Es la hora de poner en marcha las ayudas a la rehabilitación, poniendo especial atención en aquellas personas en situación de vulnerabilidad

Los últimos datos de los indicadores de pobreza energética publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no dejan lugar a dudas: es urgente aplicar las medidas estructurales para combatir esta situación. La Semana Internacional de Acción contra la Pobreza Energética debe servir como llamada de atención para resolver la grave situación de los hogares que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, los cuales han aumentado en más de un 40% entre 2019 y 2020.

Han pasado cuatro meses desde la publicación de la normativa que regulaba los planes de rehabilitación autonómicos dependientes de los fondos Next Generation. Por ahora, muy pocos de ellos han sido publicados, y aquellos que lo han hecho carecen de apartados clave, como la caracterización de la población en situación de vulnerabilidad que puede optar a ayudas adicionales que cubran la totalidad de los costes de las obras.

Las administraciones aún están a tiempo de introducir mejoras clave, dentro de los programas de rehabilitación o de otros instrumentos normativos como la Ley por el Derechos a la Vivienda.

Para asegurar que los hogares que más lo necesitan tienen acceso a las ayudas económicas, al menos un 20% de los fondos disponibles deberían dedicarse exclusivamente para mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de vulnerabilidad. Aún con todo, sacar las ayudas y esperar que los hogares se lancen a solicitarlas no es suficiente. Muchas de las entidades que conformamos la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás trabajamos asesorando a población en situación de vulnerabilidad, y vemos cada día como al menos la mitad de la población que podría solicitar el bono social eléctrico y térmico no dispone de él, bien por falta de tiempo, información o por la complejidad del proceso de solicitud. Hacen falta oficinas de barrio en las que entidades y actores conocedores de la realidad de los hogares en situación de vulnerabilidad les puedan acompañar, aconsejar y ayudar a tramitar estas ayudas para rehabilitar sus viviendas.

A la hora de establecer los requisitos para tener acceso a las ayudas adicionales, hace falta que se tenga en cuenta el tamaño del hogar mediante sistemas como el de las unidades de consumo y los ingresos de esos hogares, no de una forma uniforme para la totalidad del estado español, sino teniendo en cuenta las diferencias en rentas, costes de vida de los distintos territorios y condiciones climáticas. Sin embargo, las condiciones económicas de los hogares no son factores suficientes. La Estrategia nacional contra la pobreza energética define la misma como:

“la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.

Pese a esta definición, pocas ayudas dirigidas a la población en situación de pobreza energética presta atención a la vivienda que ésta habita. Aspectos como el año de construcción del edificio o los indicadores de vulnerabilidad residencial del Atlas de Vulnerabilidad Urbana deben ser tenidos en cuenta, permitiéndonos priorizar las viviendas en edificios construidos entre 1940 y 1980, cuyas condiciones técnicas en cuanto a aislamiento han demostrado ser peores, y aquellas zonas en las que más viviendas se encuentran en edificios en mal estado. En particular, estos parámetros deberían valorarse a la hora de delimitar las zonas a intervenir dentro de los distintos programas de rehabilitación de barrios.

Como hemos visto en la última actualización de los indicadores de pobreza energética, las situaciones de pobreza energética se dan en mayor medida en la población que se encuentra en régimen de alquiler, alquiler reducido y cesión. Por ello, es necesario introducir salvaguardas sociales que limiten los precios de los alquileres de las viviendas rehabilitadas con fondos públicos, de lo contrario, las ayudas públicas estarán sirviendo para poner en marcha procesos de gentrificación.

Más allá de la propia rehabilitación de las viviendas, estos programas pueden servir para construir plataformas mucho más amplias, que planteen estructuras de gobernanza que permitan una mejora comunitaria integral, más allá de la mejora energética, dando lugar a auténticos procesos completos de regeneración urbana.

Aún estamos a tiempo de introducir todas estas mejoras y muchas otras, pero la ventana de oportunidad va cerrándose.

Salvaguardas sociales para unos planes de rehabilitación justos

Indicadores para medir la vulnerabilidad socioeconomica y energética

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