La UE debe regular la actividad de las grandes empresas que contribuyen a la emergencia climática y a las migraciones
La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha presentado hoy el informe anual de su proyecto Migraciones Climáticas, en el que trabaja desde 2015 con el objetivo de visibilizar esta gravísima derivada del cambio climático. El estudio, titulado “El papel del sector privado europeo ante las migraciones climáticas. Una propuesta de debida diligencia”, pretende visibilizar la relación entre las actividades de las empresas de la Unión Europea con la emergencia climática en general y con las migraciones climáticas en particular y, a la vez, incidir en el marco regulatorio de la conducta empresarial. Con base en el análisis realizado, el informe propone que se tenga en cuenta y se valore la posibilidad de incluir en el texto de la futura normativa diversas consideraciones para reducir este impacto.
En el acto, celebrado en Madrid de manera presencial y emitido en directo vía YouTube, han participado Cristina Monge, asesora ejecutiva de ECODES; Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España; Beatriz Felipe, investigadora y autora del informe; y Susana Borrás, directora académica del proyecto Migraciones Climáticas.
Borrás intervino telemáticamente desde Tarragona e hizo hincapié en que “este proyecto y sus informes anuales son fundamentales para reconocer y visibilizar la realidad de tantísimas personas que se ven obligadas a dejar sus casas por las degradaciones ambientales y climáticas“.
Beatriz Felipe realizó una presentación con las principales conclusiones del informe y destacó que “la contribución de las empresas de la UE a la crisis climática (en sus causas y en sus consecuencias) no debe pasar desapercibida”. Además, ha recordado que “el Norte global mantiene una huella ecológica y una deuda climática que empobrecen al Sur, y ha llevado a los ecosistemas del planeta al borde del colapso”. También ha señalado que “la implementación de procesos de debida diligencia en materia ambiental y en derechos humanos debería convertirse en un requisito clave para hacer frente a la emergencia climática y a la movilidad humana asociada”.
Por su parte, Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España, puso de manifiesto que “los estados y las empresas europeas tienen unas responsabilidades históricas sobre el momento actual y deben asumirlas y liderar la lucha contra la emergencia climática en varios frentes: generación de energía, edificación sostenible, cambio de modelo productivo”.
En el cierre del acto Cristina Monge, politóloga y asesora ejecutiva de ECODES, hizo un llamamiento a toda la ciudadanía y a las entidades del tercer sector a interesarse por las migraciones climáticas y a presionar, a su vez, a todos los actores involucrados en la emergencia climática, como la Unión Europea y sus grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero, para que tomen desde ya las medidas necesarias para frenar las causas puntuales y sistémicas que obligan a personas a migrar. “Este fenómeno está condicionando la vida en buena parte del territorio del planeta. Millones de personas que han contribuido muy poco a esta crisis han tenido que dejar sus hogares y muchas más tendrán que hacerlo en los próximos años si no ponemos remedio”, afirmó.
Monge añadió que este estudio, como los publicados en 2018 (“Las migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual”) y en 2019 (“Perspectiva de género en las migraciones climáticas”), servirán de base para la tarea de incidencia política que lleva a cabo ECODES tanto a nivel europeo como nacional.
Qué son las migraciones climáticas
El documento recoge también las últimas cifras y la definición actualizada de este complejo fenómeno. Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), las migraciones climáticas constituyen una subcategoría de las migraciones ambientales y “comprenden el traslado de una persona o grupos de personas que, predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, u optan por hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional”.
Son un fenómeno heterogéneo, que abarca situaciones tan diferentes como las de las comunidades que, ante una fuerte sequía, ven sus cultivos peligrar y envían a un miembro de la familia a trabajar a un pueblo cercano para aumentar sus ingresos económicos, como las de los habitantes de los pequeños Estados insulares que presencian el avance del mar en sus territorios y sus consecuencias. En definitiva, por estos y otros motivos, que se interrelacionan de múltiples maneras, un gran número de personas e incluso comunidades enteras están viéndose obligadas a abandonar sus hogares, o tendrán que hacerlo, a corto, medio o largo plazo. Según el IDMC, en 2019 tuvieron lugar 24,9 millones de nuevos desplazamientos y se alcanzó un nuevo récord: el 75% del total de nuevos desplazamientos se debieron a desastres que en su mayoría pueden asociarse directa o indirectamente con el cambio climático.
Conclusiones y recomendaciones del informe
El informe concluye que es imprescindible y urgente que la UE integre las migraciones climáticas en sus políticas y hace una serie de recomendaciones concretas para la futura Directiva de Debida Diligencia.
En este sentido, el informe señala que “resulta fundamental que especialmente aquellas empresas que más contribuyen a la emergencia climática tomen en serio su deuda climática y de derechos humanos, así como su consiguiente responsabilidad y actúen en consecuencia con la protección de la vida. En este sentido, es imprescindible trabajar porque las políticas climáticas no contribuyan a la expulsión de las poblaciones”.
Además, sugiere que la nueva normativa haga referencia a la justicia global y climática, así como a las relaciones desiguales en el contexto de la globalización y a la responsabilidad del Norte global y, en concreto, de la UE y sus empresas.
Asimismo, propone la inclusión de una referencia explícita a las emisiones de gases de efecto invernadero de las que también son responsables las empresas de la UE y sus repercusiones globales, especialmente para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como pueden ser las personas migrantes climáticas.
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