1 de julio de 2024.- La red de organizaciones españolas que impulsa y participa en la campaña europea Clean Cities denuncia el incumplimiento de la Ley por parte de más de 100 ayuntamientos españoles respecto a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Tras más de 3 años desde que los responsables locales conocían de la obligatoriedad de implantar una medida de estas características, la falta de interés, la desafección y la utilización político-partidista ha llevado a que una gran parte de la ciudadanía viva en ciudades donde la Ley se incumple. 

Las ZBE son una herramienta muy extendida en Europa que sirve para mejorar la calidad del aire, proteger la salud de las personas y mitigar el cambio climático. Además, promueven un cambio hacia modos de transporte limpios, activos y sostenibles, contribuyen a la transición energética, disminuyen la contaminación acústica y permiten el reordenamiento y la naturalización del espacio urbano. Un espacio que, actualmente, tienen ocupado más del 68% los vehículos motorizados. Europa y España, a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, promueven su implantación.

El 1 de enero de 2023 se cumplió el plazo que daba esta Ley a 151 ciudades españolas. Pero ante la dejadez de los ayuntamientos, de todo signo, el Ministerio aprobó el 27 de diciembre de 2022 un Real Decreto por el que se regulan las ZBE, permitiendo que aquellas establecidas con fecha anterior a su entrada en vigor debían revisarse con el fin de adecuarse al mismo, en un plazo máximo de dieciocho meses, y posteriormente, cada cuatro años. Dado que menos de quince tenían activa alguna zona de estas características el día anterior, todas se aferraron a los 18 meses. Ayer 30 de junio se cumplió el plazo. 

Desde Clean Cities señalan que “la desobediencia ha sido manifiesta desde el principio. Se vive en un continuo estado de reto entre algunos ayuntamientos y el Gobierno que está poniendo en peligro la salud de las personas, la buena reputación de España en la gestión de los fondos europeos y la necesidad de mejorar nuestras ciudades para hacerlas más saludables y habitables mejorando su calidad del aire y dando más espacio a las personas y la naturaleza. Nadie puede poner en cuestión que estas zonas son buenas para las personas y el comercio local. La utilización político-partidista de medidas que abogan por la descongestión del tráfico debería tener unos límites”. 

El Plan de Recuperación puso sobre la mesa 1.500 millones de euros para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y otras medidas de movilidad sostenible. Unos recursos económicos con fines y objetivos claros que ahora algunos responsables locales han puesto en peligro. Prórrogas, modificaciones de proyectos, no utilización, etc. Una serie de decisiones que podría suponerles, y por ello apelamos a su responsabilidad, multas económicas que lastrarían las arcas municipales y darán una imagen exterior negativa. Una situación especialmente sensible y preocupante que quizás tendría que poner en cuestión el verdadero interés con el que se gobierna en algunas localidades españolas.  

Los vehículos, además de emitir CO2, principal responsable del calentamiento global, emiten óxidos de nitrógeno y microparticulas que deterioran la calidad del aire y dañan la salud. En España se dan más de 30.000 muertes prematuras asociadas a la contaminación provocada por el tráfico. Entidades que forman parte de Clean Cities como ConBici están recogiendo en sus informes constantes incumplimientos de los índices de contaminación según las recomendaciones de la OMS. Según el último informe sobre calidad del aire de Ecologistas en Acción, casi 33 millones de personas estuvieron expuestas en 2023 a unos niveles de contaminación que exceden los nuevos límites aprobados por el Parlamento Europeo para 2030. Sin embargo, según los datos de los que disponemos, el próximo 1 de julio sólo 19 ciudades de 151 habrán activado algún tipo de zona de bajas emisiones.

Muchos ayuntamientos han sumido a sus vecinos y vecinas en la desinformación y el juego político. ECODES, organización que forma parte de Clean Cities, ha llevado a cabo iniciativas para animar y apoyar a los responsables municipales en la implantación de estas zonas de forma efectiva, incluido un folleto informativo que ofrecer a la ciudadanía. Y es que no se trata sólo de cambiar los coches de gasolina y diésel por eléctricos, como dicen algunas voces, sino de avanzar hacia un espacio urbano para todos y todas, en el que se garantice la movilidad a través de las opciones más eficientes y con menor impacto sobre las personas, protegiendo la salud, con criterios de justicia social y avanzando hacia la adaptación y la mitigación climática.

“Los impactos negativos del cambio climático se viven muy de cerca en las ciudades. Esperamos que las advertencias, las multas o las condicionalidades económicas sirvan para que nuestro municipios avancen en hacia espacios más habitables y saludables, empezando por reducir las emisiones del tráfico y reconfigurar y naturalizar el espacio público en pro del bienestar y la calidad de vida de todas las personas. Nos ofrecemos a seguir ayudando, apoyando y acompañando, con más fuerza si cabe, a nuestras autoridades locales y nacionales en esta hoja de ruta común”, concluyen los representantes de estas organizaciones y de Clean Cities en España.

Nota.

1. Entidades españolas que forman parte de Clean Cities e impulsan activamente la campaña en España: Ecologistas en Acción, ECODES, ConBici, ISGlobal y Salud por Derecho. 
2. Informe ZBE: la guía esencial. https://cleancitiescampaign.org/research-list/lez-essential-guide/