ECODES ha elaborado un informe que analiza el grado de implantación de las iniciativas planteadas en este instrumento

La incapacidad para preservar una calidad de vida y salud dignos debido a la falta de una calefacción, refrigeración e iluminación adecuadas se torna más relevante conforme las situaciones climáticas se hacen más extremas. Por ello, es necesario combatir las desigualdades existentes en cuanto al acceso a la energía.

Ante esta realidad, el 5 de abril de 2019 se aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, siguiendo el camino marcado por la Unión Europea, que desde 2009 ha ido incluyendo el concepto en distintas directivas vinculadas a la electricidad y el gas, y en 2016 creó el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Aunque fue recibido como un documento muy acertado y ambicioso, ya en su publicación se percibieron algunas debilidades como la no concreción en las cuantías necesarias dentro de las partidas presupuestarias o la falta de obligatoriedad hacia las compañías eléctricas que operan en el mercado español.

Ahora, y una vez llegado al ecuador de su aplicación, ECODES ha elaborado un informe que analiza el desarrollo de las medidas planteadas en la Estrategia, examinando qué propuestas están al día según lo previsto y cuáles requieren de un mayor énfasis.

Por desgracia, tras casi dos años y medio desde la aprobación de la hoja de ruta, casi la mitad de las iniciativas propuestas no se han puesto en marcha —cuando la previsión era haberlas iniciado todas para 2020—, y solo una cuarta parte se están desarrollando según los plazos previstos. En este sentido, cabe destacar además que aquellas que ya han arrancado lo han hecho al calor de otros planes, como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 o la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España 2020.

Esta realidad ha provocado que medidas tan importantes como la concesión automática del bono social —reivindicación constante de las entidades sociales ante la complejidad de su solicitud para las familias vulnerables— o la elaboración del protocolo para detectar situaciones de pobreza energética por parte de los profesionales de atención primaria de salud sigan a la espera. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que muchos avances en cuanto a la protección de la población en situación de vulnerabilidad se han vinculado a la pandemia de la COVID-19. Es necesario que, una vez que esta situación mejore, los avances realizados sirvan de base en torno a la que construir el resto de las necesarias medidas reflejadas en la Estrategia.

Finalmente, aunque los datos reflejan que durante el año 2019 se cumplieron las expectativas mínimas de reducción de la pobreza energética —los valores de los indicadores principales se redujeron en una media de 8,45%, siendo el objetivo mínimo de un 5% y de un 10% el máximo—, se debe aspirar a la meta de disminuir los indicadores en un 50% para 2024. “Las buenas iniciativas que refleja la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética son más necesarias ahora que nunca. Por ello, seguiremos analizando atentamente su evolución, así como desarrollando proyectos encaminados a frenar esta situación que afecta a más de tres millones de hogares españoles”, concluye Cecilia Foronda, directora del Área de Energía y Personas de ECODES.

Más información:

Descarga el informe Dos años de Estrategia contra la Pobreza Energética

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