Reglamento de la UE sobre el metano: un marco ambicioso y necesario
El Reglamento de la Unión Europea sobre el metano, adoptado en 2024, establece por primera vez normas obligatorias para la medición, el seguimiento, la notificación y la mitigación de las emisiones de metano en el sector energético europeo. Su ámbito abarca desde la producción y transporte de petróleo y gas hasta la explotación y cierre de minas de carbón, incluyendo las importaciones de combustibles fósiles. Con un enfoque progresivo pero firme, el reglamento reconoce al metano como un gas de efecto invernadero de alto impacto climático y busca reducir sus emisiones en toda la cadena de valor, dentro y fuera de las fronteras de la UE.
La nueva normativa introduce medidas concretas como inspecciones periódicas, programas obligatorios de detección y reparación de fugas (LDAR), límites estrictos al venteo y la quema en antorcha, y la creación de inventarios y planes de mitigación para pozos y minas abandonadas. También establece requisitos para los importadores, que deberán demostrar el cumplimiento de estándares equivalentes de medición y verificación (MRV) en los países de origen, así como reportar la intensidad de metano asociada a sus productos. Además, la Comisión Europea desarrollará herramientas de seguimiento satelital y bases de datos públicas para fomentar la transparencia y facilitar la acción frente a las superemisiones.
Este reglamento convierte a la UE en pionera global en la lucha contra el metano, al combinar ambición climática con mecanismos operativos realistas. La implementación gradual —con plazos que van desde los 9 meses hasta los próximos seis años— ofrece a los operadores tiempo suficiente para adaptarse. Al mismo tiempo, refuerza la seguridad energética al promover un uso más eficiente del gas fósil disponible, reduciendo pérdidas evitables y mejorando la resiliencia del sistema energético. La atención ahora debe centrarse en la aplicación rigurosa y en el cumplimiento efectivo, con el apoyo de los Estados miembros, las autoridades competentes y el sector privado.
