Antes del final de 2024, el Gobierno de España debe definir las penalizaciones a aplicar a las empresas suministradoras de combustible para aviones que no cumplan con la regulación europea.

El 31 de diciembre es una fecha clave para la aviación española y para las esperanzas puestas en la reducción de emisiones en un sector tan difícil y tan importante de descarbonizar. En primer lugar, es difícil porque las necesidades de un sector, en auge y dependiente del turismo, no pueden ser satisfechas por la tecnología existente.

En segundo lugar, y como consecuencia de la lenta descarbonización -y la incipiente demanda-, la aviación española representó el 1,2% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) y teniendo en cuenta los efectos de los contrails o estelas de vapor de agua, que incrementan el calentamiento global, podría suponer el 4% de las emisiones y aumentará gradualmente su cuota en el cómputo global debido a la rápida electrificación y aumento de la eficiencia energética de otros sectores y subsectores.

Para abordar el sector, el reglamento europeo ReFuelEU establece la obligación de utilizar un 2% en 2025 hasta un 70% de combustible sostenible obligatorio en 2050, pasando por un sub-objetivo del 1,2% en 2030 y un 35% de combustible neutro en carbono en 2050. El 31 de diciembre de 2024, los 27 Estados de la Unión Europea habrán tenido que fijar las penalizaciones para los suministradores de combustible que no cumplan con la obligación de ReFuelEU desde 2025.  Adoptando estos combustibles, las emisiones de los aviones podrían reducirse, dependiendo del origen de la materia prima, hasta un 84%, o en caso de los combustibles neutros en carbono, como su propio nombre indica, hasta un 100%".

Es necesario que las penalizaciones actúen como incentivo a la reducción de emisiones en la aviación. 2025 es una fecha clave, ya que marca el comienzo del uso obligatorio de combustibles sostenibles en sustitución del queroseno fósil, y que sienta las bases para la inevitable utilización de combustible neutro en carbono a partir de 2030. 

De acuerdo con T&E, para que estas penalizaciones no supongan un precio menor a pagar que la propia producción del combustible, con un precio medio de 2.774€ en comparación al coste medio de 800€ por tonelada de queroseno fósil, al menos, los países deberían fijar en 3.948€ por tonelada de combustible proveniente de residuos. En España en 2023, el 100% del combustible HEFA, que es el combustible utilizado en aviación a partir de residuos, provino de aceite de cocina usado. 

Únicamente estableciendo penalizaciones de al menos, el doble de la diferencia del precio entre el queroseno convencional y el combustible distinto al fósil, -especialmente el neutro en carbono- y multiplicado por la cantidad de combustible restante para alcanzar los objetivos mínimos del Reglamento, será una medida efectiva para mejorar la salud de la ciudadanía en el corto plazo.

En el caso del combustible neutro en carbono, se asume un precio medio entre 4.900 y 9.000€ por tonelada y debería suponer una penalización de entre 8.100 y 16.300€ para no desincentivar su utilización.

Por ello, desde ECODES, alentamos al Gobierno de España a:

  • Asegurar la reducción de emisiones y mejorar la salud de la ciudadanía mediante la fijación de penalizaciones de cuantía suficiente a los suministradores para que no decidan afrontar penalizaciones menos costosas que la propia producción del combustible.  
  • Explorar líneas de financiación ad hoc para impulsar la producción y reducción de precio de combustible neutro en carbono.

Consulta el informe

Más información:

Marcos Raufast
Responsable de Proyectos
marcos.raufast@ecodes.org

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