La contratación pública es responsable del 10% de la huella de carbono total de la Unión Europea (UE) y sus gastos equivalen al 15% del PIB de la UE. En España, el nivel de gasto en contratación pública en 2023 alcanzó el 11,55% del PIB y el 24,87% del gasto público total, según reflejan los datos de contabilidad nacional publicados por Eurostat. En 2023 se continúa la senda de crecimiento de los niveles de contratación pública iniciada en 2021, tras la crisis sanitaria de Covid-19.
Si se alinea con los objetivos climáticos, la contratación pública podría desempeñar un papel significativo en la creación de mercados para soluciones innovadoras con bajas emisiones de carbono y acelerar el cambio de la economía europea hacia la neutralidad climática. Sin embargo, aunque el Acuerdo de París compromete a los países de la UE a reducir drásticamente las emisiones de GEI, el 55% del gasto en contratación pública se atribuye al licitador con el precio más bajo.
Según el estudio realizado por Carbone 4 (consultora especializada en estrategias para mitigar el cambio climático), con la colaboración de ECODES, la huella de carbono causada por las compras que realizan las administraciones públicas de la Unión Europea (UE) a los seis sectores más contaminantes (vehículos, alimentos, acero, aluminio, cemento y construcción) se reduciría un 30% si en los contratos públicos se aplicaran criterios medioambientales. Además, esta medida supondría 380 000 empleos nuevos en el territorio comunitario. En España, dicho porcentaje sería del 22% y se crearían 23 650 puestos de trabajo.
Actualmente comenzó el proceso de revisión de las tres directivas comunitarias sobre contratación pública: Directiva 2014/23/UE de Adjudicación de Contratos de Concesión; Directiva 2014/24/UE de Contratación Pública; y Directiva 2014/25/UE de Contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Se trata de una oportunidad para una gran parte del mercado que las autoridades públicas pueden utilizar para impulsar e incorporar estos objetivos estratégicos en el elevado porcentaje del presupuesto estatal que se le asigna.
La contratación pública sostenible o ecológica (CPV) puede utilizarse como herramienta para mitigar el impacto medioambiental del sector público y proporcionar una señal de mercado fuerte para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono y la resiliencia de sectores económicos como la industria, la construcción, el transporte, la energía y la agricultura y ayudar a los Estados miembros de la UE a cumplir sus objetivos climáticos.
