Aportaciones a la consulta pública de la Estrategia nacional contra la pobreza energética
La evolución de los indicadores de pobreza energética o de la población en riesgo de pobreza o exclusión social ponen de manifiesto las desigualdades aún existentes, pese a la existencia de diversas estrategias y medidas puestas en marcha para reducirlas.
Los últimos datos disponibles acerca de la situación en materia de pobreza energética muestran que, en 2024, más de 8,5 millones de personas no pudieron mantener su vivienda a temperatura adecuada durante los meses de invierno (17,6%) y más de 5,8 millones sufrieron retrasos en el pago de facturas de suministros en el último año (12,0 %).
Vemos que los datos de vulnerabilidad socioeconómica en general, y los datos de pobreza energética en particular no han mejorado durante los últimos años, y creemos que parte de la responsabilidad de estos datos está en no haber permitido hacer llegar la rehabilitación de viviendas a la población en situación de vulnerabilidad y de pobreza energética. Como recoge la Estrategia contra la Pobreza Energética (ENPE) de 2019:
La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.
El marco normativo europeo recoge en distintas directivas, como la Directiva relativa a la eficiencia energética (EED en inglés) y la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD en inglés) la necesidad de atajar de forma desidia la pobreza energética en el conjunto de la Unión Europea, así como la vinculación del estado del parque residencial con la misma (art. 2.52, 3.5, 8.3 y 24 EED y art. 3, 9.4 y 17.18 EPBD).
Desde la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás, creemos que este marco reconoce la implicación que tiene el estado de la vivienda que una familia habita en su situación socioeconómica. Por ello, participamos en la consulta pública de la nueva ENPE con las siguientes aportaciones:
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