Publicado el Viernes, 20 Noviembre 2026
Reacción ante el Real Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros para desbloquear 9.100 millones de euros de los que estará dotado el Plan Social para el Clima de España

El Consejo de Ministros ha acordado hoy enviar a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados un Real Decreto-Ley que busca desbloquear 9.100 millones de euros de los que estará dotado el Plan Social para el Clima de España. Un 75% de esa cantidad, unos 6.800 M€, es dinero europeo que provendrá del Fondo Social para el Clima.

La Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás considera urgente acelerar el proceso para garantizar el acceso de España a los cerca de 9.100 millones de euros movilizados entre 2026 y 2032 a través del Fondo Social para el Clima. La organización advierte de que los plazos de ejecución son ajustados y exige que los recursos se destinen, como así lo marca la ley, a proteger a las rentas bajas de la subida de carburantes mediante la ampliación del abono único social de transporte, la rehabilitación energética integral de viviendas vulnerables y la articulación de un dividendo climático redistributivo.

En concreto, el Real Decreto-Ley transpone directamente (es decir, sin cambios) la Directiva (UE) 2023/958 y la Directiva (UE) 2023/959, aprobadas en mayo de 2023, y cuyo objetivo es reforzar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE; ETS, por sus siglas en inglés). El plazo de incorporación de estas leyes en nuestro ordenamiento jurídico terminó el 31 de diciembre de 2023. Ante ese retraso, el 4 de junio de 2026 la Comisión Europea anunció su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este tema.

Hasta que no se produzca esa transposición, la Comisión Europea no podrá aprobar el Plan Social para el Clima (PSpC) cuyo borrador fue presentado por el Gobierno en mayo y, en consecuencia, tampoco podrá empezar a fluir el dinero europeo del Fondo Social para el Clima que correspondería a España. Así lo señaló Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima del Ejecutivo comunitario, en una jornada en el Congreso de los Diputados celebrada el pasado mes de marzo.

La aprobación hoy en el Consejo de Ministros da respuesta a la reivindicación de más de 50 organizaciones agrupadas en la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás y en la Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte.

¿Por qué es clave este fondo para la vivienda y el transporte?

A partir de 2028, el uso de combustibles fósiles en la calefacción y el transporte por carretera estará sujeto al pago por emisiones de CO2 en toda Europa. Para evitar que este sobrecoste golpee a las rentas más bajas, la UE ha creado el Fondo Social para el Clima que contará con 65.000 millones de euros. A España le corresponden más de 9.000 millones de euros (75% de fondos europeos más un 25% de aportación estatal).

Las inversiones del Fondo Social para el Clima deben permitir a los ciudadanos vulnerables renovar sus viviendas, adoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a energías renovables y medios de transporte sostenibles. Esto reducirá su dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo, mientras que las ayudas directas a la renta mitigarán los posibles efectos negativos a corto plazo.

El citado fondo puede financiar:

  • La rehabilitación de viviendas vulnerables y mejorar el confort térmico frente a olas de frío y calor, tratando la rehabilitación como una política social.
  • Reducción de la factura de la luz y combatir la pobreza energética sustituyendo calderas fósiles por tecnologías limpias.
  • Medidas de movilidad y transporte cero emisiones, en entornos urbanos y rurales, que contribuyan a la descarbonización del transporte por carretera mediante la electrificación.
  • Facilitar el acceso a un transporte público, colectivo, eficiente, asequible y de calidad a quienes más lo necesitan.

Mario Rodríguez, portavoz de la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás:

“La aprobación de este Real Decreto por parte del Consejo de Ministros, y la posterior ratificación por parte de la Diputación Permanente, es un paso muy importante no solo para el acceso a una vivienda digna, sino también para asegurar unas condiciones mínimas de habitabilidad, confort y salud de las personas que viven en ellas, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad.

La asignación de estos 9.100 millones para la rehabilitación de viviendas conlleva beneficios directos para las personas, pues va a facilitar una reducción importante de las facturas de la luz y el gas, al tiempo que va a permitir avanzar en la adaptación del parque residencial a los impactos cada vez más drásticos del cambio climático. Es sin duda una herramienta fundamental, si bien insuficiente. La recaudación de las subastas debe retornar íntegramente a los hogares más vulnerables garantizando el transporte público, la eficiencia en la vivienda y una transición ecológica justa”.

Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte:

“La aprobación de este Real Decreto-Ley en la Diputación Permanente del Congreso es un paso absolutamente necesario para que la Comisión Europea pueda habilitar la llegada de los 6.800 M€ de fondos europeos que corresponden a España para poner en marcha las medidas del futuro Plan Social para el Clima.  Es una cantidad muy importante de dinero que servirá para ayudar a los usuarios más vulnerables. Por ello, pedimos a los grupos parlamentarios que faciliten la aprobación mayoritaria de este Real Decreto-Ley.

En 2023, los eurodiputados españoles del PP, PSOE, PNV, EH-Bildu y Junts apoyaron la aprobación de estas directivas en la votación correspondiente del Parlamento Europeo. Les pedimos ahora coherencia con respecto a lo que votaron allí”.

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