Aplicación y uso de los ingresos del ETS2 en España
Nos encontramos en un momento en el que la política climática se encuentra en una situación muy compleja, sobre todo si tenemos en cuenta que hace poco tiempo era básicamente de sentido común. La crisis de la vivienda en particular, y la crisis del coste de la vida en general, se relacionan con demasiada frecuencia con temas medioambientales como la eficiencia energética y la sostenibilidad alimentaria.
Diversos partidos de extrema derecha y otros grupos de presión culpan a las políticas medioambientales de generar pocos beneficios para la población en su conjunto, mientras enriquecen o sirven a una supuesta élite global.
A pesar de ello, los signos de los efectos del calentamiento global provocado por el ser humano son cada vez más evidentes, especialmente en España, donde los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y las temperaturas están aumentando, con los 11 años más cálidos de la serie histórica —que registra las temperaturas anuales desde 1969 hasta la actualidad— en el siglo XXI.
Políticas como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE) han contribuido a reducir este efecto, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los distintos sectores que se han visto afectados hasta ahora, bajo la premisa de «quien contamina paga».
Sectores como el de la proddución de energía han visto reducidas considerablemente sus emisiones en España desde la entrada en vigor del RCDE. Sin embargo, las emisiones de los sectores aún no incluidos en el RCDE se mantienen por encima de los niveles de 1990. Esto es especialmente evidente en el caso del transporte por carretera, donde las emisiones apenas se han reducido, salvo una ligera disminución tras el cambio de siglo.
¿Cuáles son las medidas necesarias para acompañar al RCDE2 con unas políticas climáticas y sociales sólidas?
El abono para uso del transporte público colectivo urbano, metropolitano e interurbano, así como la bicicleta eléctrica pública dirigida a usuarios del transporte vulnerables o el apoyo a la rehabilitación integral de viviendas vulnerables a escala de barrio y de viviendas en alquiler son algunas de las propuestas.
