Tasa de retorno vinculada a un objetivo social o medioambiental

Hambre, pobreza, desempleo, problemas de salud, vivienda, acceso a servicios básico, medioambiente, cambio climático son algunos desafios globales que enfrentar los gobiernos alrededor del mundo.

La mayoria no logra resolverlos solo por una cuestión sencilla: el dinero público no alcanza para poder abordarlo todo. Lo mismo ocurre con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a trabajar en estas problematicas, que cuentan con dinero limitado a las donaciones o subvenciones para generar impacto.

La solución se encuentra en el mercado.

A principios de la segunda década del siglo XXI, surge una solución: atraer a los grandes capitales, movilizando sus inversiones para combatir las grandes problematicas globales de forma redituable, no solo desde lo moral o la filantropia sino también económicamente. Surgen los bonos sociales de impacto (BIS): son un mecanismo de financiación innovador entre la administración pública, el sector privado y la sociedad civil destinado a programas sociales que condiciona el pago al impacto que los programas logran. Es decir, se trata de una financiación basada en resultados.

Los BIS funcionan, al igual que otros títulos de deuda, ofreciendo una tasa de retorno. Pero esa ganancia está atada a un objetivo social o medioambiental.

Tienen la gran ventaja de incrementar los resultados de los programas sociales al incluir un proceso riguroso e independiente de medición de impacto.

¿Cuál es su ventaja competitiva?

La gran diferencia es que en los contratos tradicionales de programas sociales quien financia es una institución pública o una fundación internacional que pagará a los operadores del servicio sólo si alcanzan los resultados esperados.

Por ejemplo, una entidad pública que en lugar de pagar a una organización sin ánimo de lucro que trabaja en un proyecto de pobreza energética por el número de personas vulnerables que asistan y finalicen el programa lo hace de acuerdo a una medición rigurosa del impacto, que consistiría en la cantidad de personas vulnerables que al final mejoren sus situación actual que les permita acceder a servicios básicos.

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