Reaccionamos a la publicación del Real Decreto que regula los programas de ayudas a la rehabilitación del Plan de Recuperación

El 5 de octubre se publicó un documento esencial para la futura y esperada ola de rehabilitaciones: el Real Decreto 853/2021, que establecen el marco para los programas de ayudas a la rehabilitación del Plan de Recuperación.

El 18 de junio ya se había publicado el borrador del primero de estos dos documentos, abriendo un plazo de tres semanas para aportar sugerencias de mejora. Desde la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadei atrás participamos en este proceso, aportando soluciones para que la población en situación de vulnerabilidad no quedara fuera de la ola de rehabilitaciones. Es cierto que el documento original ya contenía muchos avances respecto a la mayoría de los programas de ayudas a la rehabilitación existentes hasta ahora, principalmente en cuanto a la escala y profundidad de las rehabilitaciones propuestas, y algunas de ellas en torno a favorecer el acceso de hogares en situación de vulnerabilidad a estas ayudas, pero aún quedaba mucho por hacer. Sin embargo, pese a la acuciante necesidad de favorecer la rehabilitación de las viviendas de la población en situación de vulnerabilidad, nuestras consideraciones no han sido incluidas en el documento definitivo.

Con el marco normativo actual, las comunidades autónomas podrán elegir si ofrecen ayudas que cubran el 100% de las obras y proyectos de rehabilitación para la población en situación de vulnerabilidad, o si deciden no hacerlo. Estas ayudas adicionales solo están presentes en los programas de ayudas a la rehabilitación de barrios y de edificios, y solo pueden acceder a ellas las personas propietarios de las viviendas, no las personas inquilinas. Además, estas ayudas en ningún caso cubren ciertas tasas e impuestos que en muchos casos pueden suponer un obstáculo suficiente como para que hogares en situación de vulnerabilidad no puedan acceder a las ayudas.

Desde la Alianza defendemos que al menos un 20% de las rehabilitaciones de viviendas se den en viviendas de población en situación de vulnerabilidad, pero el Plan de Recuperación no dedica un porcentaje concreto de los fondos a este fin, lo que permite que los fondos, de nuevo, pasen por delante de la población en situación de vulnerabilidad sin mejorar sus condiciones de vida. Existen aproximadamente millón y medio de viviendas con un alto grado de deterioro en el estado español, adecuando unas 250.000 viviendas al año (dentro de los objetivos nacionales y europeos) este problema podría erradicarse en 6 años.

En el caso del programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas a nivel individual, no se plantean ayudas adicionales para los hogares en situación de vulnerabilidad, dificultando su acceso a la rehabilitación de su vivienda e imposibilitándolo en el caso de no existir un apoyo mayoritario en sus comunidades de vecinos.

Por último, y quizás lo más importante, con la normativa actual, una persona propietaria podría rehabilitar una de sus viviendas con hasta el 80% de los costes cubiertos con dinero público, y luego subir el precio del alquiler de la persona inquilina que vive en esa casa en base a las mejoras realizadas, fomentando procesos de desahucio por rehabilitación con dinero público.

Se está desaprovechando una oportunidad única en la que revertir parcialmente las injusticias que se dan en el acceso a una vivienda digna. Esperemos que los gobiernos autonómicos, responsables de desarrollar los distintos programas de ayuda a la rehabilitación, sean capaces de articular propuestas ambiciosas, que no dejen a nadie atrás y mejoren lo planteado en el Real Decreto.

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