ECODES valora positivamente la inclusión de e-créditos en el Real Decreto de fomento de los combustibles renovables, pero le preocupa el riesgo de promover los biocombustibles sin salvaguardias suficientes

La descarbonización del transporte por carretera pasa necesariamente por la electrificación. En ese sentido, valoramos que los objetivos se planteen en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y no solo de penetración de combustibles renovables, porque así se prioriza lo que realmente importa: la electricidad renovable es la que más reduce emisiones.  

Desde ECODES, consideramos de manera positiva que se incluya en este Real Decreto el mecanismo de e-credits, que venimos impulsando desde 2019, y se apruebe su puesta en marcha, cumpliendo asimismo con lo que obliga la Directiva de Energías Renovables (DERIII). 

Cristian Quílez, responsable de Transporte y Movilidad de ECODES, destaca que: 

“El mecanismo aprobado por España coincide de fondo con lo que planteábamos: un sistema de créditos transferibles entre quien suministra electricidad renovable a coches eléctricos y quien tiene que cumplir objetivos de descarbonización. También recoge la posibilidad de que un crédito agregue el consumo de varios puntos de recarga, como proponíamos”. 

Además, es beneficioso que se hayan incluido, como pedíamos, los puntos de recarga privada, que quedaban fuera en la primera versión del texto. Sin embargo, consideramos que en algunos puntos el diseño se podría mejorar, siguiendo ejemplos exitosos, como el modelo californiano:

La cobertura inicial se limita a la recarga pública: solo esos puntos generan créditos desde el primer día. La recarga privada —flotas, empresas o doméstica— queda pendiente de una orden ministerial futura, y además condicionada a demostrar que la electricidad se destina exclusivamente a vehículos eléctricos. Debería habilitarse un régimen transitorio para la carga privada, dada la relevancia que reviste este ámbito para el sector de camiones y flotas. 

Los créditos se establecen por energía, no por emisiones evitadas. Un objetivo basado en toneladas de CO2 evitadas, como en California, incentiva mejor las opciones más limpias del mercado que un simple objetivo energético. España ha optado por el enfoque energético, más simple de gestionar pero menos afinado.

Sin asignación de ingresos: no existe obligación de destinar lo recaudado por la venta de créditos a impulsar la electromovilidad. Establecerla permitiría un retorno y ayudaría a fomentar la electromovilidad. 

Quedan todavía por determinar muchos puntos. La metodología de cálculo, las garantías de origen, los requisitos técnicos para la carga privada… todo eso se remite a órdenes ministeriales posteriores. Esperemos que al establecer estos puntos se muestre la ambición necesaria para impulsar fundamentalmente la electromovilidad, clave para la descarbonización del transporte y en particular del transporte por carretera.

Aunque valoramos positivamente  la importancia dada a la electrificación del transporte, así como la creación de un Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad, nos preocupan varios puntos del texto, que podrían poner en peligro la sostenibilidad real de la transición del transporte. Los biocombustibles realmente sostenibles son limitados y se han destacado casos de fraude que el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad previsto no podrá resolver necesariamente. Son los siguientes: 

Para los biocombustibles, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad solo abarcará desde el almacenamiento en las instalaciones de logística hasta su puesta en consumo en territorio nacional, lo que significa que no se tendrá en cuenta todo el ciclo de vida y abre la puerta a casos de fraude en los puntos de origen y de recogida, como ha ocurrido en varios países de los que importamos en el último año.

No se asocia ninguna infracción al incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, cuando aparecía en la versión anterior como infracción grave, lo que nos parece insuficiente, ya que se hubiera debido clasificar como infracción muy grave.

Los mecanismos de flexibilidad establecidos, asociados a objetivos específicos para el transporte por carretera, favorecen de manera desproporcionada el uso de biocombustibles en este modo de transporte frente al uso de combustibles renovables de origen no biológico (CRONB) y al uso en otros modos de transporte. Recordamos que la disponibilidad de materias primas sostenibles es limitada.

La electrificación del ferrocarril no se presenta como la prioridad para el sector, y la ambición para la reducción de emisiones en este sector ha sido dividida por dos entre la versión previa del Real Decreto y la versión final. Además, abre la puerta al uso de biodiesel en el transporte ferroviario. 

Sin embargo, valoramos positivamente que la legislación española sea más ambiciosa que la Unión Europea a la hora de restringir los biocombustibles a partir de cultivos, aunque no aparezca en este Real Decreto. Están limitados a un 2,6% en la orden TED 1342/2022 y queremos insistir en la importancia de no subir este límite, dado el impacto que tienen los biocombustibles a partir de cultivos en el medio ambiente, la seguridad alimentaria, los suelos y la deforestación. 

Por esta razón, se ha prohibido en varios países el uso del aceite de soja en los biocombustibles, por su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cambio de uso de suelo. El Real Decreto no abre la puerta a la prohibición de esta materia prima a nivel español, pero nos parece imprescindible contemplar este próximo paso para asegurar la sostenibilidad real de los biocombustibles.

En definitiva, ECODES celebra que España haya dado el paso de implementar los e-créditos y de reforzar el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad, pero insiste en que las próximas órdenes ministeriales deberán resolver los flecos pendientes con ambición, priorizando la electrificación como motor real de la descarbonización del transporte y blindando el uso de biocombustibles frente al riesgo de fraude.