¿Llegó la lora de modernizar las normas? Las Directivas de Contratación Pública de la UE, bajo revisión: retos, avances y expectativas
La Comisión Europea ha publicado un informe de síntesis con los resultados de la consulta pública realizada para evaluar el funcionamiento de las Directivas europeas sobre contratación pública, luego de 10 años de vigencia de las mismas. Desde su aprobación, se ha adoptado el Acuerdo de París y la Unión Europea ha marcado el rumbo de transformarse en líder internacional con el Pacto Verde Europeo y el Clean Industrial Deal. Con 733 respuestas de autoridades públicas, empresas, asociaciones, ONG, sindicatos y ciudadanos, el documento ofrece una visión completa sobre cómo estas normas están funcionando en la práctica y qué aspectos deben mejorarse.
Simplificar y digitalizar: un objetivo aún pendiente
Una parte significativa de los encuestados considera que las Directivas no han conseguido simplificar ni flexibilizar suficientemente los procedimientos de contratación. Solo el 42% cree que la digitalización ha reducido la carga administrativa, y un porcentaje menor valora positivamente su impacto en la agilidad de los procesos. Sin embargo, sí se reconoce una mejora clara en la transparencia: el 62% considera que las normas han facilitado la publicación y trazabilidad de los procedimientos, contribuyendo a una mayor integridad del sistema.
Acceso desigual al mercado y barreras para las PYME
Uno de los objetivos clave de las Directivas era facilitar el acceso a los mercados públicos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los operadores transfronterizos. Sin embargo, el 46% de los participantes cree que no se ha incrementado la competencia, y muchas autoridades públicas consideran que los procedimientos siguen siendo poco accesibles para operadores extranjeros. A pesar de ello, más de la mitad de los encuestados cree que se garantiza la igualdad de trato entre licitadores de distintos países de la UE.
Adjudicaciones basadas en el precio: una práctica cuestionada
Una de las críticas más señaladas en la consulta pública es la elevada frecuencia de adjudicaciones basadas exclusivamente en el precio. Casi la mitad de los encuestados (49%) considera que esta práctica es excesiva, y un 37% la interpreta como un indicio de malas prácticas de contratación. Esta percepción es especialmente marcada entre las asociaciones empresariales (57%) y las empresas (40%). Aunque algunas autoridades públicas (56%) creen que la calidad puede garantizarse mediante requisitos técnicos, sólo una minoría (27%) defiende que adjudicar solo por precio puede ser más eficiente en determinados contextos, como la adquisición de bienes homogéneos.
Contratación estratégica: un potencial todavía desaprovechado
Las autoridades públicas (56%) valoran que las Directivas han promovido la contratación ambiental, social e innovadora, pero las empresas discrepan notablemente. Una proporción significativa de encuestados considera que estas normas no han incentivado suficientemente a las empresas a mejorar su desempeño medioambiental ni a incorporar soluciones innovadoras o criterios sociales. Aunque una parte relevante del marco normativo sigue considerándose pertinente, hay una desconexión entre los objetivos estratégicos y su impacto real en el mercado. Pese a ello, existe cierto consenso sobre la pertinencia de mantener algunos instrumentos estratégicos: el 39% de los encuestados considera que las normas de contratación ambiental siguen siendo adecuadas, el 43% opina lo mismo respecto a las normas de contratación socialmente responsable, y el 32% considera válidas las normas de apoyo a la innovación —aunque otro 32% está en desacuerdo con estas últimas.
Coherencia, resiliencia y relación con otras políticas: cuestiones pendientes
El informe también señala dudas sobre la coherencia entre las Directivas y otras normas sectoriales de la UE, como la “Net Zero Industry Act” o la “Clean Vehicles Directive”. Además, casi la mitad de los encuestados no cree que las Directivas actuales sean adecuadas para fortalecer la resiliencia del mercado único europeo, ni para garantizar la seguridad del suministro en situaciones de crisis. En comparación con la contratación privada, la contratación pública bajo las Directivas es percibida como menos ágil, menos competitiva y menos innovadora, aunque más transparente.
Conclusión: necesidad de una revisión ambiciosa y adaptada al contexto actual
En conjunto, el informe revela un apoyo parcial al marco actual, pero también una demanda clara de reformas. La Comisión tendrá que abordar una serie de retos clave: mejorar la simplicidad y agilidad de los procedimientos, aumentar la participación de las PYME, reforzar la dimensión estratégica y asegurar una mayor coherencia con otras políticas de la UE. La próxima revisión de las Directivas será crucial para transformar la contratación pública en una herramienta eficaz para la transición verde, la resiliencia económica y la competitividad europea.
