Radiografía de las empresas españolas en materia de derechos humanos
Los derechos humanos son estándares básicos que garantizan la dignidad y la igualdad de todas las personas. El tejido empresarial, a través de sus operaciones, puede generar impactos tanto positivos como impactos negativos en relación a estos derechos. A pesar de contar con un número considerable de estándares internacionales que marcan la pauta para la gestión de los derechos humanos por parte de las empresas, como la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales o los Principios Rectores de Naciones Unidas, ninguna de estas normas es vinculante.
Bajo este contexto, y tras los análisis publicados en 2021 y 2022, presentamos la tercera edición del estudio “Derechos humanos en la cadena de valor de las empresas españolas”, en el que analizamos las políticas, sistemas de debida diligencia y mecanismos de reclamación de 44 compañías representativas del país, incluyendo todas las que cotizan en el IBEX35.
A la espera del desenlace sobre la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, el presente documento profundiza en el estado de la situación en España en lo que respecta al ámbito de derechos humanos. Al igual que en ediciones anteriores, se ha empleado la metodología “core” de Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) de la World Benchmarking Alliance, un estándar público e internacional sobre el comportamiento empresarial en derechos humanos, y con la que en ECODES trabajamos desde 2016.
El estudio muestra un resultado de 8,88 puntos de media sobre un total de 24 repartidos de la siguiente manera: 3,18 puntos sobre 6 en sus compromisos; 3,17 puntos sobre 12 en su debida diligencia, y 2,52 puntos sobre 6 en sus mecanismos de reclamación. Ello supone un suspenso en términos generales.
Fuente: elaboración propia
Al tratarse del segundo estudio realizado sobre la metodología reformulada, se ha podido observar un ciclo de evolución en un universo comparable de empresas. Este análisis ha mostrado que hay una ligera mejora en todos los indicadores, lo que se ha traducido en un incremento, para un número comparable de empresas, de 7,87 a 9,01 puntos de media.
Fuente: elaboración propia
La reciente publicación del propio índice CHRB, que ha completado todas las compañías entre 2022 y 2023, ha permitido, por primera vez, establecer una comparación con datos actualizados para el estado de la situación en España respecto al total de empresas analizadas por el índice, creando a su vez un subgrupo con las empresas europeas. Esta comparación, con todas las consideraciones que se describen en el estudio, muestra que las empresas españolas tienen un promedio de implementación de políticas y sistemas peores que las corporaciones europeas tomadas en su conjunto, pero por encima de la media del ranking a nivel global.
Fuente: elaboración propia con datos propios y de WBA
De las tres áreas evaluadas -políticas, debida diligencia y mecanismos de reclamación-, la primera es la única que aprueba, con algo más de 3 puntos sobre 6 posibles, siendo el compromiso de reparación la principal laguna.
La debida diligencia sigue obteniendo un suspenso a nivel global, con un descenso en las puntuaciones a medida que se profundiza en el proceso. Una de las principales características de los resultados obtenidos es la falta de evidencia pública de involucración de los grupos de interés afectados a lo largo del proceso.
Todas las compañías poseen mecanismos de reclamación para sus empleados, y al menos un 64% lo comunican y lo ponen disponible en los idiomas necesarios o los tienen abiertos a proveedores. Sin embargo, prácticamente no se informa acerca de cómo proporcionan remedio a las personas afectadas por sus obligaciones, o el enfoque que adoptarían para proporcionarlo.
En términos generales, cabe destacar que se observa una mejora en todos los indicadores respecto a 2022. Futuras ediciones de este análisis podrían considerar la inclusión de indicadores adicionales a fin de capturar más dimensiones de los esfuerzos de las empresas, mostrando que la debida diligencia es parte del esfuerzo por respetar los derechos humanos.
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