ECODES reivindica los recursos necesarios para la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética
El pasado viernes 23 de Enero de 2025 el Gobierno abrió el periodo de consulta previa para la elaboración de la nueva estrategia contra la pobreza energética. Desde ECODES hemos analizado los resultados y el grado de implementación de la estrategia anterior que abarcaba el periodo 20219- 2024 para que sirva como punto de partida.
En los dos últimos años no se han publicado los indicadores de pobreza energética que recoge la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2019-2024, pero solo con aquellos que pueden extraerse directamente de la Encueta de Condiciones de Vida (INE, 2023), se concluye claramente, que a pesar de que la ENPE recogía 19 medidas bien orientadas, no se ha logrado el objetivo mínimo de una reducción del 25% de los indicadores de pobreza energética en 2025. Por el contrario, el indicador que mide la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno se ha multiplicado por 2,5, llegando a afectar a un 20,7 % de la población española y el de retraso en el pago de facturas ha aumentado 1,3 veces. Tan solo se observa una ligera reducción en los indicadores relacionados con el gasto desproporcionado y la pobreza energética escondida, aunque solo se conocen los valores de 2021.
Una nueva estrategia de pobreza energética que supere la anterior
La medición y publicación de los indicadores de pobreza energética era una de las medias básicas de la ENPE, crucial para poder hacer seguimiento de los resultados de la misma. Mientras que los dos primeros años MITECO publicó los indicadores de pobreza energética, aunque en diciembre en lugar de octubre como estaba recogido, en los dos últimos años no se han publicado. Además, la problemática de la pobreza energética en verano está cobrando especial relevancia en España dadas las intensas y persistentes olas de calor que estamos sufriendo en los último años, por lo que habría sido necesaria la inclusión del indicador de la incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en verano, como ya se recoge por ejemplo en la propuesta de indicadores del Energy Poverty Advisory Hub. Los dos años en los que se han publicado los indicadores se incorporan matices interesantes como la disgregación de la población en régimen de alquiler, distinguiendo la población en régimen de alquiler a precio de mercado y la población en régimen de alquiler a precio reducido, pero no así los indicadores por sexo que sería de mucha relevancia dada la existencia de estudios que muestran una clara feminización de la PE.
Otra de las acciones más esperadas e la ENPE era la creación de un nuevo bono social energético que atendiera a tres principios- universalidad de fuentes suministro, automatización y coordinación entre administraciones públicas. Las medidas del escudo social para afrontar crisis de la COVID y la posterior crisis energética incluyeron mejoras del bono social existente como el aumento de los porcentajes de descuento, que se han prorrogado en diversas ocasiones, y la inclusión de forma temporal de nuevo colectivos como beneficiarios (bono de justicia energética). En estos momentos, esta medidas han ido decayendo quedando únicamente como permanente una ampliación del descuento del bono social existente llegando a 35 % para consumidores vulnerables y 50% para vulnerables severos al término de la estrategia (antes 25 % y 40 % respectivamente). Estas medidas han supuesto reformas del bono existente, pero no se ha desarrollado un nuevo bono social atendiendo a los tres principios planteados en la medida: la coordinación entre administraciones públicas, la universalidad de las fuentes de suministro —puesto que el bono social eléctrico y el término funcionan de formas muy diferentes y ambos existían antes de la aprobación de la ENPE y, sobre todo, la automatización del otorgamiento del bono, que muchas organizaciones de la sociedad civil conciben como una medida esencial para ampliar la cobertura de los distintos bonos de apoyo y, por tanto, garantizar el acceso a la energía de la población más vulnerable y sacarla de situaciones de pobreza energética.
Los datos de la iniciativa promovida por ECODES "Ni un hogar sin energía" muestran que un 75 % de los hogares con derecho al bono social no lo están percibiendo, un 70% según Cruz Roja. Cifras similares arroja el estudio de EsadeEcPol que indica que la tasa de cobertura del bono en 2022 fue del 24,5%. La automatización en la concesión del bono social es una de las medidas prioritarias para aumentar el número de beneficiarios venciendo las barreras que supone el desconocimiento y la dificultad de tramitación.
La estrategia ha puesto en marcha el Suministro Mínimo Vital para garantizar el acceso a la energía a todo consumidor vulnerable perceptor del bono social en virtud del cual, en el caso de impagos, en lugar de un corte, la potencia del hogar será reducida a “una potencia límite que garantiza unas condiciones mínimas de confort”, y se impedirá la interrupción de dicho suministro durante 6 meses adicionales, ampliando el plazo de 4 inicialmente considerado en la estrategia. Sin embargo, no se han establecido medidas de protección a los consumidores ante fenómenos meteorológicos extremos de forma estructural, tan solo se publicaron medidas de urgencia y coyunturales tras el fenómeno de la DANA sucedido en octubre de 2024.
La estrategia también recogía un capítulo de medidas encaminadas a resolver la pobreza energética de forma estructural como son la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de las viviendas y el acceso a viviendas de alquiler social, donde ha habido avances importantes, aunque no se ha conseguido el 100 % de lo planteado. Dentro de los diferentes programas coordinados a nivel estatal, no hay ningún programa de rehabilitación de viviendas que cumpla la totalidad de los objetivos planteados para la medida de rehabilitación exprés, puesto que ninguno de ellos llega a cubrir el 100% de los costes y ninguno ha sido diseñado específicamente para la rehabilitación energética de las viviendas de hogares en situación de pobreza energética. Como avance se puede citar la creación de los certificados de ahorro energético sociales publicadas en julio de 2024 que recogen algunas de las actuaciones consideradas de rehabilitación exprés cuyos beneficiarios son hogares en pobreza energética pero tampoco cubre el 100 % del coste. En cuanto a ayudas a la sustitución de equipamiento, solo 7 comunidades autónomas tienen ayudas a la sustitución de calderas o equipos de climatización, y 5 a la sustitución de electrodomésticos. De todas ellas, según la información disponible en la base de datos del IDAE solo Galicia dispone de un programa de sustitución de electrodomésticos que ofrezca ayudas adicionales a hogares en situación de vulnerabilidad. En casi ningún caso se alcanza la cobertura del 100% de los costes, en particular si se consideran los electrodomésticos más eficientes. Destaca que entre los elementos de climatización no se incluyan equipos de refrigeración, salvo en Murcia, obviando de nuevo las problemáticas vinculadas a la pobreza energética en verano.
El programa de ayudas a la rehabilitación a nivel de barrio y de edificios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha supuesto un gran avance para los hogares en situación de pobreza energética ya que cubre la totalidad de los costes de la rehabilitación de los hogares en situación de vulnerabilidad, ofrece anticipos y apoyo en las oficinas de rehabilitación.
Además las ayudas no aumentan la base imponible en el IRPF evitando que se pierdan otras ayudas. No obstante, los datos a los que hemos tenido acceso, a través de consultas a los gobiernos autonómicos, arrojan que las solicitudes de estas ayudas por parte hogares en situación de vulnerabilidad son muy bajas, menores al 1% de las solicitudes o las concesiones
Con respecto a las medidas contempladas de apoyo a los profesionales, no se ha realizado ningún avance al respecto. No se ha elaborado un protocolo de para detectar situaciones de pobreza energética por parte de los profesionales de atención primaria de salud; tampoco se ha avanzado en homogeneización de la gestión de la información y en la comunicación entre organismos públicos que se plantea como fundamental la estrategia y que es, efectivamente, muy relevante para una mayor eficiencia en el despliegue de las medidas de apoyo social, como sería la automatización del bono social eléctrico, o la prohibición de cortes de suministros para los hogares en situación de pobreza energética o que hayan sufrido situaciones meteorológicas extremas. Se proponía la centralización de las ayudas relacionadas con la pobreza energética en la Tarjeta Social Universal pero no se ha avanzado en esa línea.
La estrategia planteaba soluciones para la mejora de la información y la formación a las consumidoras como campañas de concienciación colectiva sobre el problema de la pobreza energética y la creación de una web de referencia sobre la temática pero no se han desarrollado. También proponía medidas de información al consumidor sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de la eficiencia energética que han quedado cubierta por las campañas impulsadas por IDAE. Sin embargo, han sido difundidas principalmente a través de canales virtuales (redes sociales, web, etc.) que no son usados de forma habitual por los colectivos en pobreza energética. Especialmente preocupante ha sido la falta de campañas de información sobre la existencia del bono social, los requisitos y los pasos a seguir para solicitarlo, así como la puesta en marcha de servicios de acompañamiento para tramitarlo que podrían haber disminuido las cifras de potenciales beneficiarios del bono social que no lo están percibiendo, mencionadas anteriormente.
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 era ambiciosa en cuanto a objetivos e integralidad de las medidas recogidas para abordar las diferentes aristas de la pobreza energética. Sin embargo, no se ha puesto en marcha el plan que contemplaba para su desarrollo lo que ha derivado en que tan solo un 21 % de las medidas se hayan implementado completamente y que muchas de ellas hayan sido consecuencia, no tanto de la planificación, sino de la necesidad de dar respuesta a la crisis de la COVID y, posteriormente, a la crisis energética como han sido la creación del suministro mínimo vital, la ampliación de los descuentos del bono social o la inclusión de nuevos colectivos como beneficiarios del mismo, así como las medidas de rehabilitación de vivienda vinculadas al plan de recuperación transformación y resiliencia. Además, un 42 % de las medias no se han puesto en marcha, entre las que se encontraba un nuevo bono social energético.
La estrategia también establecía órganos de asesoramiento y consulta para facilitar la coordinación y el trabajo conjunto entre los ministerios, las comunidades autónomas, los organismos locales y las organizaciones sociales que trabajan en pobreza energética, como la mesa social de pobreza energética ampliamente demandada por la sociedad civil, y que se ha solicitado en numerosas ocasiones pero que no se ha puesto en marcha.
Reivindicamos, por tanto, una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que no sea solo ambiciosa, sino que también cuente desde el primer momento con los planes y recursos suficientes para ponerla en marcha, con sistemas de evaluación que midan su grado de implementación y efectividad, así como con la participación y coordinación con los actores relevante tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Los indicadores de pobreza energética no han dejado de aumentar pese a tener una buena estrategia que marcaba una buena senda para atajarla. La nueva estrategia no puede caer en los mismos errores. Es tiempo de actuar.
En esta iniciativa participan:
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