hasta un 75% de las familias con derecho al bono social no lo perciben debido a las barreras burocráticas, el desconocimiento del trámite, al tiempo que un 76% de las familias en pobreza energética viven de alquiler y casi la mitad no son titulares del contrato de luz. La complejidad del sistema actual, así como la crisis de la vivienda, impide que la población que puede beneficiarse de estas medidas lo haga de manera efectiva.

En palabras de nuestro director general, Juan Ortiz, “este decreto-ley es tan necesario como sintomático de un fracaso a nivel de país en la transformación de sectores tan clave como el del transporte y la calefacción residencial. Urge acelerar la transición energética para garantizar nuestra autonomía estratégica, que será, además, mayor competitividad para las empresas y menores precios y bienestar para la ciudadanía”.