La actual crisis energética nos ha hecho ser más conscientes que nunca de nuestras necesidades energéticas y ha obligado a gobiernos de todos los niveles a poner en marcha medidas urgentes para prevenir los impactos que ya estamos sufriendo, en particular la población en situación de vulnerabilidad. En 2020, tras el impacto producido por la pandemia del COVID-19, los indicadores de pobreza energética en España aumentaron un 22% y los datos disponibles para 2021 que incorporan el impacto de aumento de precios de la energía muestran que el número de personas que no podían mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó más de un 30%.

No debemos, sin embargo, dejar que las medidas de emergencia necesarias nos impidan poner en marcha mejoras estructurales que permiten resolver el problema en el largo plazo, como suele ocurrir. En el estado español, en concreto, llevamos tiempo retrasando la rehabilitación de nuestras viviendas, con uno de los parques edificados más obsoletos, en el que el 32% de los edificios existentes se encuentran en las dos peores calificaciones en consumo según su certificación energética. Además, el estado ineficiente de las viviendas, junto con los precios de la energía, es una de las principales causas de la pobreza energética, y son precisamente estos edificios obsoletos los habitados por las personas en esta situación.

Como llevamos defendiendo desde su publicación, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia supone una gran oportunidad para no solo rehabilitar nuestras viviendas, sino cambiar el sector de la edificación, hacer frente a la pobreza energética y compensar desequilibrios sociales existentes. En este marco, somos conscientes de que los programas de ayudas a la rehabilitación no son la única herramienta de que disponemos para poner en marcha estos cambios, pero sí son una pieza importante del engranaje, sobre todo para quienes no podrían ni soñar en rehabilitar su vivienda sin ellas.

Tras poco más de un año desde la publicación del marco normativo que regula los programas de ayuda en los ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desde ECODES se ha analizado junto a Political Watch cómo se han diseñado y presentado los distintos programas de rehabilitación de las comunidades autónomas, poniendo en foco en que es necesario que la rehabilitación de viviendas no deje a nadie atrás. Fruto de este trabajo, se presentó el informe Análisis comparativo de las convocatorias autonómicas de ayudas a la rehabilitación residencial del Plan de Recuperación en cuanto atención a la vulnerabilidad.

Algunas de las conclusiones iniciales que alcanzadas, tras revisar las convocatorias publicadas hasta el 31 de agosto de 2022 son:

• Solo Cataluña ha reservado una partida específica para las ayudas adicionales a la población en situación de vulnerabilidad. 
• Solo la Comunidad Valenciana ha introducido iniciativas innovadoras para fomentar la rehabilitación de viviendas de población en situación de vulnerabilidad.
• De media, las comunidades autónomas ofrecen anticipos por el 36,4% de las ayudas a la rehabilitación.
• Solo Aragón ofrece anticipos que cubran la totalidad de las ayudas a la rehabilitación concedidas.
• El 81% de los entornos residenciales de rehabilitación programada analizados coinciden con zonas con cierto grado de vulnerabilidad socioeconómica.
• Se han movilizado un 37% de los fondos disponibles por las comunidades autónomas en ayudas hasta el 31 de agosto en comparación con el total de los fondos transferidos.

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