Entre el 9,5 y el 16,4% de los hogares españoles se encuentran en situación de pobreza energética (MITECO, diciembre 2022, datos correspondientes a 2021), atendiendo a los diferentes indicadores reflejados en la Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza energética:

• Un 16,4 % de los españoles tiene un gasto energético desproporcionado sobre sus ingresos.
• Un 9,3% sufren pobreza energética escondida. Es decir, tiene un gasto energético inferior al que deberían, no alcanzando así niveles de confort en su hogar.
• Un 14,3% de los españoles no es capaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
• Un 9,5 % de los españoles incurrieron en retrasos en el pago de las facturas de suministros energéticos.

Los datos publicados revelen que las medidas puestas en marcha congelan el crecimiento de la pobreza energética. Todos los indicadores publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico bajaron, salvo el de población que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno.

Entre los múltiples factores que desencadenan la pobreza energética juegan un papel destacado:

• La falta de recursos económicos de las familias para hacer frente a las facturas de suministros de energía y financiar rehabilitaciones integrales de sus viviendas, como consecuencia de la pérdida o precarización del empleo, o la falta de oportunidades laborales, problema más acuciante entre las mujeres.

• La baja eficiencia energética de las viviendas. España tiene más de 25,7 millones de viviendas, de las que el 53% se construyeron cuando no se aplicaba ninguna normativa de aislamiento térmico y eficiencia energética (INE 2011). Son precisamente estas viviendas las habitadas por personas con menos recursos para hacer frente a las facturas de energía.

• La falta de información y conocimiento de las familias para aplicar hábitos de consumo eficiente, optimizar sus contratos o aplicar medidas de microeficiencia energética o rehabilitación. Por ejemplo, el 54,7% de las personas encuestadas por Cruz Roja en 2019 no conocían el bono social, y el 90,4% la tarifa regulada PVPC.

Es necesario incrementar la información en materia de energía de los colectivos más vulnerables, y delos profesionales y voluntarios que los asisten para hacer frente a la pobreza energética.