Madrid, 19 de junio de 2025.- En un momento decisivo para la acción climática y marcado por la necesidad de reforzar la competitividad industrial y avanzar hacia la descarbonización, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) presenta el informe “Cambio climático y contratación pública: 25 propuestas para una acción urgente”, un documento que propone medidas concretas para aprovechar el poder de compra de las Administraciones públicas como herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y una palanca económica e industrial para generar demanda temprana de soluciones innovadoras y bajas en carbono, acelerando el desarrollo de mercados líderes para tecnologías limpias y sostenibles.

El lanzamiento del informe coincide con un contexto político y normativo marcado por tres factores clave:

• La revisión en curso de las Directivas Europeas de Contratación Pública, que abre una oportunidad para reforzar los criterios ambientales en las compras del sector público.
• La elaboración del nuevo Plan de Contratación Pública Ecológica en España, previsto en la Estrategia de Contratación Pública del Estado, que debe integrar plenamente los objetivos climáticos y de economía circular.
• El agravamiento de los impactos del cambio climático, que ya se sienten con intensidad en todo el territorio nacional —olas de calor más frecuentes, sequías prolongadas y pérdida de biodiversidad—, y que exigen respuestas estructurales desde todos los niveles de gobierno.

En este escenario, ECODES propone 25 recomendaciones destinadas a transformar la contratación pública en un motor de transición ecológica, fomentando la innovación, el uso eficiente de recursos y la promoción de modelos sostenibles de producción y consumo.

“La contratación pública representa hasta el 12% del PIB en los países de la OCDE, y hasta el 30% en economías en desarrollo. Su potencial transformador es enorme, y por eso urge alinear ese poder de compra con los objetivos climáticos”, destaca el informe. 

En España, el nivel de gasto en contratación pública de 2023 alcanzó el 11,55% del PIB y el 24,87% del total del gasto público, tal y como se refleja en los datos publicados por Eurostat. Durante 2023, se licitaron 196.763 contratos (un 7,66% más que en 2022), por un importe total de 107.557,67 millones de euros (lo que implicaER un incremento del 8,56%).  

Jeannette Bain, directora adjunta de Políticas Públicas de ECODES, destaca que “La contratación pública representa una parte muy significativa del mercado que las Administraciones pueden y deben utilizar para integrar objetivos estratégicos como la descarbonización, la eficiencia de recursos o la innovación sostenible en un alto porcentaje del presupuesto público. No puede seguir guiándose únicamente por el criterio del menor coste, sino que es una oportunidad única para alinear el gasto público con el futuro que necesitamos”.

El documento plantea cinco principios clave que deberían guiar la acción pública en este ámbito: compromiso institucional con la lucha climática, contratación pública responsable e innovadora, gestión eficiente de los recursos públicos y naturales, cooperación con los agentes sociales, económicos y cívicos, y transparencia y rendición de cuentas en la contratación.  

Las propuestas de ECODES están dirigidas a todos los niveles de la Administración, desde la local a la estatal, e invitan a pasar del diagnóstico a la acción.  Se basan en aprendizajes reales, innovaciones existentes y experiencias exitosas en múltiples niveles administrativos. El informe también pretende ser una aportación útil a los debates europeos en curso, al nuevo Plan Nacional de Contratación Pública Ecológica y a la necesidad de adaptar los marcos normativos a los compromisos del Pacto Verde Europeo, el Clean Industrial Deal y los objetivos climáticos.

Para ello, el documento propone un plan estratégico de compra pública que sirva de guía para adquirir productos y servicios realmente necesarios, de larga duración y con el menor impacto negativo en el medio ambiente. Además, plantea que las Administraciones colaboren a nivel internacional compartiendo objetivos y propuestas innovadoras, bonifiquen o distingan a las empresas que trabajen de forma efectiva por la descarbonización y se realicen auditorías para comprobar si se incorporan criterios ambientales y sociales en los pliegos de las licitaciones.

Bettina Schaefer, una de las autoras del informe, señala la importancia de que los productos y servicios hayan sido fabricados con un uso eficiente de los recursos y teniendo en cuenta la reutilización y el reciclaje, al tiempo que señala que “ya existen soluciones técnicas viables para introducir criterios climáticos en los contratos públicos, pero es necesario un impulso político decidido. Las compras del sector público deben ser coherentes con la urgencia que atravesamos”. 

Las propuestas incluyen contemplar la obligación de que toda la contratación pública sea sostenible,  introducir criterios que fomenten la descarbonización y la obligación que contemple su contribución a la reducción de todo tipo de emisiones contaminantes, también reforzar la economía circular y  crear los mecanismos legales que favorezcan la compra de proximidad y el km 0. Uno de los principales objetivos es que tanto las Administraciones como las empresas contribuyan activamente a reducir las emisiones de gases contaminantes.

Inversión, formación e incentivos 

En cuanto a la inversión que la Administración realiza en obras públicas (carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales o mercados, entre otras), ECODES propone tener en cuenta los costes de la vida de este tipo de infraestructuras, convertir los equipamientos públicos en un ejemplo de instalaciones sostenibles, promover la innovación tecnológica y social aprovechando los espacios públicos existentes para experimentar y reducir o eliminar las emisiones de dióxido de carbono que se producen a causa de la construcción y mantenimiento de las infraestructuras públicas para conseguir que las ciudades sean climáticamente neutras antes de 2050.

La formación para los compradores de las Administraciones públicas es otra de las aportaciones de este informe. En ese sentido, se les insta a que organicen o realicen cursos sobre contratación pública sostenible, participen en plataformas o grupos de trabajo y de intercambio entre compradores, todo ello con el objetivo de  facilitar el soporte técnico para incluir criterios medioambientales en los pliegos de las licitaciones.

Finalmente, en el grupo de acciones de incentivo, se propone el reconocimiento de los esfuerzos de las empresas que se comprometen con la descarbonización, promover centrales de compra pública para que se puedan abaratar los precios licitando en grandes cantidades los contratos, celebrar jornadas anuales sobre la compra pública sostenible y establecer una red para conectar a las autoridades públicas en materia de contratación responsable con el medio ambiente y la sociedad. 

“Con la puesta en marcha de estas medidas, no solo se consolida una cultura administrativa orientada al bien común, sino que se reducirían de forma considerable las emisiones derivadas del gasto público al tiempo que se estimularía la economía verde, generando empleo de calidad”, concluye Jeannette Bain. 

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