La legitimidad social no se decreta, se construye: minería, baterías y transición ecológica justa

La Ley de Minas de España es de las pocas, si no la única, que se mantiene intacta desde la dictadura franquista: aprobada en 1973, preconstitucional, pensada para fomentar la extracción sin apenas condicionantes ambientales ni sociales. Bajo este contexto, 7 de los 47 proyectos estratégicos de materias primas que la Comisión Europea seleccionó están en territorio español, entre extracción y procesado de cobre, litio y otros minerales considerados esenciales para la descarbonización de la economía y el continente. El Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029 de España y el nuevo Reglamento europeo de Materias Primas Fundamentales (CRMA) terminaron de dar cobertura política a un sector que vive casi de espaldas al debate político, que no público.

El razonamiento de fondo es conocido: no hay descarbonización sin baterías, y no hay baterías sin litio, cobalto, níquel, manganeso o grafito. Europa importa hoy en torno al 87% del litio que consume, y el propio CRMA fija que, a partir de 2030, ningún Estado miembro podrá depender de un único tercer país para más del 65% de sus materias primas críticas. España, con una geología favorable y una industria automovilística que representa el 10% del PIB y casi dos millones de empleos según el sector, aparece como una pieza lógica de ese rompecabezas.

Pero conviene no perder de vista un dato incómodo: los minerales no están donde más conviene, sino donde la geología los depositó. El cobre español se concentra en la Faja Pirítica Ibérica; las principales expectativas de litio se sitúan en Extremadura y Galicia; buena parte del resto del potencial minero -wolframio, feldespato, magnesio- aparece en Castilla y León o Andalucía. Esto no es un detalle técnico: significa que el debate no puede plantearse en términos de "sí a la minería" o "no a la minería" en abstracto, sino de cómo y en qué condiciones se hace allí donde el recurso existe, casi siempre en comarcas rurales, con menor densidad de población y menor capacidad de negociación frente al capital industrial que llega de fuera.

España no solo entra en el mapa de la extracción, sino en el de toda la cadena de valor. Los proyectos anunciados o en marcha, tanto en minería como en fabricación de baterías, pretenden aprovechar las oportunidades industriales de nuestro país. Minería y manufactura de baterías dejan así casi de ser dos debates paralelos para convertirse en un mismo continuo industrial: lo que se extraiga en suelo español puede terminar procesado, convertido en celda y montado en un vehículo sin salir del país. O al menos eso se anhela en Europa. A ello se suma el reciclaje: el nuevo Reglamento de Baterías requiere recuperar al menos el 90% del cobalto y el níquel, y progresivamente hasta el 80% del litio, lo que abre además la puerta a que España se convierta también en un actor relevante de la industria del reciclaje.

Esta cadena completa -mina, planta de procesado, factoría, reciclaje- es una oportunidad industrial real, sí, pero también multiplica los puntos donde puede fallar la legitimidad social si no se gestiona con el mismo rigor cada eslabón. Y aquí conviene precisar algo que suele simplificarse: el problema no es tanto el rechazo como el desconocimiento. Un estudio de 2025 revelaba que el 63% de los españoles creía que la minería debería impulsarse y el 52% la considera un sector clave, pero ocho de cada diez desconocían que genera más de 320.000 empleos en España, y casi la mitad ni siquiera sabe cómo reaccionaría si un proyecto se abriera cerca de su localidad. No es tanto un país dividido como un país que no ha tenido la información -ni la conversación- necesaria. La escala de lo que está en juego tampoco ayuda a improvisar.

Esta transición minera, o nueva industria minera, y el despliegue de la industria de baterías, sólo será viable si se construye desde el principio de la transición ecológica y justa, no como un añadido de última hora. España cuenta con precedentes útiles, aunque mejorables: los acuerdos y convenios de transición justa firmados tras el cierre de la minería del carbón, que combinaron ayudas a la reconversión, protocolos de gobernanza con sindicatos y administraciones, y restauración ambiental. Ese modelo, con todos sus límites, demuestra que es posible -y obligatorio- sentar en la misma mesa a empresas, trabajadores, administraciones y ciudadanía del territorio antes de que el conflicto estalle. Y demuestra también algo más básico: que esa mesa debe montarse en la fase previa al proyecto, no después, para que contribuya no solo a su implantación sino también a su diseño. Necesitamos un diagnóstico compartido con el territorio sobre expectativas, riesgos y condiciones aceptables, antes de que la ingeniería, la inversión y las posiciones queden cerradas.

Mientras tanto, la reforma de la Ley de Minas sigue siendo la gran ausente. Se ha planteado en varias ocasiones -la última, una proposición de ley en 2022, que decayó sin apenas recorrido- y el propio sector ha defendido públicamente esperar a que se cierre la normativa europea de materias primas críticas antes de tocarla. El resultado es que los proyectos estratégicos de esta década avanzan sobre un armazón legal de 1973, diseñado para otro país y otro momento, sin participación ciudadana reforzada, sin restauración obligatoria homologable a estándares actuales y sin condicionantes ambientales pensados para la magnitud de lo que viene.

¿Qué significa todo esto en términos concretos? Primero, legitimidad social entendida como proceso, no como trámite. Segundo, participación efectiva de ayuntamientos y comunidades en el diseño de los proyectos con capacidad real de modificar o condicionar aquello que no cumpla estándares suficientes. Tercero, reparto territorial del valor generado: empleo de calidad, fiscalidad que quede en el territorio, retornos y compromisos vinculantes de restauración al cierre de la actividad. Cuarto, diligencia debida en derechos humanos y medioambiente que no se limite a lo que ocurre en España, sino que se exija con el mismo rigor a los materiales y componentes importados: sería un doble rasero inaceptable exigir aquí estándares que no reclamamos a terceros países de los que seguiremos dependiendo durante años, incluso cuando la producción local aumente.

Ese doble rasero es, de hecho, evitable, y la propia Unión Europea acaba de dar pistas de cómo. El Paquete de Automoción presentado en diciembre de 2025 incluye una Battery Booster Strategy que pretende movilizar 1.500 millones de euros para la industria europea, junto con la Ley de Aceleración Industrial que impondrá condiciones de contenido europeo a la inversión en sectores estratégicos. La discusión sobre cómo de exigente debe ser esa condición se está dando ahora mismo en Europa: un "Made in Europe" estricto frente a un "Made with Europe" más flexible. Esto es geopolítica industrial: definir qué parte de la cadena crítica tendrá que producirse realmente en suelo europeo, y por tanto en suelo español, para acceder a fondos públicos. 

Las administraciones deberían de condicionar los apoyos públicos -fondos europeos, avales, agilización de permisos- al cumplimiento estricto de estos criterios ambientales y sociales, y que lo hagan exigible desde el primer momento del proyecto, no como una revisión posterior. Por su parte, las empresas del sector, deberían de entender la transparencia, la participación temprana y la percepción social de cada territorio no como una carga regulatoria, sino como la única vía para evitar años de parálisis, litigios y rechazo social.

España puede aprovechar esta ventana industrial sin sacrificar biodiversidad, agua o confianza territorial. Pero solo si se abandona la idea de que existe una minería "sostenible" o "responsable" por definición, un concepto que se ha vaciado de contenido a fuerza de repetirse sin condiciones verificables detrás. La legitimidad social no se decreta desde Madrid ni desde Bruselas: se construye, proyecto a proyecto, con quienes van a convivir con la mina, la planta o la fábrica durante décadas. La transición hacia una economía descarbonizada, y la electrificación del transporte que la acompaña, solo merecerá llamarse transición si es, también, ecológica, justa e inclusiva.