El 14 de julio de 2021 desde la Comisión Europea se presentó el paquete «Objetivo 55», con la intención de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa en un 55% para 2030 con respecto a las emisiones de 1990. A su vez, el 18 mayo de 2022, como respuesta a las dificultades y la perturbación del mercado energético causadas por la guerra de Ucrania se presentó la Estrategia RePowerEU, con la intención de aumentar la ambición del paquete «Objetivo 55». Como parte de este paquete, se comenzó en diciembre de 2021 la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética en edificios (EPBD en inglés).

La aprobación en el Parlamento Europeo del acuerdo político de 7 de diciembre de 2023 para la EPBD es un importante paso adelante en términos de mejora de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad en Europa y en el Estado español, así como en términos de consecución de los diversos objetivos climáticos europeos y nacionales. 

Somos conscientes de que el acuerdo de diciembre de 2023 es menos ambicioso en cuanto a objetivos y plazos de rehabilitación que la propuesta original de la Comisión Europea, por no hablar de la versión votada por el Parlamento Europeo el 14 de marzo de 2023, dando a los Estados miembros más flexibilidad sobre cómo implementar la Directiva a nivel nacional, especialmente en edificios residenciales. A pesar de ello, creemos que hay distintos aspectos de la EPBD a destacar:

1. Introduce salvaguardias sociales para proteger a los hogares vulnerables mediante ayudas al alquiler o la imposición de topes a los aumentos de los alquileres, lo que podría ayudar a abordar el problema de los dilema propietario-inquilino. También introduce programas para hacer frente a los costes iniciales de las rehabilitaciones, lo que debería ayudar a aliviar la carga de los costes de rehabilitación sobre los hombros de los hogares vulnerables (artículo 15, apartado 13).
2. Establece que los Estados miembros abordarán el desahucio de los hogares vulnerables causado por aumentos desproporcionados del alquiler tras la rehabilitación energética de su vivienda (artículo 15, apartado 11 bis), resolviendo posibles problemas de desahucio relacionados con la rehabilitación de las viviendas alquiladas.
3. Reconoce las dificultades a las que se enfrentan las personas en situación de pobreza energética y los hogares vulnerables a la hora de rehabilitar sus viviendas, incluyendo como objetivo la reducción de la población en situación de pobreza energética dentro de los "planes nacionales de rehabilitación de edificios" (artículo 3, apartado 1, letra b)) y estableciendo medidas financieras (artículo 15, apartado 12) y de acompañamiento (artículo 15 bis, apartado 2, letra b)) que den prioridad a los hogares en situación de vulnerabilidad;
4. Fomenta la rehabilitación del parque de viviendas menos eficientes, donde suelen vivir las personas vulnerables, dando prioridad a la reducción del consumo de energía en estos edificios mediante las normas mínimas de eficiencia energética (artículo 9, apartado 2)
5. Establece una hoja de ruta hacia la descarbonización de los sistemas de calefacción y refrigeración de los edificios, eliminando las subvenciones a las calderas de combustibles fósiles para 2025 (artículo 15, apartado 10) y exigiendo políticas que conduzcan a la eliminación completa de los combustibles fósiles en la calefacción y la refrigeración para 2040.

A su vez, creemos que el desarrollo propuesto de «planes nacionales de rehabilitación de edificios», la introducción de «pasaportes de rehabilitación de edificios» y el establecimiento de «oficinas de apoyo a la rehabilitación» son medidas que indican un enfoque correcto y una dirección clara para la rehabilitación del parque inmobiliario europeo.

Según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, desde 1990, la tendencia respecto a las emisiones de CO2 de los edificios en el Estado español ha ido en aumento, en particular cuando nos referimos a las emisiones vinculadas a los edificios comerciales e institucionales, habiéndose estancado la reducción de las emisiones que se dio tras la importante bajada producida durante la crisis financiera de 2008, patente en particular en torno a 2012.

El indicador de pobreza energética más vinculado a la eficiencia de la vivienda o a la falta de ella -el que mide el porcentaje de hogares que no pudieron mantener sus viviendas a una temperatura adecuada- ha aumentado desde 2004, cuando comenzó a medirse este indicador. Especialmente relevante es el incremento de este indicador entre 2019 y 2022, habiendo aumentado un 125% en ese periodo. Dejar atrás a los hogares vulnerables en la Ola Renovadora les dejará desamparados ante el aumento de los costes energéticos y encadenados a sistemas de calefacción obsoletos y contaminantes. 

La realidad es tozuda, y es cada vez más evidente la necesidad de rehabilitar en profundidad nuestro parque residencial. Pese a los esfuerzos realizados por distintos agentes públicos, privados y de la sociedad civil, la ratio de rehabilitación residencial sigue estancada por debajo del 0,2% anual, cuando el objetivo debería ser un 3% si queremos llegar a 2050 con un parque residencial en condiciones. Es necesario aprovechar el impulso de esta nueva directiva para lanzar, de una vez por todas, una Ola de Rehabilitaciones que no deje a nadie atrás.