Visibilizar la relación entre las actividades de las empresas de la Unión Europea con la emergencia climática en general y con las migraciones climáticas en particular y, a la vez, incidir en el marco regulatorio de la conducta empresarial. Éste es el principal objetivo del informe El papel del sector privado europeo ante las migraciones climáticas. Una propuesta de debida diligencia, elaborado por ECODES dentro del proyecto Migraciones Climáticas.

Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), las migraciones climáticas constituyen una subcategoría de las migraciones ambientales y “comprenden el traslado de una persona o grupos de personas que, predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, u optan por hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional”.

Según el Internal Displacement Monitoring Centre, en 2019 tuvieron lugar 24,9 millones de nuevos desplazamientos y se alcanzó un nuevo récord: el 75% del total de nuevos desplazamientos se debieron a desastres que en su mayoría pueden asociarse directa o indirectamente con el cambio climático.

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El informe concluye que es imprescindible y urgente que la Unión Europea integre las migraciones climáticas en sus políticas. En este sentido, señala que “resulta fundamental que especialmente aquellas empresas que más contribuyen a la emergencia climática tomen en serio su deuda climática y de derechos humanos, así como su consiguiente responsabilidad y actúen en consecuencia con la protección de la vida. En este sentido, es imprescindible trabajar porque las políticas climáticas no contribuyan a la expulsión de las poblaciones”.

Además, sugiere que la nueva normativa haga referencia a la justicia global y climática, así como a las relaciones desiguales en el contexto de la globalización y a la responsabilidad del Norte global y, en concreto, de la Unión Europea y sus empresas.

Asimismo, propone la inclusión de una referencia explícita a las emisiones de gases de efecto invernadero de las que también son responsables las empresas de la UE y sus repercusiones globales, especialmente para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como pueden ser las personas migrantes climáticas.

El informe se ha elaborado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la convocatoria para el año 2020 de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones No Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.

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