Un Plan Social para el Clima que nos lleve a una Ola de Rehabilitaciones justa
Desde la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás más de 20 organizaciones de la sociedad civil con conocimientos y experiencia diversas trabajamos para que la Ola de Rehabilitaciones llegue al conjunto de la ciudadanía, en particular a la población en situación de vulnerabilidad, que por diversas barreras existentes tienen más problemas a la hora de acceder a las ayudas que se desarrollan. A su vez, son estos hogares los que más necesitan esas rehabilitaciones, ya que tienden a vivir en las viviendas menos eficientes y a sufrir en mayor medida esta ineficiencia. Por ello, es necesario que las políticas de rehabilitación, así como el resto de políticas medioambientales, se diseñen con la población más vulnerable en mente, de lo contrario, será imposible alcanzar una transición energética y ecológica justa.
Como parte de estas políticas climáticas, desde la Unión Europea, como parte del paquete «Objetivo 55», se ha decidido incluir a los edificios en el Régimen de comercialización de derechos de emisión (EU-ETS 2). Esto llevará, a partir de 2027, a incluir dentro del principio de «quien contamina, paga» al conjunto de los hogares de la Unión Europea, mientras que hasta ahora afectaba principalmente a grandes empresas de sectores concretos. Esta inclusión tendrá previsiblemente un mayor impacto en aquellos hogares que gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en sus facturas energéticas, es decir, los hogares en situación de pobreza energética y de vulnerabilidad económica. Se calcula que esta inclusión puede llevar a aumentos anuales de las facturas energéticas de unos 429€, algo inasumible por no pocos hogares en el Estado español.
Conscientes de esto, desde la Unión Europea se aprobó definitivamente el pasado 10 de mayo de 2023 el Fondo Social para el Clima, con el objetivo de financiar:
Las medidas e inversiones financiadas por el Fondo beneficiarán a los hogares, las microempresas y los usuarios del transporte que sean vulnerables y se vean especialmente afectados por la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios y el transporte por carretera en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, en particular los hogares en situación de pobreza energética o los hogares en situación de pobreza de transporte.
Estas medidas deberán recogerse por cada Estado miembro en un Plan Social para el Clima, el cual deberá ser aprobado por la Comisión Europea, de cara a poder implementar las medidas necesarias para amortiguar todo lo posible los efectos inmediatos que el EU-ETS 2 tendrá sobre los hogares en situación de vulnerabilidad.
Consideramos que este Plan es una condición necesaria para acelerar la rehabilitación integral de viviendas sin dejar a nadie atrás como una medida esencial para hacer frente a la pobreza energética y al cambio climático, impulsar la generación de empleo verde y garantizar el derecho a una vivienda digna, eficiente energéticamente, saludable, accesible y asequible, contribuyendo a la descarbonización del parque de edificios y a avanzar hacia una transición energética justa. Pero para que pueda desempeñar esta tarea, debemos evitar tropezar con piedras que llevamos encontrándonos desde hace tiempo en el camino de la rehabilitación de viviendas.
Con esta tarea en mente, nos reunimos el pasado 15 de febrero, con responsables de la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía y la Subdirección General de Eficiencia Energética, para plantearles nuestras sugerencias de cara al proceso de diseño de este Plan Social para el Clima. Agradecemos encarecidamente su predisposición para el diálogo, y confiamos que esta haya sido la primera de varias reuniones que puedan conformar un proceso participativo potente en torno a este necesario Plan.
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