Estudio sobre empresa y derechos humanos en grandes compañías españolas
En febrero de 2022, la Comisión Europea presentó su propuesta de Directiva sobre diligencia debida en Sostenibilidad Corporativa para ser considerada por el Parlamento y Consejo Europeos. Esta propuesta puede suponer un paso significativo en la dirección correcta, aunque se considera que aún está lejos de ser el instrumento completo y efectivo que se espera de ella. No obstante, este próximo cambio obligará a no pocas empresas a hacer ajustes en sus sistemas de gestión de riesgos y en la manera en que se informa acerca de riesgos e impactos.
Hasta ahora, la normativa existente, incluyendo los estándares que suponen los Principios Rectores de Naciones Unidas y las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales no es vinculante para las empresas. En la actualidad, en el contexto español, disponemos del requisito de publicación anual de un Estado de Información no Financiera, en la que simplemente se especifica que las empresas sujetas deben indicar qué procedimientos de debida diligencia aplican.
Con este contexto en mente, en 2021 realizamos un análisis sistemático y riguroso de las políticas debida diligencia y mecanismos de reclamación en derechos humanos de las principales compañías que cotizan en la bolsa española, que además tienden a tener una importante presencia internacional, bien sea a través de sus propias operaciones o a lo largo de su cadena de valor, lo que hace que estén expuestas a contextos bien diferentes al existente en nuestro país.
En ese momento utilizamos la metodología “core” de Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) de la World Benchmarking Alliance, un estándar público e internacional sobre el comportamiento empresarial en derechos humanos. Aprovechando la actualización metodológica llevada a cabo por CHRB de cara a 2022, hemos realizado nuestra propia actualización del estudio, expandiendo además el número de empresas para incluir las nuevas incorporaciones al IBEX35, además de una serie de empresas que, pese a estar fuera del parqué o del índice principal, pertenecen a sectores cubiertos por CHRB.
Fuente: elaboración propia
En el apartado de compromisos, la mayoría de las empresas posee documentos específicos que incluyen una política de respeto por los derechos humanos, siendo la principal carencia mostrada la falta de un compromiso explícito con la reparación o remediación de impactos negativos. En cuanto a la responsabilidad para la implementación de estos compromisos, así como los sistemas de gestión y debida diligencia, se observa que no es habitual que las empresas informen específicamente como se articula la gestión de los derechos humanos.
Como norma general, la comunicación de la debida diligencia de forma relevante y detallada en la forma en que espera la metodología CHRB sigue siendo un punto flanco de los informes de las compañías españolas. Aunque se requiere informar sobre estos procesos, la información disponible suele ser bien escueta, o bien extensa pero no material para la clase de evidencia que se espera que las empresas comuniquen.
En relación al apartado de reclamación y reparación, las empresas han tendido a mostrar la existencia de canales de denuncia a disposición de empleados propios y de los proveedores, aunque no siempre han detallado si forman a los empleados en el acceso a estos canales, y si lo hacen en las lenguas adecuadas aquellas compañías con fuerte presencia internacional.
Los cambios metodológicos han supuesto, con carácter general, un endurecimiento de los requisitos, al ser los indicadores más específicos o detallados. Particularmente en la metodología “core”, el máximo de puntuación posible se ha visto reducido en dos puntos. Así, mientras que el año pasado la puntuación media fue de 8,9 puntos sobre 26, este año ha sido de 7,6 sobre 24, lo que supone una reducción de forma relativa de algo más de 2,5 puntos porcentuales. Se puede concluir que, si bien en aspectos básicos las compañías españolas cumplen, cuando se profundiza en los detalles requeridos por los indicadores de gestión, o bien no realizan o bien no comunican una correcta articulación de la misma, incluyendo un correcto contacto con grupos de interés afectados en las diferentes etapas de la debida diligencia y en el acceso a mecanismos de reclamación.
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